Por Carina Bazzoni
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana, advirtió sobre las graves consecuencias que tiene la bajante del Paraná y consideró que la decisión del gobierno nacional de declarar la emergencia hídrica "tiene una mirada integral" y permite "contrarrestar los efectos del fenómeno natural y acompañar a los sectores damnificados".
La funcionaria recordó también que el gobierno de la Nación ya había anunciado la creación de un fondo de emergencia hídrica de mil millones de pesos para asistir a provincias y localidades afectadas por la bajante histórica del río y que el gobierno provincial ya había invertido unos 500 millones de pesos para mejorar la infraestructura para la potabilización de agua.
"Creo el decreto nacional está pensando en todas las consecuencias adicionales que tiene la bajante hídrica", consideró Frana y puntualizó, sobre todo, las dificultades relacionadas con el sector productivo, el transporte y la necesidad de realizar obras de refuerzo en las zonas costeras para evitar derrumbes como el que este viernes se produjo en el sector norte del complejo Parque España.
La ministra provincial sostuvo que el Paraná enfrenta la peor bajante de los últimos 77 años y que la declaración emergencia hídrica "tiene una mirada integral que da pie a que los distintos ministerios generen medidas para contrarrestar sus consecuencias y acompañar a los sectores damnificados".
En este sentido, adelantó que la provincia viene desarrollando un relevamiento en distintos sectores de la costa del Paraná para determinar el estado de las barrancas. El desmoronamiento de un sector del auditorio del Parque España, dijo, "puede suceder en cualquier lugar, ese será un problema a resolver".
La declaración de emergencia hídrica en la cuenca del Paraná se publicó este lunes en el Boletín Oficial. La medida considera que la bajante actual es la más importante de los últimos 77 años y relaciona el fenómeno con el déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná, del río Paraguay y del río Iguazú.
Al mismo tiempo advierte sobre las consecuencias de esta bajante extraordinaria, sobre todo, la afectación al abastecimiento del agua potable, la navegación y las operaciones de puerto, la generación de energía hidroeléctrica y las actividades económicas vinculadas a la explotación de esa cuenca hídrica.
Por eso, "la extraordinaria magnitud de los acontecimientos -señala el decreto- requiere que todas las áreas del gobierno nacional aúnen esfuerzos para mitigar este fenómeno hidrológico en las zonas alcanzadas por la afectación".
El decreto publicado este lunes en el boletín oficial declara el “Estado de Emergencia Hídrica” en aquellos sectores del territorio abarcado por la región de la Cuenca del río Paraná, que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.
La medida se extenderá por el plazo de 180 días corridos, es decir hasta fin de enero del año próximo ya que los pronósticos del Instituto Nacional del Agua advierten que la bajante se prolongará hasta el comienzo del verano.
Durante este lapso, los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo tendrán que adoptar las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados.
Para esto faculta también al Banco de la Nación Argentina y a la Administración Federal de Ingresos Públicos a establecer mecanismos para preservar la continuidad de las actividades castigadas por el fenómeno hídrico.
La medida instruye al Ministerio de Obras Públicas para que "arbitre los medios" para que se realicen las obras de infraestructura necesarias para mitigar los efectos de la bajante.
También instruye al Instituto Nacional del agua a brindar asesoramiento y prestar colaboración en el ámbito de su competencia, a los servicios técnicos necesarios para llevar adelante las medidas necesarias para paliar los efectos del retiro de las aguas.
Y al Ministerio de Seguridad, a través de la subsecretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil, a dar adecuada respuesta a las demandas específicas vinculadas a la emergencia y asistir a la población afectada por la bajante.
Por su parte, el Ministerio de Transporte deberá arbitrar los medios necesarios para posibilitar la navegación y los accesos a los puertos mientras dure la emergencia; el Ministerio de Ambiente deberá reforzar su presencia para controlar los incendios y en las zonas de islas y márgenes del río y a la Secretaría de Energía le compete la responsabilidad de asegurar el normal abastecimiento de la demanda de energía eléctrica.
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