La Fiscalía imputó ayer los delitos de lavado de activos y asociación ilícita a siete de los diez detenidos en el marco de la causa que investiga defraudaciones millonarias con la compra y venta de inmuebles y terrenos. Sobre los tres restantes recayó, en lugar de lavado, la figura de falsificación ideológica de documento público y uso de ese documento materialmente falso. Además, ayer se presentó espontáneamente el empresario que no se encontraba en el país, quien quedó detenido e irá a la audiencia imputativa el lunes.
La causa dio así otro paso fundamental con la audiencia imputativa para el resto de los detenidos. En el marco de una extensa jornada, los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Económicos y Complejos que llevaron adelante la investigación fundamentaron sus imputaciones.
A lo largo de más de cinco horas detallaron que estas personas supuestamente integraban una red que tenía como objetivo lavar dinero proveniente de compras fraudulentas de propiedades. Dentro de esa red había niveles bien definidos y roles precisos de cada uno de sus integrantes, dijeron.
Así, se detalló que en un primer nivel estaban los "estafadores", personas que tenían a su cargo detectar inmuebles o terrenos sobre los que no se percibía actividad. "Rastreaban si llevaban mucho tiempo cerradas y hasta chequeaban si se realizaban los pagos de impuestos. Una vez que se cercioraban de que nadie mostraba interés por ese inmueble, le daban el alerta a un nexo que los conectaba con el segundo nivel", se explicó en la audiencia.
En ese escalón actuaban los escribanos, quienes según los fiscales conformaban poderes mediante los cuales estas personas fraguaban las ventas de esas propiedades y pasaban a ser sus propietarios.
"La maniobra estaba tan bien orquestada, que esa propiedad pasaba por dos o tres «propietarios» distintos hasta llegar al eslabón más grande de la cadena: los lavadores", detallaron los fiscales.
Ese paso de mano en mano no era caprichoso. "La ley contempla atenuaciones para el último comprador, que puede esgrimir así que desconocía el origen de la propiedad y compró de buena fe", reveló la fiscalía.
En este tercer nivel se ubican empresarios que accedían a esas propiedades y las vendían, lucrando con el producido y lavando los activos.
Al primer nivel de la red le imputaron el delito de falsificación ideológica de documentos y asociación ilícita. Al resto, lavado de activos y asociación ilícita.
Todos quedaron detenidos en dependencias policiales a excepción de una mujer, a quien se le dictó prisión preventiva domiciliaria. Esto se acordó entre defensa y Fiscalía dado que la misma tiene un nene de 5 años a su cargo. El resto de las medidas cautelares de los demás imputados se tratarán el martes.
Los nombres de algunos defensores detonaron polémica en el Frente Progresista
El hecho de que ex funcionarios del gobierno socialista, como los ex ministros de Justicia Juan Lewis y Héctor Superti, se hicieran cargo de la defensa de algunos detenidos en el marco de esta causa, generó ayer una ardua polémica.
Así, el gobernador Miguel Lifschitz remarcó que "ninguno es funcionario del gobierno", pero puso de relieve que "la decisión que tomaron los ex ministros de asumir la defensa de personas imputadas por la Justicia en casos de lavado y defraudación puede entenderse en el ámbito de la actividad profesional, pero no desde la ética política, donde hay que ser claros y estar de un lado o del otro en la lucha contra el narcotráfico, la violencia y contra la
corrupción en todas formas y niveles".
Lewis, en tanto, hizo pública su decisión de defender a algunos de los imputados esgrimiendo sus razones en su perfil de Facebook. Allí, detalló que "asumir la defensa de dos ex compañeros de la facultad (dos escribanos), que están muy lejos de ser millonarios, y mucho mas lejos de ser delincuentes de cuello blanco como dicen, no es ni más ni menos que aquello a lo que se dedican los abogados penalistas: defender gente acusada de cometer delitos. Por lo demás, ni siquiera están involucrados en el larguísimo conjunto de maniobras y estafas con inmuebles que investigó el fiscal, sino en relación a un solo inmueble en transferencias posteriores que sólo por interpretación del fiscal terminan en un juicio penal. No creo que haya que plegarse a comentarios desinformados para linchar a estos dos profesionales porque si no, además de tenerle miedo a los delincuentes, terminaremos teniéndole miedo al Estado".
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia,
Maximiliano Pullaro, consideró que los ex ministros tomaron "acciones equivocadas" y marcó una diferencia entre la "ética profesional y la política. La decisión que tomaron los ex ministros de asumir la defensa de personas imputadas por la Justicia en casos de lavado y defraudación puede entenderse en el ámbito de la actividad profesional, pero no desde la ética política, donde hay que ser claros y estar de un lado o del otro en la lucha contra el narcotráfico, la violencia y contra la corrupción en todas formas y niveles", señaló.
El secretario General de la Municipalidad, Pablo Javkin, también marcó su posición crítica. "Cuando se busca una reforma del sistema penal y se presenta una causa donde aparecen por primera vez en esa magnitud, delitos de tipo económico, que es una de las grandes fallas de los sistemas judiciales de la Argentina, uno espera que el deber de Justicia se cumpla y que también haya sanción, y desde ese punto de vista me parece que es una actitud incorrecta (el asumir la defensa que llevaron adelante los dos ex ministros)".
Si bien admitió que como abogado él mismo podría ejercer libremente la profesión, recalcó que "cuando se asume un cargo público, la función no sólo obliga al cumplimiento de los reglamentos o de las leyes, sino también hay obligaciones éticas y de cara a sociedad".
