Fiscalía ratifica que la tasa de homicidios en Rosario cayó un 25% en el año

Los datos oficiales difundidos por Baclini marcan una caída del 25 por ciento de la cantidad de homicidios en la ciudad y su área metropolitana en lo que va del año comparado con idéntico período del año pasado.

De esta forma, el jefe de los fiscales de Santa Fe ratificó los indicadores adelantados por el Ministerio de Seguridad de la provincia y otros funcionarios del Ejecutivo provincial.

En diálogo con La Ocho, Baclini sostuvo: "Los homicidios han mermado. En Rosario hubo 181 casos en 2016, y este año hemos tenido 118 casos hasta la fecha". Hasta octubre de 2016 la cifra acumulada era de 159 casos.

Según Fiscalía, de los homicidios cometidos el año pasado en todo el departamento, 158 ocurrieron dentro de los límites del municipio y el resto en otras localidades del Gran Rosario.

Pese a la caída de los homicidios, el titular de la Fiscalía General provincial alertó que "Rosario sigue teniendo una tasa alta de homicidios; aunque ha mermado sigue por arriba de la media nacional".

En ese sentido precisó que la tasa de homicidio de Rosario está en 10 cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional se ubica en 7. Pero en la región la tasa había llegado a 14,5 asesinatos cada 100 mil habitantes hace unos años.

Baclini recordó que los fiscales "actúan una vez que se han cometido los delitos. Para potenciar estos indicadores son tan importantes las políticas preventivas en materia de seguridad pública como la persecución del delito y su esclarecimiento".

Al respecto, resaltó que desde el MPA buscan analizar permanentemente la legislación vigente y elevan sugerencias a la Legislatura para mejorar la investigación de los delitos.

Chips de celulares regulados

Por caso, días atrás el propio Baclini presentó en las cámaras legislativas un proyecto para regular la venta de chips de telefonía celular, que con frecuencia son usados para cometer delitos.

El funcionario explicó que desde el MPA "se pidió que se regule la venta de las tarjetas SIM ya que está constatado que muchos delitos se perpetran a través del uso de esta tarjeta en teléfonos celulares".

"Nos parece prudente —declaró— tener la identificación de quien es el que adquiere estas tarjetas. Por eso se pretende la regulación de los comercios que, cuando venden una tarjeta quede asentado a quién se la venden".

Según Baclini, "esos datos facilitarían mucho algunas investigaciones, especialmente en los llamados secuestros virtuales y también en los últimos casos de intimidación pública, como los llamados a las escuelas con amenazas de bomba y también las entraderas".

A criterio del jefe de los fiscales, "el avance de las investigaciones de parte del MPA contra los autores de las llamadas intimidatorias contra las escuelas generó un efecto positivo y hubo un fuerte descenso en las amenazas".

Consultado sobre las medidas que se fueron adoptando, entre ellas algunas restricciones a la libertad, criticada con énfasis por el Servicio Público de la Defensa; Baclini sostuvo: "Las medidas se fueron adoptando a partir de la identificación de los propietarios de las líneas telefónicas desde donde se hicieron las amenazas".

"Luego —siguió— avanzó la investigación y los jueces que fueron interviniendo fueron resolviendo la situación de los imputados". A la fecha, tras más de 300 denuncias recibidas hay un sólo imputado detenido por este delito.