El gobierno de Javier Milei anunció este martes una serie de reformas que habilitarán a las universidades públicas de todo el país a cobrar aranceles a los extranjeros que quieran estudiar en dichas instituciones y no sean residentes permanentes. Esta medida, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), afectaría a menos del 1 por ciento del estudiantado. Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, se trata de una iniciativa "más política desde una mirada ideológica que económica, ya que resulta insustancial para resolver el financiamiento educativo".
“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó en su tradicional rueda de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, al adelantar que esta resolución implicará modificaciones en el régimen migratorio argentino. "El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar", señaló.
En la UNR hay 90.056 estudiantes de grado. De ese número, menos del 1% son extranjeros sin residencia permanente. Esto quiere decir que la medida impulsada por el gobierno, de aplicarse, alcanzaría a menos de 900 alumnos de grado. En rigor, la incidencia de estudiantes extranjeros sobre el total de los alumnos de la UNR es del 5%, y dentro de ese porcentaje la cantidad de estudiantes extranjeros que no tienen residencia permanente representa el 1%, y muchos son estudiantes de posgrado que pagan por sus carreras.
Debate serio y riguroso
El rector prosiguió en su análisis. "Así como está planteado es impreciso, y no es la primera vez en el año que se da a conocer una medida de esta naturaleza. Esto no tiene que ver con una política universitaria, sino con una modificación de las políticas migratorias, lo que requerirá revisar la legislación vigente. En la UNR hacemos lo que establece la ley que asiste a los extranjeros con el mismo derecho que los nacionales. La ley de educación superior establece que las instituciones educativas del tercer nivel no pueden cobrar ningún tipo de tasa o arancel y a su vez se deberían revisar los acuerdos como el del Mercosur que garantiza para sus miembros un estatus distinto al resto de los extranjeros. Además faltan precisiones de cómo está planteado y claramente no resuelve el cobro de un arancel, no resuelve el problema del financiamiento universitario", ahondó el rector Bartolacci.
Luego, el titular de la UNR puso la lupa sobre los anuncios. "Hasta ahora dice que se invita a las facultades, y no que se les impone algo. Es un más tema político ideológico que una solución financiera para sostener las universidades. Es insustancial en términos del financiamiento universitario. Queremos ser rigurosos y serios ante la población, pero remarcamos que tenemos la disposición de discutir todo en forma clara y con datos sobre la mesa. La UNR está siempre dispuesta a debatir con rigurosidad y no al revoleo", ahondó.
Otras medidas
El gobierno nacional aseguró también que dispondrá del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.
“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, no solo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país”, expresó.
Tanto en la provincia como en la ciudad no existen sanatorios u hospitales que sean nacionales, por lo que en caso de prosperar la iniciativa oficial cada jurisdicción debería adherir explícitamente al cobro de aranceles. Algo que algunas voces consultadas extraoficialmente descartaron de plano. "Esto ya se debatió en otro momento cuando el Heca recibía politraumatizados de un accidente fuera de la ciudad, o con pacientes que no eran rosarinos y nunca se avanzó hacia esta línea", recordaron.
Por otro lado, Adorni anunció que se incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso de extranjeros o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.
“Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, prometió, y agregó: “ Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio”.
Adorni prometió también que se incorporará una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país. “En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande a una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos”, aseveró.
"La doctrina garantista ha hecho desastres y los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, concluyó.
Otras voces
El decano de la Facultad de Derecho, Hernán Botta, también opinó en relación a los anuncios. "La Constitución Nacional establece un límite ya desde su preámbulo. Se invita a hombre y mujeres del mundo que quieran habitar suelo argentino. Garantiza la igualdad ante la ley, de modo que generaría discriminación", planteó para advertir: "Esto no impide analizar que con otros países latinoamericanos no hay reciprocidad, pero el debate es impulsado por un clima de época. En Rosario los extranjeros nos enriquecen desde todo punto de vista. Sí se podría debatir sin llegar al arancel que un extranjero permanezca determinada cantidad de tiempo en la Argentina y que al obtener un título universitario esté obligado a cumplir una tarea específica. Pero no es sano el reduccionismo arancelar sí o no", subrayó.
El constitucionalista y profesor de Derecho de la UNR, Oscar Blando recordó que "el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional habla de la equidad y la gratuidad de la educación pública así como la autonomía y la autarquía de las universidades. También la ley de educación superior no permite el arancelamiento universitario".
