El Laboratorio Apolo estaba clausurado cuando estalló la caldera

Las nuevas imputaciones recayeron sobre personas que ocuparon cargos jerárquicos en la firma actualmente en quiebra. Se trata del gerente Marcelo Damián F., el dueño y encargado Damián Roberto G., el socio gerente Ariel Fernando G., y la presidenta Marcela Fernanda V. Los acusados residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ciudadela, adonde se cursaron las citaciones para la audiencia que arrancó cerca de las 14 de ayer en el Centro de Justicia Penal.

El fiscal, Walter Jurado, explicó que a días de la explosión se ordenaron escuchas telefónicas que cerraron el círculo sobre estas personas, como quienes tenían voz de mando en la empresa. El mes pasado, un informe de la Inspección General de Personas Jurídicas terminó de definir los roles bajo los cuales fueron implicados. Y, en marzo, había sido acusado un encargado de mantenimiento que sigue vinculado al proceso en libertad.

El laboratorio de sueros medicinales funcionaba en Alem 2967. La madrugada del 27 de junio de 2016, la caldera voló por el aire y la explosión causó destrozos en viviendas linderas, además de lesiones y quemaduras en más de la mitad del cuerpo al vecino, Juan Carlos Sánchez, quien estuvo presente en la audiencia junto a otras víctimas. Una pericia arrojó que el siniestro se desató por un "descuido humano", y que hubo fallas en los controles de seguridad: la caldera se quedó sin el nivel de agua suficiente para enfriarla y salió despedida por el aire.

Para el fiscal, los cuatro directivos omitieron tareas de control "en violación del deber de cuidado exigido por la normativa" provincial y nacional que regula el funcionamiento de calderas. Los acusó de no haber garantizado la presencia de un foguista habilitado en el turno nocturno. Su presencia era obligatoria para controlar el nivel del agua y analizar las válvulas de seguridad, que "se encontraban cerradas". Esto, más una avería en el circuito de alarma, "impidió evitar lo que posteriormente pasó: que la caldera se quedase sin agua".

A este panorama el abogado querellante Ignacio Carbone le sumó un dato reciente. Según indicó en la audiencia, informes de la Dirección General de Habilitación y el Tribunal de Faltas incorporados al legajo a fines de septiembre revelan que "luego de una gran cantidad de infracciones, el laboratorio estaba clausurado. Está comprobado que no podía estar funcionando y mucho menos en horas nocturnas".

La cuestión de la habilitación del laboratorio ya había generado cruces y versiones encontradas en el Concejo Municipal. El fiscal sostuvo ayer que aún faltan informes para constatar si esa clausura, dispuesta el 9 de diciembre de 2015 por falta de habilitación municipal, seguía vigente seis meses más tarde cuando todo voló por el aire.

Carbone representa a dos familias damnificadas, junto al abogado Fernando Blanco. Estimó en 5 millones 400 mil pesos el monto en que debe resarcirse a la familia Sánchez, y en otros 5 millones a vecinos que sufrieron la destrucción total de su vivienda, y un galpón linderos, según cálculos de principios de año. El querellante apuntó además que en las escuchas telefónicas "se detectó que, a sólo tres días del suceso, uno de los imputados comentó lo que luego arrojó la pericia: que la falta de agua y de personal idóneo hizo que la caldera estallara".

No declararon

Los directivos apuntados se negaron a declarar por el momento. Los asistió la defensora pública, María Celia Pasquali, quien cuestionó la imputación y ante los dichos de Carbone aclaró que sus asistidos le manifestaron que "en momento alguno hubo clausura" sobre el local.

Finalmente, el juez Luis María Caterina consideró "razonable" el pedido fiscal e imputó a los cuatro gerentes como coautores de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas, delitos que prevén penas de 3 a 5 años de prisión. Si bien seguirán en libertad, les impuso algunas restricciones como la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse cada quince días ante alguna autoridad policial o judicial cercana a su domicilio y una inhibición general de sus bienes.