El Tribunal de Enjuiciamiento conformado para evaluar la actuación de juez Civil y Comercial rosarino Alejandro Pedro Martín, sospechado de participar junto a un grupo de abogados y un martillero en estafas con fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal, resolvió ayer finalmente destituirlo del cargo. Lo acusan de "ignorancia manifiesta del derecho" e "incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas". Si bien la sentencia puede ser apelada, el ahora ex magistrado quedó más complicado en la causa penal donde se le imputa utilizar su despacho para cometer graves delitos económicos.
El rol de Martín quedó en el centro de la escena desde noviembre del año pasado cuando salieron a la luz las resonantes maniobras defraudatorias. La entidad bancaria denunció el hecho ante la Corte Suprema de Justicia y de inmediato comenzó una investigación del juzgado de Instrucción Nº 12, a cargo de Mónica Lamperti.
Mientras que el juez y su secretario Ricardo Lavaca fueron apartados preventivamente de los cargos que ostentaban en el juzgado Civil y Comercial Nº 17, la Corte ordenó iniciarles sumarios administrativos para deslindar responsabilidades.
El expediente penal avanzó en las imputaciones contra Lavaca, el martillero Oscar Kovalevski, como jefe de la asociación ilícita (único detenido, ver aparte) y los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter, también autores de las estafas. Habrían realizado un total de 57 movimientos a través de los cuales se apoderaron de 1.050.000 pesos.
Al tiempo que el funcionario judicial y el subastador apelaron el procesamiento —aún pendientes de resolución en la Cámara Penal— los dos letrados lograron (tras reconocer los hechos y brindar detalles del ardid) un acuerdo para acceder a un juicio abreviado, donde fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y cinco y siete, respectivamente, de inhabilitación para ejercer la profesión.
Luego de que la investigación administrativa determinara que Martín incumplió sus deberes de funcionario, Lamperti decidió remitir copias del expediente al procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, y solicitó que se iniciara el proceso de desafuero mediante un jury de enjuiciamiento, ya que se acumularon pruebas suficientes para sospechar de que participó activamente de las maniobras.
Tras la acusación de Barraguirre, fundada en "ignorancia manifiesta del derecho", "incumplimiento de las obligaciones" y "comisión de delitos", el jury fue finalmente conformado en febrero de este año. Luego de siete meses de deliberaciones, la semana pasada se leyeron los alegatos finales.
Pero antes de que se cumplieran los plazos previstos, el Tribunal de Enjuiciamiento volvió a sesionar ayer y directamente dictó la sentencia, a través de la cual se resolvió destituir al magistrado. Según adelantó la defensa de Martín, esa resolución será apelada ante la Corte provincial (ver aparte).
La sentencia. En un comunicado que difundió la oficina de Prensa de la Corte se detalla el trámite que terminó de sellar la suerte de la carrera judicial de Martín.
Presidido por María Angélica Gastaldi y con las firmas de los otros miembros de la Corte, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y Daniel Erbetta, los abogados Mario Crespo y Elías Salum, y los legisladores Armando Traferri y Santiago Mascheroni, el Tribunal de Enjuiciamiento informó: "En los autos caratulados «procurador general de la Corte Suprema sobre dictamen Nº 12 del 21 de diciembre de 2012 (expediente 1.596/2012), se ha resuelto rechazar los planteos de nulidad de la defensa y destituir al doctor Alejandro Pedro Martín del cargo de juez de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial Nº 17 de Rosario, por considerar encuadrada su conducta en las previsiones de los artículos 7, incisos 1, segunda parte, y 2 de la ley 7.050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949".
Ignorancia del derecho. La normativa hace expresa mención a los motivos por los que se puede remover a un juez. En este caso, le atribuyeron "ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada" e "incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas".
En el documento también se deja constancia de que se remiten copias de lo resuelto al juzgado de Instrucción Nº 12, donde una vez firme la sentencia, podría avanzar en la acusación contra Martín por graves delitos económicos, que deberá afrontar ya sin sus fueros y como un ciudadano común.
