El mes pasado, el Ministerio de Educación de la provincia autorizó un aumento del 10 por ciento en las cuotas de los colegios privados. Sin embargo, algunas instituciones optaron por no aplicar la suba tras considerar las dificultades que vienen expresando las familias de sus alumnos. Según advierten los representantes legales de esos establecimientos, en lo que va del año está creciendo la morosidad en el pago de los aranceles como consecuencia del impacto de la crisis económica entre los sectores de ingresos medios. También hay más pedidos de becas y planes de pago.
"No tenemos un relevamiento ni datos rigurosos, pero percibimos que están creciendo los atrasos en el pago de las cuotas de los colegios de gestión privada", aseguró Javier Bilbao, secretario ejecutivo de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica de Rosario (Jaec), la institución que representa a unas cien escuelas confesionales que dependen del Arzobispado local.
En lo que va del año, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spep) autorizó a las escuelas de gestión privada a aumentar sus cuotas un 22 por ciento en marzo y un 10 por ciento en mayo. En tanto, en julio habrá una nueva suba del 8 por ciento.
Como en la provincia las cuotas que pueden cobrar los colegios están reguladas en función del subsidio estatal que reciben, con esta última suba el arancel mínimo y voluntario quedó establecido en 10.901 pesos, mientras que el máximo puede llegar hasta los 49 mil pesos.
Sin embargo, destacó Bilbao, "muchas de las escuelas están cobrando por debajo del máximo permitido o no pudieron aplicar los aumentos" que avaló el Ministerio de Educación santafesino.
Para el vocero de la Jaec, "el proceso de morosidad comenzó en la pandemia y se extiende hasta el presente". En las escuelas que dependen de la Junta, expuso, "no hay muchas que estén cobrando más de 8 mil pesos, la mayoría apenas recibe un aporte de 1.500 y 2 mil pesos de las familias de los alumnos y en forma voluntaria", aseguró.
La situación obliga a los administradores de las escuelas a hacer malabares para afrontar el pago de servicios, materiales pedagógicos o mantenimiento edilicio, todos rubros a los que no llega el aporte estatal. "Los deterioros en los pagos afectan estas cosas para las que se necesita el aporte de las familias, porque si bien las escuelas reciben aportes del 100 % para el pago de sueldos docentes, el subsidio no llega a cubrir los costos del edificio, la luz, el gas o el teléfono e incluso cargos de profesores para educación física o computación".
La mayoría de los colegios que dependen del Arzobispado están ubicados por fuera de los bulevares. Incluso el 30 por ciento de las escuelas tiene servicio de comedor.
En apuros
Claudia Stern es representante legal del colegio Santísimo Rosario y coordinadora de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera), que nuclea a los colegios privados que pertenecen a congregaciones religiosas.
"Tenemos escuelas con distintas realidades. Están las congregaciones que sostienen colegios en barrios muy humildes, donde las cuotas no se aumentaron. Y otras instituciones con un alumnado de clase media donde podemos aplicar los aumentos, pero observamos que las familias tienen dificultades para afrontarlos", admitió.
Esto se traduce en un aumento de la morosidad o un mayor pedido de becas de estudio. "En algunos casos hasta tenemos que acompañar con bolsones de alimentos. La situación es crítica", afirmó y advirtió que "aún en los colegios del centro todo se va achicando: las propuestas de viajes escolares o las actividades extraescolares, todo se reduce para no recargar a las familias".
Actualmente, en la mayoría de los colegios agrupados en la Faera, entre el 5 y el 10 por ciento del alumnado accede a algún tipo de beca. "Las familias que estaban al día con las cuotas, ahora nos vienen a pedir un plan de pago o una beca parcial", explicó y comentó que los colegios buscan otorgar distintos porcentajes de beneficio en función de las necesidades del alumnado e incluso buscar padrinos para cubrir estos costos.
Las dificultades no son exclusivas de los colegios privados santafesinos. A fines de abril se hizo público un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) donde se advirtió que el 35% de los establecimientos registra "más morosidad" en el pago de las matrículas mensuales que en 2022. En tanto, otro 50 % consideró que se mantenían los niveles de atraso del año pasado, ya de por sí elevados.
En Santa Fe hay 850 escuelas de gestión privada a las que asisten unos 250 mil alumnos. La mayoría de los colegios de nivel inicial, primario y secundario recibe algún tipo de ayuda estatal para su funcionamiento.
De acuerdo a datos del Spep, 644 colegios (el 75 por ciento) perciben mensualmente el cien por ciento de subsidio estatal para cubrir los costos de su planta docente, otras 109 escuelas reciben 80 por ciento de subsidio para el pago de sueldos y además hay 41 escuelas que reciben aportes que van del 60 al 40 por ciento. Otras 50 escuelas no reciben aportes y no tienen tope en las cuotas.
Los subsidios estatales están dirigidos a cubrir los cargos docentes, por lo cual el aporte de las familias de los alumnos se destina a cubrir el costo de servicios, necesidades de insumos, mantenimiento edilicio y la contratación de personal extra.
