La Secretaría de Control del municipio clausuró otra chatarrería y secuestró más de 26 kilos de cable que era propiedad de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El operativo se llevó a cabo en conjunto con la policía provincial en el marco de la causa que lleva adelante la Fiscalía para desbaratar el circuito ilegal de venta de metales como el cobre, bronce, plomo y aluminio, a partir del robo de medidores de Aguas Santafesinas (Assa), cables de la EPE, flexibles de Litoral Gas y hasta las líneas de teléfono (Telecom), cuyas pérdidas arrojan pérdidas millonarias.
Desde el área de control municipal, la directora Carolina Labayru le confirmó a La Capital que ya se clausuraron 26 chatarrerías desde que se llevan adelante inspecciones diarias en todos los distritos de Rosario. Los operativos también cuentan con varias personas detenidas al no poder demostrar la procedencia de los materiales a la postre secuestrados. O bien, al comprobarse que en los locales allanados se exhibían los materiales listo para la venta.
En esta oportunidad, se trató de una chatarrería ubicada en Villa del Parque 3195, de la zona norte de Rosario, donde su propietario quedó detenido por disposición de la Fiscalía al comprobar que había material propiedad de la Empresa Provincial de Energía (EPE). En total se secuestraron poco más de 26 kilos de cable, cuyo material en su mayoría estaba quemado, listo para la venta.
"Como resultado de esta inspección se procedió al secuestro de todo el material y el fiscal ordenó la detención del responsable del local tras encontrar material que era propiedad de la EPE", confirmó Labayru.
A su vez, señaló que ya se clausuraron 26 chatarrerías como consecuencia de los allanamientos que la Secretaría de Control realiza a diario en conjunto con la policía provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a lo largo y a lo ancho de Rosario, producto de las denuncias realizadas por vecinos.
En el caso del robo de cables, a la EPE le costó más de $7 millones la instalación del tendido vandalizado, al tiempo que a Assa le representó unos $2 millones la reposición de los medidores, mientras que en el caso de Litoral Gas, cuyos flexibles de cobre de unos 40 centímetros tienen valor de reventa en el mercado ilegal.
