Según estadísticas oficiales de la provincia, en los últimos cinco años hubo una sostenida disminución en la cantidad de menores de 18 años privados de la libertad en suelo santafesino. Mientras que en 2006 había más de 2.500 chicos alojados en establecimientos cerrados o de puertas abiertas, en todo el año pasado fueron 435 los que pasaron por esta situación. La contracara de esa tendencia es que, en simultáneo, aumenta cada año el uso de medidas alternativas a la detención que han demostrado ser más eficaces que tenerlos tras las
rejas.
La masiva marcha de vecinos que el miércoles se movilizaron tras un crimen en barrio Industrial, por el que están acusados tres adolescentes, renovó la discusión sobre el controvertido tema de los jóvenes y el delito. Además del inobjetable dolor de familiares y vecinos, el reclamo puso en evidencia un pedido punitivo que suele expresarse en estos casos. Sin embargo, la internación en institutos cerrados no sólo es la medida menos recomendada a nivel internacional para tratar a chicos con causas penales, sino que, como lo demuestran las cifras, se usa cada vez menos en Santa Fe.
El descenso de la tasa de encarcelamiento de menores tiene una razón de ser que va más allá de la dinámica del delito: aparece como efecto de ley 26.061 de protección a la infancia, sancionada en 2005. La norma reemplazó la vieja ley del patronato, que regulaba el régimen de la minoridad, y puso en manos de los gobiernos provinciales, en lugar del juez, la función de tratar a los jóvenes en conflicto. Lo que cambió es el abordaje, más cercano a estándares internacionales en derechos humanos que aconsejan la detención como último recurso.
¿Por qué hay menos chicos en las cárceles? La principal causa es que, desde el cambio legal, los menores de 15 años no quedan bajo la órbita de institutos penales. Como son no punibles pasaron a ser tratados en programas específicos de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Antes, aunque no eran perseguidos penalmente, iban presos. Ahora, la estrategia apunta al tratamiento con psicólogos, asistentes sociales y especialistas, que se ha demostrado más eficaz como herramienta de reinserción.
El tema de los jóvenes implicados en delitos tuvo impacto público en estos días cuando un chico de 15 años y dos de 17 fueron acusados de matar de una puñalada a Leandro Zini, un disc jockey de 21 que reaccionó porque intentaron arrebatarle el bolso a su novia en barrio Industrial. El martes, el más chico de los tres abandonó el centro Hoprome (Hogares de Protección al menor), donde estaba alojado sin custodia. Se entregó un día después, mientras se realizaba una marcha de 3 mil personas en reclamo de Justicia.
Si bien generan alarma social, los especialistas coinciden en que “los casos de chicos ligados a delitos graves son los menos frecuentes”. La mayoría de los jóvenes que dan rostro a los números de esta nota cae por robos en la calle, sin trascendencia pública, cometidos con o sin armas. No es posible trazar un único perfil, aunque en Tribunales y espacios académicos coinciden en que se reiteran la exclusión social, la pertenencia a familias disfuncionales, la falta de escolarización, la cercanía con fenómenos de violencia y el compromiso con drogas.
Detrás de los números. Desde que la provincia se adaptó al cambio legal, la cantidad de chicos tratados por la Dirección de Justicia Penal Juvenil fue bajando de manera sostenida. Según la estadística anual del área, en 2006 pasaron 4.043 chicos por distintos programas y áreas de esa dependencia. El año pasado fueron tratados 1.384 adolescentes por cuestiones penales, es decir, un 65,7% menos que al inicio de la reforma.
Si bien los números son relativos, porque dependen de las variables usadas en su recolección, perfilan una clara tendencia. “Un primer gran impacto se debe a que ya no ingresan al sistema los chicos punibles, que no pueden ser privados de la libertad. Esto es resultado de la adecuación de la institucionalidad a los nuevos paradigmas y a la Convención de los Derechos del Niño”, opinó la jueza de Menores Nº 3 de Rosario, Carolina Hernández.
El cambio fue acompañado por una política del gobierno provincial, no exenta de conflictos, que apunta al encierro como último recurso. “La disminución se advierte. Hubo un descenso al inicio de la gestión (diciembre de 2007) y ahora se mantiene. Antes estaban confundidos los casos sociales con los casos penales, pero el gran logro fue distinguir entre menores punibles y no punibles. Esa confusión es el nudo del sistema tutelar que hemos querido desactivar”, evaluó Juan Lewis, subsecretario de Asuntos Penales de la provincia.
Ultimo recurso. Así, mientras que en 2006 fueron 2.525 los chicos que pasaron por situaciones de encierro, el número fue bajando y el año pasado estuvieron privados de la libertad 435 adolescentes. Es decir, el 31% del total de jóvenes institucionalizados en Santa Fe. El resto, 949 chicos, fue asistido con medidas alternativas al encierro.
Ese es otro indicador del cambio: los jueces de Menores, en articulación con los agentes estatales, apelan cada vez más a estos recursos. Cuatro años atrás se aplicaban en el 30% de los casos. Ahora, seis de cada diez jóvenes son asignados a estos programas (ver página 3).
“La idea es que la detención sea el último recurso y por el menor tiempo que proceda, lo establece la Convención”, añadió Lewis. La jueza Hernández coincide en la apuesta: “La detención tiene que ser por el más breve tiempo para un joven que está formando su personalidad. Los problemas más comunes son de adolescentes que no van a la escuela y no trabajan. Es importante que ocupen su tiempo en algo útil. Ahora hay un seguimiento más continuo, los agentes del Estado ven al joven con una mirada diferente”.
Para la jueza, el abordaje transversal arroja un dato auspicioso: fue efectivo para muchos chicos que, tras cometer su primer delito, no reincidieron.
