La nómina de los temas que se tratarán en las sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 23 de enero y el 28 de febrero, no sorprendieron a nadie pero sí remarcaron una desazón que venía rondando desde finales del año pasado en el plano ambiental: la ley de humedales no será parte de las discusiones y deberá esperar al período de reuniones ordinarias. Si bien todavía los dictámenes tienen vigencia durante 2023, la posibilidad de que sean tratados durante el año electoral hace difícil pensar que la normativa, que lleva más de diez años de discusiones en el Congreso de la Nación, pueda tener sanción definitiva.
La realidad es que el tiempo, desde que se consiguieron los dos dictámenes, siempre apremió. Ambos salieron el 10 de noviembre, tras el último plenario de comisiones de Recursos Naturales, de Presupuesto y de Agricultura y Ganadería. Ya por entonces, organizaciones y referentes ambientalistas pedían que se trate el tema cuanto antes para no depender de su inclusión en la agenda de sesiones extraordinarias, última posibilidad concreta de que se traten las iniciativas teniendo en cuenta que este 2023 se va a diluir en campañas, elecciones y renovaciones de bancas.
El referente de la ONG El Paraná No Se Toca, Jorge Bártoli, expresó, en primera instancia, que “el avance de un proyecto de ley consensuado, luego de una gran labor desde los ámbitos académicos, sociales y políticos, con dictamen de minoría, puso en alerta a todos los intereses económicos que esta ley tiende a poner bajo normas y límites”.
“Siendo que estos modelos productivos habitualmente asociados a prácticas extractivas degradantes del ambiente no están dispuestos a encasillarse por fuera de ningún parámetro que no sea accionar a su voluntad y beneficio propio, a modo paliativo y ante la necesidad de mostrar una imagen más amigable, estos sectores presentaron proyectos alternativos que, claramente, desvirtúan los alcances del proyecto primigenio”, agregó.
A pesar de que el proyecto consensuado de ley de humedales surgió de las filas del oficialismo nacional, el referente manifestó que la posibilidad de que avance esta iniciativa dejó en evidencia que “ni siquiera en las filas de la coalición de gobierno hay legisladores en condición de reunir los votos necesarios para avanzar en el tratamiento de esta ley, ya que los intereses citados atraviesan transversalmente el arco político, con excepciones honrosas pero insuficientes”.
En este marco, Bártoli consideró que el gobierno nacional quedó en evidencia por su “desinterés e impotencia para motorizar una ley de humedales al no incluirla en los proyectos para tratamiento en las sesiones extraordinarias”. Y trazó un paralelismo entre el espacio oficialista y su principal opositor: “Este desinterés y rechazo al proyecto fue muy visible en las filas de Juntos por el Cambio”.
Por su parte, desde la Multisectorial Humedales resaltaron que el año legislativo terminó y la ley que busca regular el uso de estos territorios “no tiene siquiera fecha de tratamiento en el recinto”.
“El Delta arde sembrado de maquinarias, terraplenes, cazadores furtivos, construcciones ilegales, fiestas electrónicas, fumigaciones y desmontes. Los grupos concentrados de poder hacen y deshacen a su antojo, dentro de un modelo de país diseñado por traidores que se hacen llamar representantes”, aseguraron sin ahorrar críticas a los legisladores nacionales.
Sobre los proyectos dictaminados en comisiones, manifestaron: “Los lobbies redactaron su propio proyecto y lo dictaminaron por mayoría. Un proyecto regresivo, que no reconoce el valor intrínseco de los humedales ni resguarda sus características ecológicas. Los mismos que desde hace años vienen oponiéndose a una ley que proteja los humedales. Por el contrario, el proyecto de minoría sí nos permite pensar un escenario de protección y restauración. Necesario aclarar, sin embargo, la urgente revisión de ciertos puntos que resultan contrarios a los objetivos de la ley, pero que saldados pueden habilitar un futuro verde y posible”.
“Que el Delta arda en este contexto no es falta de control, de coordinación o de recursos. Es una decisión política. Se han destinado millones de pesos al combate y prevención de incendios que continúan aconteciendo, escenario anticipado y denunciado. Lo que se necesita es legislación, control y un modelo de país acorde a la conservación de los ecosistemas y la salud humana”, concluyeron.
