Los ataques a balazos contra bares, principalmente de la zona de Pichincha pero también de otros puntos de la ciudad, surgieron en el último tiempo como una forma de atemorizar a los comerciantes. El trasfondo de algunas investigaciones judiciales liga estos hechos a extorsiones de parte de grupos criminales. Esta modalidad, así como los ataques a instituciones judiciales y viviendas de funcionarios, rompió los límites geográficos de la violencia urbana para expandirla más allá de los barrios periféricos que suelen ser los principales afectados.
Un reciente pedido de informe del concejal Roy López Molina repara en dos posibles líneas de este problema. Por un lado los casos de hostigamiento conocidos en las últimas semanas, que constaron de mensajes por WhatsApp con amenazas de balear locales en caso de no pagar una suma de dinero. El concejal habló de "presuntas bandas criminales que buscan extorsionar".
Por otro lado López Molina llamó la atención sobre casos en los que "aparecen nuevos adquirentes de los fondos de comercio que aprovechan la crisis del sector y frente a las dificultades económicas pujan por quedarse con los mismos negociando a la baja sobre su valor". En ese sentido el edil sugirió en su pedido de informe que la "posible vinculación con algunas bandas criminales que operan en la ciudad, los cuales buscan con la adquisición de estos negocios pasar al circuito formal de dinero obtenido del circuito informal".
Amenazas y violencia en Pichincha
En tanto un conocedor del sector gastronómico, que pidió reserva de su nombre, diferenció un problema del otro. Las amenazas y hechos violentos registrados en los últimos tiempos sí tienen una conexión con economías ilegales, pero sobre la aparición de compradores de fondos comercios al menos por el momento no hay sospechas concretas de que podrían estar vinculados al delito.
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POR LA NOCHE. Los puestos de control se desplegarán en distintos puntos de la ciudad y se dispondrán de manera sorpresiva.
"Han entrado empresarios que no son del rubro y están motivados en tener un bar por una cuestión de status. Así como algunos millonarios tienen su bodega. Alguno son 'hijos de' que entran y salen del rubro porque se dedican a otras cosas", explicó. "Para una empresa que juega en otro nivel económico 30 mil dólares no es plata, pero para otros comerciantes no es tan sencillo", agregó. Sin embargo sostuvo que "Rosario está en venta". "Si querés comprar un negocio, vas y lo comprás", indicó.
Sin embargo, tal como aseguró esta fuente, "en el imaginario" sí hay rumores que vinculan a personas relacionadas al delito con el rubro gastronómico, aunque podría tratarse de casos aislados. El ejemplo concreto salió a la luz en julio de 2020 cuando en una audiencia vinculada a extorsiones y la red de casinos clandestinos que tiempo después llevaría a la imputación del fiscal Gustavo Ponche Asahad y el jefe regional Patricio Serjal. En esa ocasión los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery confirmaron que un bar de calle Pellegrini al 1600 es propiedad de Mariano Ruiz, condenado como parte de la banda Los Monos, y que allí se habían llevado a cabo una serie de reuniones precisamente con el trasfondo de extorsiones a otros locales del rubro gastronómico.
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Según explicó López Molina en diálogo con este diario el pedido de informes está motivado por "un contexto que habilita pensar que es necesario un análisis más exhaustivo". "La economía legal y la ilegal están empastadas", sostuvo y puso como ejemplo los casos más resonantes del último tiempo: el caso Cofycro y el vínculo con el narco asesinado Coto Medrano, los allanamientos en Alto Buró, el empresario del rubro de suplementos alimenticios que contrató sicarios para matar a su competencia.
"Inicialmente no tengo una sospecha puntual, pero sí cuando las sospechas crecen y las ponés en contexto de la ciudad de Rosario, que no es menor, hay que poner el ojo", agregó el concejal. "Lo que pido es saber cuántos cambios de titularidad hubo desde marzo de 2020 y a partir del número que se detalle los nombres de quienes impulsaron esos cambios de titularidad", explicó.
Cronología violenta
Los casos de balaceras directas contra bares se dieron en distintos puntos de la ciudad pero principalmente en la zona de Pichincha. Ahí mismo, según se dio a conocer hace unos días, se dieron casos de amenazas vía mensajes de WhatsApp.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación a partir de una serie de denuncias de parte de propietarios de bares de Pichincha por hechos de amenaza recibidas en las líneas de teléfonos utilizadas para el servicio de delivery. Los mensajes exigían el pago de sumas de dinero a cambio de no recibir ataques a balazos en los locales.
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En esa ocasión el fiscal Schiappa Pietra indicó que se habían iniciado investigaciones sobre todo porque había antecedentes a los cuales remitir para considerar un posible hecho de extorsión. "Le dimos entidad a esas denuncias y por eso trabajamos también con el Ministerio de Seguridad para evitar cualquier circunstancia que pueda pasar a mayores con las víctimas. Respecto de la veracidad de las amenazas, ya hemos tenido casos de amedrentamiento para sacarle dinero a comerciantes de otros rubros. Es una práctica que hemos visto desplegarse en la ciudad y por eso decidimos actuar”, indicó el fiscal en ese entonces.
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PERJUDICADOS. Los gastronómicos fueron uno de los rubros más castigados con las nuevas restricciones.
Héctor Río
En un plano más grave están los ataques consumados. Uno de los primeros registrados ocurrió en diciembre de 2016 cuando la cervecería BarbaRoja, ubicada en la esquina de Francia y Brown, recibió al menos cinco disparos. Fue de parte de dos hombres que pasaron en moto y sin frenar gatillaron contra el comercio que en ese momento estaba cerrado.
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Más acá en el tiempo este tipo de hechos se repitieron con mayor frecuencia. En abril de 2019 hubo al menos cuatro casos. Uno fue en el bar "El Nuevo Tropezón", de San Martín al 2600, con la misma modalidad de dos personas que pasaron en moto y abrieron fuego. Luego en una noche un mismo ataque a balazos afectó a dos bares de Pichincha, Alabama y Blacklist, ubicados en Ricchieri entre Brown y Güemes. En esa ocasión fue a las 22 y en la zona había bastante movimiento cuando pasó un BMW blanco del cual bajaron dos jóvenes y dispararon al aire con ametralladoras. Luego apuntaron a Alamaba y continuaron con los balazos, de los cuales algunos impactaron en el otro comercio.
Un día después de ese ataque, y a metros de donde había ocurrido el anterior, fue el turno del bar Jimmy. Cuatro balazos impactaron en los vidrios y paredes del local mediante la misma mecánica: un auto que frenó y del cual salieron los disparos. En el local había clientes y trabajadores que pudieron ponerse a resguardo.
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Uno de los casos más recientes fue en octubre de 2020 cuando Dalia, tradicional bar de San Martín y Lamadrid, recibió un ataque a balazos que rompió tres ventanales blindados y dejó en la escena del hecho 12 vainas servidas.
