Autopista: el gobierno provincial refutó la denuncia de opositores

El gobierno provincial salió al cruce y calificó de "infundadas" la denuncia realizada por legisladores de la oposición en torno a la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, quienes manifestaron que la rescisión de común acuerdo del contrato con la empresa Arssa ocasiona al erario público un perjuicio de alrededor de 1.500 millones de pesos, dado —argumentan— los incumplimientos de la firma.

El punto más saliente de la denuncia de los legisladores es la significativa cifra de 1.500 millones de pesos que calculan como perjuicio para el erario público con la rescisión "de común acuerdo". A esa afirmación, el Poder Ejecutivo la tachó de "incorrecta e infundada" ya que "el acuerdo de extinción del contrato de concesión permitió retomar de forma inmediata la posesión sobre el corredor y dar comienzo a tareas de emergencia que garanticen la seguridad vial, así como también a los procesos licitatorios que permitan contar con la repavimentación de la autopista".

Desde el Ejecutivo provincial defendieron el convenio de rescisión al cual los diputados habían calificado como "un verdadero escándalo que el decreto de rescisión haya sido firmado el último día hábil del 2016, y no esté sustentado en dictámenes jurídicos". En respuesta, el gobierno tachó de "falsa" la acusación ya que el proceso tuvo inicio a través de un expediente de la Subsecretaría de Auditoría y Control del Ministerio de Infraestructura y Transporte "en el que se hizo un exhaustivo análisis y una completa revisión de lo acontecido en el marco de la concesión".

Señalaron que "para ello se contó con el informe presentado por la Coordinación Técnica del Organo de Control AP-01, el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos" de Infraestructura, se atuvo al "modelo de convenio de rescisión" elaborado ese organismo, y los "informes de auditoría solicitados a la Universidad Nacional de Rosario (UNR)".

Añadieron que "el acuerdo de extinción del contrato de concesión" fue firmado el 25 de noviembre último y presentado por el Ministerio de Infraestructura en la reunión convocada por la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados el 21 de diciembre y ratificado por decreto el 30 de diciembre.

Sobre el cuestionamiento a la falta de firma de personal de carrera, el Ejecutivo aseguró que "la afirmación (de los legisladores) es falsa y denota un grave desconocimiento de los procesos administrativos por parte de los diputados opinantes". Explicaron que "no corresponde la intervención de la Dirección Provincial de Vialidad por estar la concesión a cargo de otra jurisdicción" y que "el Organo de Control AP-01, dependiente del Ministerio de Infraestructura junto a la Unidad de Auditoría Permanente del Tribunal de Cuentas, son los organismos creados a fin del seguimiento de la concesión".

"Afirmaciones maliciosas"

En cuanto a la denunciada disgregación del consorcio Arssa (Autopista Rosario Santa Fe Sociedad Anónima), que inicialmente lo conformaban seis empresas y ahora habían quedado dos, el gobierno santafesino explicó que "durante el transcurso de la concesión, algunos de los socios solicitaron la desvinculación de la concesión", pero que "en ninguna instancia el Ministerio autorizó la desvinculación de ninguno de los socios".

El Poder Ejecutivo calificó de la "maliciosa" la afirmación de los legisladores en relación a que "dos de las empresas se presentaron para la licitación del primer tramo de repavimentación de la autopista", ya que —insisten desde la Casa Gris— "la repavimentación del primer tramo del corredor se tramita a través de una licitación pública", y "aunque efectivamente algunas de las empresas integrantes de Arssa se postularon para realizarla, ninguna de ellas fue adjudicataria de la obra".

También sostuvo que "se respetaron procedimientos internos" y "el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos revela incumplimientos parciales de ambas partes y acompaña modelo de convenio de rescisión por mutuo acuerdo".