La aprobación de la ley que establece la expropiación de La Calamita, el centro de detención clandestino que funcionó en Granadero Baigorria, cerró esta semana una historia que se prolongó por más de diez años y significó una decisión de rescatar la memoria. Pero también inaugura un nuevo capítulo de desenterrar años de oscuridad, redescubrir un espacio vedado y hasta depredado, y terminar de escribir un relato que hasta hoy está a medio narrar.
Los últimos días fueron clave para la aprobación de una ley que ya había fracasado en cuatro ocasiones. Primero la Cámara de Diputados, y esta semana la de Senadores dieron el sí al proyecto que declara "de interés general y sujeto a expropiación el inmueble conocido como Quinta La Calamita", uno de los centros de detención más importantes de la provincia, por el que se estima que pasaron al menos un centenar de personas secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Muy pocos sobrevivieron a este lugar, donde se supone que habría cuerpos de víctimas enterrados.
La cárcel de Eva Perón 1530 operó desde 1975 hasta 1978 bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército, siendo uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, y era funcional al objetivo de desarticular la columna norte de Montoneros, detener a militantes del ERP y delegados de fábricas del Cordón industrial.
Patrimonio. La casona de campo es un bien patrimonial de suma importancia para la historia de Granadero Baigorria. Data de aproximadamente 1920, cuando el pueblo era apenas una comuna llamada Paganini que hacía muy poco se había independizado de la localidad de Alberdi, que luego se incorporó a Rosario. El dueño de casi todas las tierras era el inmigrante español Juan Sala, quien poseía todo lo que hoy se encuentra entre la autopista Rosario-Santa Fe, hasta las vías del ferrocarril, la avenida Silvestre Begni y Eva Perón. Allí empleaba a más de 150 obreros que sembraban árboles frutales, olivares, flores y vides. El casco central de la propiedad era el edificio actual de La Calamita.
Sala, apodado "El Gallego", llegó a ser varias veces presidente comunal de la localidad entre 1928 y 1934. Falleció a principio de los 40, dejando sus tierras a sus descendientes que, a mediados de esa década, las vendieron a un italiano llamado ngel Calamita, de allí su actual denominación. Este volvió a hacer productivos los viñedos creando una famosa bebida conocida como hidromiel Pontón. Sin embargo, en 1969, vendió esas mismas tierras a la firma Raúl Benzadón Saci, propietaria de la antigua tienda La Buena Vista.
En 1975, Osvaldo Rodenas y Natalio Wainstein, dirigentes de Rosario Central, alquilaron el predio y se lo cedieron al II Cuerpo del Ejército mediante un contacto que éstos tenían con el coronel Juvenal Pozzi.
La Calamita era un lugar estratégico para el funcionamiento de un centro clandestino dado que se encuentra en un área rural, por ese entonces despoblada y por lo tanto sin testigos, cercano a la autopista y a la ruta 11. Además, está ubicada a pocas cuadras del hospital Eva Perón, que por entonces habría servido de maternidad para la decenas de embarazadas que, se estima, die ron a luz durante su cautiverio en la estancia.
La casa es muy amplia, con varios sótanos y galpones, de los cuales sólo algunos quedan en pie. Es que en junio de 2003 los propietarios derrumbaron los que estaban en la parte trasera porque habrían sido dañados por un temporal que hubo en la zona. Fue entonces que se realizó la primera marcha multitudinaria en pos de la expropiación del lugar, con la movilización de militantes, agrupaciones políticas y de derechos humanos.
Desde entonces comenzó la lucha por el rescate de la memoria que pareció resolverse en 2005, cuando la Legislatura provincial sancionó la respectiva ley y el gobierno provincial, encabezado por Jorge Obeid, aprobó la compra de la estancia. Sin embargo, la iniciativa cayó porque se vencieron los plazos de ejecución.
Usos múltiples. Tras el horror, en La Calamita se instaló una fábrica de cloro encarada por la familia Benzadón, que continúa siendo la propietaria de la estancia y de la contigua, conocida como Quinta Canut, donde también se presume que funcionó un centro clandestino de detención. El lugar también sirvió como criadero de pollos, en 2006 fue escenario de domas de caballos y dos años más tarde funcionó allí una molienda de plástico. Recientemente se destinó uno de los galpones que quedan en pie para la recarga y repintado de garrafas. Por este último tema hubo una intervención judicial y munici pal, ya que en el lugar pesa una medida cautelar de no innovar dictada hace dos años.
El paso del tiempo y las sucesivas actividades desde 1984 implicaron un importante deterioro y hasta depredación del lugar, con la ocupación del casco, la supuesta construcción de habitaciones para alquiler y el levantamiento de viviendas precarias, para las cuales se realizaron movimientos de tierra. Ello preocupa a los defensores del patrimonio y de la memoria, y a los investigadores forenses que esperan que se produzcan novedades y se habilite la excavación del lugar.
Juan Nobile, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, recordó que sólo en una oportunidad, en 2006, la Justicia ordenó excavar el lugar a partir de las declaraciones de un imputado en la causa Feced. Se trata del represor Eduardo “Tucu” Constanzo, quien aseguró que una de las personas secuestradas había muerto en el predio de La Calamita y le ordenaron enterrarla. Cuando iba a cavar el pozo, sus superiores le indicaron que lo hiciera más lejos, porque allí estaba sepultado el soldado (José) Prat. “Indicó el sector y sólo allí pudimos trabajar, con resultado negativo”, lamentó el profesional en diálogo con La Capital.
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