Un defensor del Pueblo salteño fue suspendido por dichos antisemitas

El defensor del Pueblo de la localidad salteña de Cerrillos, Carlos Paz, fue separado de su cargo por el Concejo Deliberante, y además le inició el proceso de juicio político por los supuestos dichos discriminatorios realizados en contra de la comunidad judía, que fueron publicados en una red social.

Los nueve ediles cerrillanos decidieron por unanimidad suspender de su cargo a Paz, sin goce de haberes durante el tiempo que demande el proceso de juicio político iniciado.

En tanto, el asesor legal de la Defensoría del Pueblo de Cerrillos, Matías Aranda, reemplazará a Paz en forma interina en el cargo.

Por otro lado, el Ministerio de Educación de Salta decidió también separarlo del cargo de docente de Filosofía en establecimientos secundarios y terciarios, mientras se desarrolla un proceso de sumario administrativo.

Paz negó ser el autor de los comentarios de fuerte tono antisemita que fueron posteados el fin de semana pasado en su página personal de la red social Facebook, y dijo que radicó una denuncia penal.

Los comentarios publicados provocaron la reacción del Inadi, la comunidad judía salteña, el gobierno provincial y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, entre otros organismos.

"Judíos de m... me tienen harto. Ven que tengo razón que son una m.. estos judíos", fueron algunas de las expresiones publicadas en el marco de una nota periodística vinculada al enfrentamiento entre israelíes y palestinos.

Las supuestas manifestaciones de Paz se hicieron públicas a través de distintos medios de comunicación, lo que motivó la actuación del fiscal penal de Rosario de Lerma, Gustavo Torres Rubelt, por la posible comisión del delito de "alentar o animar a la persecución o el odio contra grupos de personas, a causa de su raza, religión o nacionalidad".

Este tipo de conducta se encuentra sancionada como delito penal en la Argentina, desde 1988, por una previsión que mencionada de manera específica en el artículo tercero de la Ley 23.592.

El texto de esta ley indica que serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que "participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

El fiscal inició una averiguación preliminar de oficio, para establecer las posibles responsabilidades penales que podrían caberle a Paz, y en ese marco ordenó una serie de diligencias que derivaron en la apertura de una causa penal y en la imputación correspondiente.