Un comisario de La Pampa desató un escándalo a partir de un hecho insólito en su boda: ordenó a seis presos que prepararan un asado para los invitados, hicieran de mozos y luego limpiaran el salón.
Sucedió en La Pampa. Los detenidos fueron sin custodia hasta el salón y luego regresaron a sus celdas. El jefe policial enfrenta una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Véneto, el bar donde se realizó la fiesta, ubicado a una cuadra de la comisaría.
Un comisario de La Pampa desató un escándalo a partir de un hecho insólito en su boda: ordenó a seis presos que prepararan un asado para los invitados, hicieran de mozos y luego limpiaran el salón.
El jefe de la subcomisaría de Lonquimay, oficial inspector Cristian Martín Galván, organizó su fiesta de casamiento en un salón ubicado a una cuadra de la dependencia policial. Según la investigación, los detenidos caminaron sin custodia hasta el lugar y, tras la celebración, regresaron por sus propios medios a sus celdas.
Durante la última semana semana, a raíz del festejo ocurrido el 31 de mayo del año pasado, Galván enfrentó un juicio en el Centro Judicial de Santa Rosa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El jefe policial está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un juicio que busca determinar si se utilizó indebidamente el personal y los recursos del Estado para un evento privado, además de presuntas violaciones a los derechos de los detenidos. “El debate se inició este miércoles. Estuvieron todos los testigos que ofreció la fiscalía, que son policías. Este jueves, también como testigos de la fiscalía, declararon los detenidos que estaban ahí. Algunos de ellos son los que fueron al salón”, explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de La Pampa a La Arena.
El juicio concluyó este viernes con la declaración de los testigos ofrecidos por la defensa, que son familiares del funcionario policial, y con los alegatos de cierre. En los próximos días se conocerá la sentencia. El juez de la causa es Andrés Aníbal Olié y el fiscal que llevó adelante la investigación es Guillermo Alberto Sancho.
Hubo hasta llantos. Declararon los seis detenidos esclavizados por Galván. Cuatro de ellos reconocieron haber participado de alguna manera en el evento, mientras que los otros dos negaron cualquier vínculo. Las declaraciones dejaron al oficial imputado en una situación comprometida.
El primero en declarar fue Oscar Urrutia, quien cumple su condena con régimen de semilibertad. En un principio negó haber estado en la fiesta, pero tras la intervención del juez Aníbal Olié -quien debió recordarle que estaba bajo juramento-, terminó admitiendo entre lágrimas: “Yo de mozo no estuve, fui a hacer el cordero”. Según su testimonio, Galván les pidió ayuda a él y a otros internos para colaborar con la organización del casamiento.
Otro de los testigos fue Oscar Sánchez, quien también intentó despegarse del hecho con una negativa rotunda. Sin embargo, al ser confrontado con otras declaraciones, reconoció que fue al salón “a llevar leña”, aunque aseguró que no participó de la fiesta. Dijo haberse enterado del evento porque los policías llevaron torta del casamiento a la comisaría.
El relato más comprometedor fue el de Claudio Araneda, quien afirmó haber sido mozo en la celebración. Explicó que él mismo se ofreció a colaborar, que limpió el salón, sirvió comida y que estuvo allí desde las 10 hasta pasadas las 15. Indicó que Urrutia fue el parrillero y que Sánchez llegó al mediodía.
En sintonía, Álvarez Pérez -otro detenido que estuvo esa semana en Lonquimay- confirmó que Galván lo sacó de su celda para que colaborara. Dijo que fue junto al oficial a pie hasta el salón, donde ya se encontraba Araneda. Detalló que entre cuatro o cinco internos limpiaron, armaron las mesas, sirvieron la comida y luego regresaron a la comisaría.
Por su parte, Oscar Meza y Juan Cuello fueron los únicos testigos que no fueron mencionados por los efectivos policiales como parte del evento. Ambos afirmaron no haber visto a sus compañeros salir y dijeron haberse enterado del casamiento por comentarios de los guardias.
Sobre el final de la audiencia, el juez volvió a convocar a Sánchez, luego de que otros testigos lo señalaran como mozo. Pese a esto, el interno insistió en su versión de que no participó del festejo.
Si ya resultaba alocada la historia de la fiesta de casamiento, hubo otro momento que le compitió casi a la par.
En las declaraciones, uno de los detenidos sostuvo que, como es estudiante de veterinaria, le atendía la mascota a Galván, un perro. Y no solo eso, también era su paciente un caballo que el jefe de la comisaría usaba para desfilar en los actos cívicos y gauchescos de la localidad.
Si, el detenido cuidaba al caballo del comisario.
Este viernes, habló Galván, pero no se refirió al hecho. No respondió preguntas del fiscal y se limitó a sostener que el hecho denunciado responde a una interna policial, de sus superiores. “Cuando un jefe te dice que te va a destruir, te destruye”, sostuvo.
Familiares y su esposa negaron la versión de los detenidos esclavizados. En su declaración, expresaron que ellos se ocuparon de servir en la fiesta, en contraste con lo que habían declarado anteriormente los presos.
El fiscal Guillermo Sancho contó que siete meses después del hecho, en diciembre de 2024, Galván intentó improvisar una coartada. “Había dos vecinos de la localidad que habían firmado una exposición policial en la que aseguraban haber pasado por la celebración sin advertir la presencia de los presos. Pero este viernes, esa prueba se cayó. Porque en la declaración de los propios testigos presentados por la defensa quedó claro que esa exposición fue simplemente una firma en un papel que rubricaron rápidamente, sin leer detenidamente su contenido. Hoy, al leerlo en su totalidad, expresaron que eso no era cierto”, sostuvo el funcionario judicial.
El juicio culminó este viernes y el 28 de julio el juez Aníbal Olié dará a conocer la sentencia. El fiscal general Guillermo Sancho pidió un año y tres meses de prisión, de ejecución condicional -es decir, no efectiva- y el doble de tiempo de inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos.
Por su parte, la defensa del oficial Galván, integrada por los abogados Marcos Bertolotti y Emanuel Morales, solicitó la absolución por considerar que el hecho no está probado y, subsidiariamente, apelando al principio de la duda, también pidió su absolución.
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