El abogado de la familia del sacerdote Juan Viroche, quien el miércoles pasado fue encontrado ahorcado en su parroquia en la localidad tucumana de La Florida, informó ayer, luego de haber respaldado públicamente la hipótesis oficial del suicidio, que no seguirá adelante con el trabajo.
"Estamos hablando de un supuesto suicidio, según la opinión de algunos, y al mismo tiempo de un supuesto homicidio, como sostienen otros, pero lo mejor es hablar en base a la investigación judicial", dijo ayer a Télam el letrado José del Río.
El abogado afirmó que "parece que se ha creado una causa en los medios de prensa y se está debatiendo ahí el juzgamiento de los hechos y no en el expediente judicial,que es lo que corresponde" y evitó dar detalles del motivo de su alejamiento de la representación de la familia del cura.
Controversia. El sábado, el letrado manifestó su criterio ante la prensa, lo que le valió numerosas críticas, mientras que un día después una sobrina de Viroche afirmó públicamente que la familia cree que el cura "no se mató".
"El tenía proyectos, amaba la vida y amaba a Dios", aseguró la mujer, quien recordó que su tío mantenía una pelea con grupos dedicados a la venta de drogas y a la prostitución infantil en el este de la provincia, donde desarrollaba sus actividades religiosas.
El jueves, tras la inhumación de los restos del cura, se realizó la primera movilización y de la misma participó Elsa Jerez, miembro de la agrupación Madres de Pañuelos Negros, en Tucumán, que lucha contra el narcotráfico en Tucumán.
Esta mujer denunció que el sábado tres hombres la obligaron a subir a un auto en el que la mantuvieron privada de su libertad durante tres horas en las que la amenazaron para que dejara de denunciar a loa vendedores de drogas.
Además, la mujer rechazó la hipótesis del suicidio de Viroche porque "el padre amaba la vida, les enseñaba amor y respeto a los niños", por lo que aseguró que para ella y desde su "posición de madre no se ahorcó".
Juárez es una de las referentes de Madres de Pañuelos Negros, grupo que se creó en la Navidad de 2008 para combatir la venta de drogas y denunciar a todos los "transas" de La Costanera, barrio que se ubica en el límite de la capital tucumana y Banda del Río Salí.
El movimiento se formó luego del asesinato de Walter Santana, de 23 años, un joven que fue víctima de un "dealer" al que le había ido a pedir que le fiara una dosis de "paco" y como respuesta recibió un tiro en el pecho, que le provocó la muerte porque ya le debía 10 pesos.
Por Mariano D'Arrigo
Por Matías Petisce