Las monjas antonianas que dirigen la Escuela Privada Nº 141 San Antonio de Padua, de la ciudad entrerriana de Santa Elena (situada a 150 kilómetros al norte de Paraná), pidieron perdón por haber despedido a una docente de la sala de 5 años que padece cáncer, y en la noche del jueves decidieron restituirla a su cargo.
El caso de Vanesa Benítez, la docente despedida, había generado conmoción en Santa Elena, y la solidaridad de los padres, que con distintas reuniones presionaron a las autoridades educativas para revertir la cesantía.
Benítez cubre una suplencia y había sido contratada a término por la escuela católica, que dirigen las monjas. Cuando venció el contrato, tal como lo establece la ley respectiva, decidieron no renovar la relación laboral.
Ayer, el equipo directivo de la escuela admitió que había tomado "una decisión que no condice con los valores que venimos pregonando con el ideario, con el carisma, con las opciones que venimos haciendo como institución en relación a nuestros hermanos más vulnerables".
Sergio Pezoa, secretario general de la seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), dijo que la reconsideración de la desvinculación laboral de la docente también se debió a la presión del gremio, que durante todo el jueves permaneció en Santa Elena a la espera del desenlace del conflicto.
Las monjas decidieron "asumir el error y restituir a la docente en su cargo de suplente, tal como venía desempeñándose. Pedimos perdón a la docente involucrada, al resto de los docentes y a la comunidad educativa toda".
"Reconocemos que la decisión que se había tomado no condice con todo lo que venimos pregonando y sosteniendo como institución. A los padres que se acercaron les agradecemos la paciencia y el respeto. Esperamos que puedan retomar la confianza en la escuela y acompañen a sus hijos para que asistan a clases con el mismo entusiasmo de siempre", indicaron.
También ayer, las autoridades de la congregación abordaron el conflicto con el director de Educación Privada del Consejo General de Educación (CGE), Walter Galarza, ya que el organismo había manifestado su rechazo a al cuestión.
A mitad de semana, padres de niños que concurren a la sala de 5 años de nivel inicial entregaron una carta pública a los directivos del instituto en la que solicitaban "revertir la decisión tomada de forma autoritaria y discriminatoria con la Seño de nuestros hijos y sin tener en cuenta la situación de salud por la que está atravesando". Asimismo, expresaron su decisión de no seguir enviando a sus hijos a clase hasta tanto no se resolviera favorablemente la situación de la docente.
"Estaban en su derecho de no renovarle el contrato de trabajo, que había finalizado y esta docente es suplente. Pero debieron considerar la situación. Es una maestra con una enfermedad delicada y no la pueden despedir así", explicó Galarza.
Dijo que, a pesar de que el Estado paga el 100 por ciento de los salarios de los docentes de la escuela, no puede interferir en la relación laboral. "Sólo podemos hacer sugerencias, plantear alternativas que no pasen por el final de la relación laboral con esta docente", indicó.
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