El Consejo de Seguridad Interior (CSI) aprobó hoy en Río Negro el “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas”, que establece pautas concretas para asegurar la normal circulación durante las protestas callejeras y garantizar la actuación sin excesos de las fuerzas de seguridad.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada del secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, encabezó la primera reunión del año del CSI.
El protocolo procura el diálogo entre manifestantes y fuerzas de seguridad de todos los ámbitos y la realización pacífica de las expresiones de protesta pública, así como la garantía de libre circulación de quienes no participan de las movilizaciones y los cortes.
“Este Ministerio no va a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte. No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, afirmó Bullrich.
Agregó que “el gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”.
El encuentro del CSI se realizó en Bariloche, con la presencia de legisladores provinciales y diputados y senadores nacionales, y referentes y titulares de las áreas de Seguridad de todo el país, salvo de San Luis, la cual no fue por razones personales.
Además, estuvieron representantes de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina y de las fuerzas provinciales.
Bullrich destacó que el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas fue aprobado por “el 80% de las provincias” y con él se busca “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.
En el protocolo se destaca que “el Estado debe brindar la certeza de que todos los miembros de la sociedad pueden gozar de los mismos derechos, por ello, la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro”.
“Manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente (...), los que suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente”.
Se indica que la “autoridad competente” de cada fuerza y jurisdicción “tomará contacto con los líderes de la manifestación” para que “se encauce en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes. Se coordinarán de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.
Las fuerzas federales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes” en todas las vías y debe haber “atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad”.
El jefe del Operativo de Seguridad “impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”, señala.
Si los manifestantes no cumplen, se les solicitará “que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia”, se informará a la Justicia y “se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.
Las instrucciones se harán con “frases cortas y claras. El personal de las fuerzas no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.
También se dispone que “el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”. Y habrá “protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”.
Si en las protestas hay personas o grupos que inciten a la violencia, porten elementos contundentes o armas de cualquier tipo o usen otros elementos que dañen la integridad, se “aislará e identificará a dichas personas, tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de delitos y proceder al secuestro de los elementos contundentes”.
Y si hubiera daños se detendrá a los autores y se los pondrá a disposición de la Justicia. También se iniciará juicio civil a quienes causen el daño e incluso al ente al que pertenezcan, para que “repongan los bienes dañados”.
En cuanto a los medios de comunicación "se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento".
