La interna Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en 2017, volvió a ser noticia este mes tras un nuevo planteo judicial. Su abogado defensor, Augusto Lafferriere, presentó el 1º de septiembre un pedido ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú para que la joven pueda volver a usar redes sociales y acceder a un celular propio dentro de la cárcel.
El planteo recayó en el despacho de la jueza Elena Margarita Vicari, quien ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que cuenta con 24 horas para expedirse sobre la solicitud.
Los argumentos de la defensa de Nahir Galarza
Según el escrito, Galarza ha mantenido un comportamiento ejemplar durante su estadía en la Unidad Penal N° 6 de Paraná: completó más de 15 cursos de formación, actualmente estudia una carrera terciaria en Psicología Social y ha respetado las normas del régimen penitenciario.
La defensa planteó que estos antecedentes deberían habilitar la posibilidad de mejorar sus condiciones de detención, incluyendo el acceso a un teléfono móvil con conexión a internet y redes sociales.
Antecedente polémico en 2019
No es la primera vez que el uso de redes sociales por parte de Nahir Galarza genera debate. En septiembre de 2019, la joven publicó fotos desde su celda en Facebook, una de ellas con la frase: “Cumpliendo la maldita condena”. La publicación alcanzó más de 125 mil “me gusta” y 60 mil comentarios, lo que derivó en una investigación interna.
Tras comprobarse que las imágenes habían sido tomadas con un celular compartido entre internas, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos le aplicó una sanción de 10 días de aislamiento, reducidos luego a cinco tras pedir disculpas. Desde entonces, no volvió a tener presencia en redes.
Nahir Galarza y una nueva estrategia
Con nuevo abogado desde agosto, la joven busca mejorar sus condiciones de detención. Lafferriere no descartó en el futuro pedir un indulto al gobernador ni explorar la posibilidad de beneficios penitenciarios.
Según la legislación vigente, en 2031, cuando se cumpla la mitad de su condena, Galarza podría solicitar salidas transitorias con fines familiares o laborales, lo que representaría un cambio significativo en su vida dentro del sistema penitenciario.
Por ahora, la resolución sobre su pedido de volver a tener celular y redes sociales sigue pendiente, aunque ya abrió un fuerte debate público sobre los límites del derecho a la comunicación en personas con condenas de máxima gravedad.