La Policía antidisturbios de Turquía colocó barricadas y roció gas lacrimógeno para impedir que manifestantes se unieran a la marcha por el Día Internacional de la Mujer celebrada este martes en el centro de Estambul. Al menos 38 mujeres fueron detenidas, según reportó la prensa local.
Como en años anteriores, las autoridades declararon la plaza principal de la ciudad, Taksim, y las zonas circundantes como áreas prohibidas para las manifestaciones. La Policía antidisturbios colocó barricadas de metal alrededor de Taksim y en las calles laterales que llevan a la plaza, así como en una vía peatonal cercana.
Uniformados rociaron gases hasta dispersar a los grupos de manifestantes que intentaban atravesar el cerco policial. Según la cadena de televisión Halk, al menos una mujer se desmayó a causa del gas.
Mientras tanto, un grupo de manifestantes fue detenido cuando intentaba subir a un ferry que cruzaba el Bósforo para unirse a la marcha, indicó el periódico Cumhuriyet.
Las manifestantes de Turquía aprovechan los actos del 8 de marzo para presionar a favor de medidas contundentes para evitar la violencia contra las mujeres por parte de sus exparejas o familiares. Al menos 73 mujeres han sido asesinadas en Turquía en lo que va del año, según la plataforma We Will Stop Femicide.
El año pasado el gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, retiró a Turquía de un tratado europeo para combatir la violencia contra las mujeres, provocando protestas similares y una amplia condena internacional.
La decisión se tomó después de que algunos miembros del partido de orientación islámica de Erdogan abogaran por una revisión del acuerdo, argumentando que iba en contra de los valores conservadores de Turquía.
La semana pasada, Erdogan prometió una serie de reformas judiciales para frenar los actos de violencia contra las mujeres. Las medidas prevén un aumento de las penas de prisión cuando las víctimas de asesinatos, lesiones, torturas o malos tratos sean mujeres. También se tipificará como delito el acoso persistente y se permitirá a las autoridades asignar de forma gratuita abogados a las mujeres víctimas de la violencia.
Por Mariano D'Arrigo
