REVISTA AÑAMEMBUÍ
El lugar donde ocurrió la matanza, en Comuna San Antonio, fue declarado lugar de interés histórico en 2011
La primera matanza indígena del siglo XIX en llegar a los tribunales para ser investigada como delito de lesa humanidad ocurrió en la provincia de Santa Fe. Es la de San Antonio de Obligado de 1887, que está más cerca de tener su juicio de la verdad, tal como ocurrió con la masacre de Napalpí de 1924. Esto se debe a los últimos avances en la instrucción de la causa que incorporó la declaración de académicos y sumó al equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Se trata del fusilamiento de 16 indígenas _14 hombres, una mujer y un niño_ que no habían participado de una revuelta y permanecían en la reducción religiosa San Antonio de Padua de Obligado, cerca de Las Toscas. El alzamiento se debió a que el Ejército Argentino había raptado a una niña de la comunidad para enviársela a Rudecindo Roca, hermano del presidente Julio Argentino Roca, a su lugar de residencia en Misiones. Eso produjo una sublevación en la que murió el comandante de Las Toscas, Marcos Piedra. Como represalia sobrevino la matanza.
A finales de febrero de este año, el fiscal federal de Reconquista tomó declaración al antropólogo y becario del Conicet Francisco Mora, y al historiador local Luciano Sánchez. Y el 9 y 10 de marzo se realizaron los primeros trabajos de sondeo en el área donde se supone que fueron enterrados al menos 16 de indígenas fusilados hace 136 años, tarea que estuvo a cargo del antropólogo Juan Nóbile del EAAF.
“Como no hay imputados porque todos fallecieron, se busca hacer una reconstrucción histórica y condenar los hechos como parte de un genocidio de Estado que es el encuadre de delito que permite llevar adelante una causa penal a pesar del tiempo transcurrido”, dijo a la agencia Télam la abogada Cintia Chávez, que representa a las cuatro comunidades denunciantes: An Añaxag y Qompi de Las Toscas, Dalaxay de San Antonio de Obligado y la Natocoi de Florencia, todas qom menos la última que es qom/moqoi.
La letrada explicó que “es muy importante investigar a través de una causa judicial porque eso permite acceder a archivos” y todo lo que se incorpora a la investigación es en calidad de pruebas testimoniales, documentales o periciales.
“Se está transitando un proceso con la misma rigurosidad que se aplica a cualquier otro delito y la idea es desterrar todas las versiones erróneas para lograr contar una historia lo más cercana posible a lo que efectivamente pasó”, indicó.
En tanto, Sánchez, quien también es docente, apuntó que el contexto histórico de esta matanza fue tanto “la campaña al desierto verde -la mayoría de los reducidos fueron indígenas que iban siendo capturados en esas expediciones al Gran Chaco-” en el marco de la ampliación de la frontera, como también la consolidación de un Estado-Nación que se configuró “persiguiendo al distinto, en este caso a los indígenas”.
Sánchez explicó que “una parte importante de las pruebas son los testimonios de los descendientes de sobrevivientes”, quienes comparten un relato que se viene transmitiendo como memoria oral de generación en generación y cuyas “imprecisiones” son menos importantes que “la vigencia del tema en las comunidades”, donde su recuerdo sigue produciendo “angustia y dolor”.
“Si bien podemos hablar de diferentes avances, la realidad del indígena del norte argentino o del gran Chaco sigue siendo de mucha vulnerabilidad”, agregó este historiador que inició su investigación a partir de las preguntas que surgieron cuando se encontró con el cuadro que Orlando Binaghi pintó en 1962 sobre el episodio.
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Por su parte, Mora, del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social (Guias) de la Universidad Nacional de La Plata (Unlp), recordó que la masacre de 1887 “es el primer registro” de una represión indígena dentro de una reducción _en este caso era religiosa_, lo que posteriormente se vio en Napalpí _de carácter estatal_, “porque hasta ese momento el accionar represivo de los ejércitos era fuera del territorio donde el Estado tenía autoridad”.
“Los otros juicios (civiles y por la verdad sobre masacres indígenas) tenían algún tipo de testimonios de sobrevivientes; éste es el primero del siglo XIX y es el que abre la puerta para discutir más profundamente el genocidio indígena no solo en Chaco, sino también en la Patagonia”, aseguró.
Hacia 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom de la zona del chaco santafesino accedieron a asentarse definitivamente en la reducción religiosa San Antonio de Padua de Obligado, que se creó en territorios cercanos a la Colonia Las Toscas, mediante un acuerdo con el gobierno nacional, el cual les prometió escriturar a su nombre esas tierras a futuro.
Las negociaciones para conformar la reducción cuyo objetivo era convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e introducirlos como mano de obra barata al capitalismo en su versión agroexportadora, habían sido encabezadas por el misionero franciscano y jefe espiritual de esa misión Ermete Constanzi.
Los indígenas no sólo debían trabajar en las tierras de la reducción sino también en los ingenios azucareros de localidades vecinas o para la guarnición militar de Las Toscas cuyo comandante era Marcos Piedra.
Algunos años más tarde, las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar, con epidemias, abusos físicos, castigos de las autoridades militares y falta de alimentos.
Mientras tanto, los títulos de propiedad seguían haciéndose esperar, sobre todo desde que la reducción pasó a ser parte de la provincia de Santa Fe. El reclamo de esas tierras en favor de los indígenas le costaría la vida incluso 10 años después de la masacre, al propio Ermete Constanzi.
La relación entró definitivamente en crisis durante el verano de 1887 cuando el Ejército nacional raptó una niña indígena para cumplir un pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentino Roca, Rudecindo, que había solicitado le envíen “una chinita” para servidumbre.
La indignación derivó en sublevación de una parte de los reducidos, quienes asesinaron a Piedra y a otro soldado antes de abandonar la misión para internarse en el monte.
En respuesta, el ejército reprimió con dureza fusilando a 16 indígenas _14 hombres, una mujer y un niño_ que no habían participado de la revuelta y permanecían en San Antonio. Durante los siguientes 10 días continuaron los asesinatos, en un número indeterminado.
“Estaban atados, los llevaron a un apartado de la reducción, les hicieron cavar una fosa y ahí mismo los fusilaron. En el sitio donde se cree que fue la masacre se levantó hace 100 años la denominada Cruz Alta y ahí se iniciaron los trabajos de excavación del EAAF”, contó Sánchez.
Mora explicó que la participación del grupo Guías se inició por un pedido de restitución a las comunidades qom de Las Toscas de los restos del cacique Cruz Polvareda asesinado en 1866 que se encontraban en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y que fue cumplido con participación del INAI.
“Con la restitución de su cráneo que estaba contenido en unas colecciones, se pudo hacer un acto conmemorativo y a partir de ese contacto es que las comunidades comenzaron a compartirnos la historia de la masacre que es como una herida abierta. Empezamos a coordinar con ellos, su abogada y con los que sabían algo de esos acontecimientos hasta que en 2019 se presentó la denuncia”, añadió.
Por otro lado, el mismo Juzgado de Resistencia recibió a finales del año pasado la denuncia de otra masacre de un centenar de indígenas moqoi en la reducción franciscana de San Javier, distante 271 kilómetros al sur de San Antonio, en 1904, para un juicio por la verdad.
El pastor evangélico y diputado provincial Walter Ghione cuestionó a la Iglesia Católica que pide ordenar y regular la actividad de trapitos y cuidacoches.
Por Nicolás Maggi