Madrid.- El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no logró sacar hoy adelante una de las medidas más controvertidas de esta Legislatura: la ley de propiedad intelectual, que iba a permitir bajo autorización judicial cerrar páginas web de descargas de música, películas, videojuegos o software.
La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados rechazó esta noche la medida, que inicialmente iba incluida en la ley de economía sostenible, pero finalmente se votó por separado. Todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Socialista (PSOE) de Zapatero votaron en contra de la disposición para evitar la descarga de archivos protegidos por derechos de autor.
Los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU) iban a apoyar inicialmente la medida, concebida para luchar contra la piratería, pero a cambio de su voto presentaron varias exigencias que el Ejecutivo no estuvo dispuesto a asumir.
A lo largo de la jornada de hoy, los socialistas trataron sin éxito de llegar a un acuerdo con CiU para el salvamento de la ley.
El debate parlamentario despertó gran controversia en el país. La apuesta del gobierno de Zapatero por la medida antidescargas, impulsada por la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, desencadenó gran rechazo en España entre los internautas. Ante la inminente votación, las principales páginas de enlaces se autocerraron el domingo para dejar patente su protesta.
Y ayer, distintos foros de internautas llamaron a bloquear las páginas web del Congreso de los Diputados y de varios partidos, entre ellos el PSOE.
En el otro lado se situaron artistas como Alejandro Sanz y Miguel Bosé, que defendieron la necesidad de la medida. “Qué cobardes los políticos españoles, no van a votar la ley Sinde de protección a la propiedad intelectual”, escribió hoy Sanz en su página de Twitter.
“Vaya mi apoyo total e incondicional a la Ley Sinde. Ya era hora. Y mi vergüenza hacia los políticos que intentan canjear nuestros derechos contra otros beneficios que nos lesionan”, manifestó por su parte Bosé en su perfil de Facebook.
La normativa pretendía crear una comisión de Propiedad Intelectual con la potestad de tramitar denuncias y proponer al juez el cierre de webs. (DPA)