Una denuncia por "genocidio en grado de tentativa" fue presentada por comunidades originales del norte salteño contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por permitir la continuidad de los "desmontes", se indicó ayer.

Una denuncia por "genocidio en grado de tentativa" fue presentada por comunidades originales del norte salteño contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por permitir la continuidad de los "desmontes", se indicó ayer.
Los denunciantes afirmaron que "esa política pone en peligro la subsistencia de los habitantes originarios". Sustentaron su denuncia en postulados constitucionales de la Nación y de esa provincia, y en pactos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que reconoce la propiedad de la tierra a sus ocupantes originarios.
En la presentación, formulada ante la policía de Tartagal, dicen que los territorios ubicados sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro "se encuentran sujetos a un programa de desmonte masivo, por parte de particulares, avalados por la autoridad ambiental de la provincia". Así lo afirmaron Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rivero, Roque Miranda y Florentino Pérez, miembros de las comunidades wichi de Sopfwayuk y Hoktek Toi, del departamento San Martín, sobre la ruta nacional 86.
En el texto de la denuncia, aseguraron que "se están realizando nuevas actividades de desmonte sobre una superficie calculada en 10 mil hectáreas". El área que estaría sometida a desmonte abarca las tierras comprendidas entre el paraje Alcoba y la comunidad wichi de Tonono, departamento de Orán. Los wichis recordaron que vienen denunciando la deforestación desde el año 2004.
Del mismo modo, aclararon que "se vienen impugnando los trámites administrativos de permiso de desmonte presentado por particulares ante la ex Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta".
Entre sus argumentos manifiestan su "rotundo rechazo a las presentaciones quienes quieren liquidar el bosque nativo que constituye nuestro modo de vida y la base de nuestra identidad cultural".
"Las autoridades tienen conocimiento de nuestra legítima oposición a la destrucción del medio que por derecho ancestral nos pertenece", indicaron. La semana última miembros de las comunidades de toda la provincia manifestaron en la capital salteña su descontento con las actuales políticas ambientales. "Son una continuidad de la anterior administración, que autorizó desmontes masivos sin contemplar nuestra existencia como habitantes originarios", aseguraron. (DyN)

