Denuncian "inminente colapso pesquero" por exceso de extracción de merluzas

Buenos Aires.- La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) denunció hoy que el país está ante un “inminente colapso pesquero” y reclamó al gobierno nacional  “reducir los cupos para las capturas”, con el fin de evitar un “daño ambiental irreparable”. Las multas son insignificativas y el sistema muy permisivo. Ya hay un 70% menos de merluza.

En ese sentido, sostuvo que la disminución exigida debe estar acompañada por la aplicación de un “registro de reincidencias”  para limitar la “pesca abusiva” ante “multas insignificantes”, y  advirtió que existe en Argentina una “capacidad instalada para la  captura que es superior a la riqueza ictícola”.

Guillermo Cañete, biólogo y coordinador del Programa Marino de  la fundación, dijo a DyN que fueron “positivas” las últimas  declaraciones públicas del juez federal Alfredo López, quien investiga  si presuntas disposiciones “inconstitucionales” del Estado  nacional llevaron a una “situación de colapso” al principal recurso pesquero del país, la merluza hubbsi o común.

El magistrado intervino debido a un recurso de amparo  interpuesto por la Cámara Pesquera Marplatense (CAPEMAR), luego de que  organizaciones ambientalistas denunciaran que “la población adulta de la merluza común, principal especie comercial, se redujo 70 por ciento en los últimos 20 años”.

“Hace un mes, López dijo que era válido el informe presentado en diciembre último por la Auditoría General de la Nación (AGN)”,  destacó Cañete, tras una sentencia del juez que estableció que  “el Estado nacional deberá implementar un plan sustentable e  integral para proteger la merluza hubbsi”.

La AGN, organismo a cargo de Leandro Despouy, denunció que “se  sobrepasaron los niveles autorizados de pesca”.
Detalló que existe “un sistema muy permisivo” y que “el  régimen sancionatorio carece de eficacia, presenta inclusive rasgos de fomentar los incumplimientos habilitando vías de  corrupción evidentes”.

Reveló “diferencias entre los partes (de pescados) en barco y  los partes que se verifican en el desembarco en el puerto”.
La AGN puntualizó que las divergencias detectadas variaban  “entre el 39 y el 300 por ciento”, cuando el margen de tolerancia  es de hasta el 15 por ciento.

“Esto tiene impacto negativo de todo punto de vista, no  solamente impositivo, contable, sino también estadístico y al mismo  tiempo de la atribución de los cupos”, destacó el informe.

Por su parte, Cañete coincidió hoy con la AGN al expresar que  “el empresariado pesquero está en medio de un sistema  sancionatorio permisivo porque las multas son insignificantes en relación al  valor del mercado de la especies que luego comercializan”.

Argumentó que “puede tomar a las sanciones como costos de la  actividad porque pierde valor la multa debido a que tarda como tres  años en aplicarse”.

Asimismo, sostuvo que “tras la implementación de una sanción,  está el derecho a defensa y se activa una maquinaria burocrática  que atenta contra la eficacia del llamado de atención”.

En ese sentido, reclamó al gobierno nacional “reducir los  cupos para las capturas”, con el fin de evitar un “daño ambiental  irreparable ante un inminente colapso pesquero”, y  exigió la “aplicación de un registro de reincidencias” para  limitar la “pesca abusiva”.

Cañete consideró que la reiteración de una infracción debe ser  sancionada con “penas que disuadan a los empresarios, como trabas  para acceder a subsidios o inhabilitaciones para permanecer en  puerto”.