Salta.- Una denuncia por genocidio en grado de tentativa fue presentada por representantes de comunidades aborígenes del norte provincial, contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por permitir la continuidad de los “desmontes masivos”, se informó hoy.
Los denunciantes afirmaron que esa política “pone en peligro la subsistencia de los habitantes originarios”.
Los aborígenes sustentaron su denuncia en postulados constitucionales de la Nación y esta provincia, y pactos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce la propiedad de la tierra a sus ocupantes originarios.
En la presentación, formulada la semana pasada ante la policía de Tartagal y divulgada hoy, se afirma los territorios ubicados sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro “se encuentra sujeto a un programa de desmonte masivo”, por parte de particulares, avalados por la autoridad ambiental de la provincia.
Así lo afirmaron Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rivero, Roque Miranda y Florentino Pérez, como representantes de la comunidades wichi de Sopfwayuk, Chowayuk y Hoktek Toi, asentadas sobre la ruta nacional 86, en el departamento San Martín.
En el texto de la denuncia aseguraron que “se están realizando nuevas actividades de desmonte sobre una superficie calculada en 10 mil hectáreas”.
El área que se encontraría sometida a desmonte abarcaría las tierras comprendidas entre el paraje Alcoba y la Comunidad Wichi de Tonono.
Los representantes aborígenes recordaron que vienen denunciando la deforestación desde el año 2004.
Del mismo modo, aclaran que se vienen impugnando “los trámites administrativos de permiso de desmonte presentado por particulares ante la ex Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta”.
Entre sus argumentos, manifiestan su “rotundo rechazo a las presentaciones quienes quieren liquidar el bosque nativo que constituye nuestro modo de vida y la base de nuestra identidad cultural”.
Los aborígenes acusan al gobierno de no haber escuchado sus reclamos “en abierta violación a nuestros derechos constitucionales y legales”.
Por otra parte, sostienen que “las autoridades ambientales tienen pleno conocimiento de nuestra legítima oposición la destrucción del medio ambiente que nos sostiene —y que por derecho ancestral nos pertenece— como también el impacto negativo que los desmontes tienen para nuestra existencia física y cultural”.
Los denunciantes concluyen que, a pesar de ello, “se han autorizado ilegalmente todo aquello que atenta contra la sostenibilidad del medio ambiente y de supervivencia de quienes lo habitamos, incurriendo así en el delito de genocidio en grado de tentativa”.
La semana anterior, representantes de las comunidades aborígenes de toda la provincia, viajaron a esta capital para manifestar su descontento con las políticas ambientales del actual gobierno.
“Son una continuidad de la anterior administración, que autorizó desmontes masivos sin contemplar nuestra existencia como habitantes originarios”, aseguraron. (DyN)
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