La Corte Suprema nacional revocó hace meses el fallo que había favorecido a Néstor Pavón, uno de los dos condenados. Qué dice la ley Micaela
Foto: La Capital/Virginia Benedetto.
El asesinato de Micaela García en Gualeguay produjo un quiebre normativo en lo que respecta a la perspectiva de género en el Estado. Este martes se cumplió el octavo aniversario del femicidio y se reavivó el reclamo de un segundo juicio en Entre Ríos tras la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner.
La familia de la joven de 21 años demanda un nuevo debate sobre la acusación contra Néstor Roberto Pavón. Se trata de un imputado al que inicialmente declararon culpable de encubrimiento, pero la Fiscalía cree que fue coautor del homicidio perpetrado el 1° de abril de 2017 tras el secuestro y la violación de la víctima.
El reclamo de los investigadores y de la querella tuvo una respuesta favorable a principios de diciembre pasado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la resolución del máximo tribunal provincial que dejaba sin efecto la convocatoria al juicio. Este fallo habilitó la liberación del sospechoso hace más de 4 años.
El primer veredicto sobre el crimen de la estudiante y militante oriunda de Concepción del Uruguay dispuso una pena de 5 años de prisión para Pavón junto con la perpetua que recibió Wagner. La Cámara de Casación de Paraná ordenó que se dicte una nueva sentencia para el primero de ellos, ya que había elementos suficientes para evaluar su participación directa en el hecho y no sólo el encubrimiento.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo una lectura contraria el 31 de julio de 2020 y atendió un pedido de la defensa para revertir la decisión. Ante este revés, la Fiscalía y la querella recurrieron a la Corte Suprema nacional. El último fallo finalmente impulsó la organización de un nuevo juicio al sospechoso. Entre otras cuestiones, la Procuración General advirtió que la sentencia previa en la provincia litoraleña no tuvo en cuenta lo establecido en la ley Micaela, dictada a raíz de este caso y vigente desde el 10 de enero de 2019.
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Los cambios normativos de los últimos años abren un escenario diferente para llevar a Pavón al banquillo. El próximo juicio deberá realizarse con un jurado popular, un sistema adoptado en Entre Rìos después de la primera condena.
De acuerdo a la hipótesis de los fiscales, los sospechosos actuaron en forma conjunta la noche de la desaparición de la joven. El dueño del lavadero de autos donde trabajaba Wagner lo ayudó a limpiar el auto con el que trasladaron el cadáver y le dio dinero en efectivo para colaborar con la huida hacia Buenos Aires.
La ley nacional 27.499 se sancionó para dictar capacitaciones obligatoria en género y violencia de género dentro de los tres poderes del Estado. Esta definición incluye a todas las personas ejercen funciones públicas en cualquier nivel y jerarquías.
La normativa lleva el nombre de Micaela García porque Wagner estaba en libertad condicional tras una condena por abuso sexual. El femicidio de la militante del movimiento Ni Una Menos expuso fallas graves en la perspectiva de la evaluación de la Justicia sobre la situación del asesino cuando estaba cumpliendo la pena tras las rejas.
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