"Vamos a plantear a las comunas constituir un comité pesquero regional", adelantó el asesor del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Gaspar Borra, quien tendrá a su cargo conducir el encuentro entre los representantes comunales para aportar una solución a la "guerra del pejerrey" que se generó entre las poblaciones de Diego de Alvear y San Gregorio, en la cuenca de la laguna La Picasa, en el extremo sur de Santa Fe. La reunión, que contará con la presencia de los presidentes comunales de San Gregorio, Lisandro Travieso; de Diego de Alvear, Enrique Sagardia y de Aarón Castellanos, Walter Ramanzín, se realizará el viernes próximo al mediodía en la sede de Casa de Gobierno en Rosario.
El adelanto de cómo será la gestión del gobierno provincial ante la problemática que se desató a partir de la aplicación de una ordenanza comunal que reguló la pesca en Diego de Alvear, alimenta la esperanza de todos los actores involucrados -locales y de poblaciones vecinas- que vieron amenazada su actividad ante la flamante normativa. Esta estableció un régimen de pesca para la actividad comercial que puede desarrollarse de lunes a viernes y para la deportiva que, en cambio, se dará sábados, domingos y feriados. También estableció un cupo de piezas por pescador y las medidas reglamentarias de los ejemplares para su extracción o devolución.
La ordenanza generó el rechazo de comerciantes, restauranteros, hoteleros, cabañeros y de todos los que brindan servicios para el movimiento turístico que originó la actividad en los últimos tiempos, fundamentalmente por la restricción que se impuso a la pesca deportiva con cañas que se restringió de siete a dos días a la semana.
"Lo que está ocurriendo en esa zona se da cuando no hay un manejo integrado de cuenca y cada comuna pretende asignar los usos de la pesca comercial o deportiva sin tener una visión integral y de conjunto", explicó Borra a La Capital y añadió que "ese es un punto clave, la laguna es una, el recurso es uno y la gestión necesariamente tiene que ser compartida. No se puede experimentar una laguna con jurisdicciones porque obviamente los peces, en este caso el pejerrey, no reconoce los límites comunales".
La pesca deportiva se realizaba durante toda la semana. A partir de la ordenanza de Diego de Alvear quedó limitada a sábados, domingos y feriados.
Luego de interiorizarse de los pormenores de la problemática, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, tomó la decisión de intervenir con su equipo para arribar rápidamente a una solución. El abordaje que propone entonces el Estado provincial sobre el tema es reunir a los tres actores principales. "San Gregorio no es costero, pero desarrolló una infraestructura hotelera, turística, de venta de carnada y restaurantes, entre otros rubros, muy importante. Según la información que tenemos tiene unas 200 plazas para albergue y eso demuestra la importancia que tiene la pesca deportiva para esa localidad. Además, tienen filieteadores y algunas familias de pescadores", detalló Borra y precisó que "Diego de Alvear, en cambio, tiene un número bastante mayor de de pescadores comerciales y también la dualidad de practicar la pesca comercial y la deportiva".
Hay una resolución (Nº 83/2010) que se dictó -cuando aún no era el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático sino Secretaría de Medio Ambiente- y actualmente rige. "Tuvo la virtud de unificar y regular en un solo cuerpo normativo la pesca comercial y deportiva, pero consideramos que, si bien fue un abordaje interesante, adolece de esta condición: permite que cada comuna o municipio en particular haga una regulación, pero sin un abordaje de cuenca necesario ante estos casos", consideró el funcionario.
En un análisis de las características del conflicto dijo que "Vemos un aspecto positivo y es que todos los actores manifiestan su propósito de proteger al recurso. Ellos saben que por un fenómeno natural como fue el creciente nivel de agua de la laguna La Picasa y la salinidad que extendió sobre sus suelos adyacentes hizo que se diera un cambio de uso de los suelos que antes eran ganaderos o agrarios. Hoy hay peces y esa modificación que se dio en las últimas décadas hace que los diversos actores sean conscientes de que existe la necesidad de regular para que no sea pan para hoy y hambre para mañana".
A la concordancia en la necesidad de preservar el recurso desde la provincia lo valoran positivamente porque permitirá a todos los actores del sistema dar un salto de calidad. "En definitiva lo que vamos a plantear a las comunas es constituir un comité pesquero regional, algo que está previsto en el artículo Nº 75 de la ley de pesca de la provincia (Nª 12212). Esto tiene una gran ventaja porque incluiría no solo a las autoridades comunales sino a los representantes de los otros sectores que intervienen como los pescadores comerciales, los deportivos y alguna ONG que esté interviniendo en el tema. Eso genera un ámbito participativo y deliberativo para que se adopten resoluciones y se regule el recurso compartido", explicó Borra.
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"Pensamos que la hoja de ruta que trazamos -prosiguió- pasa por escucharlos a todos. Tuvimos contactos individuales, pero ahora todos deben sentarse a una misma mesa. Está clara la preocupación por proteger el recurso compartido y pretendemos que se tome la decisión de llevar adelante una gestión conjunta. Si una comuna practica la pesca deportiva y la otra pesca comercial indiscriminada el recurso se afecta igualmente. Entonces, la intención de regular ese recurso compartido trasciende la competencia comunal".
Las infracciones
Todas las multas ante infracciones en la provincia están regidas por la ley de pesca que tradicionalmente se asentó sobre la cuenca del río Paraná, la más importante. La de La Picasa no tenía hasta 2010 una regulación particular y para ello se dictó la resolución Nº 83/201 que es la que tiene vigencia, pero establece que cada comuna pueda regular parcialmente la pesca comercial y deportiva. "Sin embargo, hace falta dar un paso importante hacia adelante ante este conflicto y adoptar la decisión de crear un espacio para una regulación en conjunto", insistió Borra y afirmó que "los recursos que son compartidos de forma natural deben ser regulados, para que sean sustentables, en forma compartida. De poco sirve ser restrictivos en una jurisdicción si la otra no lo es, justamente porque los peces no reconocen límites jurisdiccionales".
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"Con los actores en juego, que no son solamente los jefes comunales y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, sino también el sector cabañero, los pescadores deportivos y comerciales, entre otros, pensamos que el comité pesquero regional puede aportar una solución adecuada para regular el conjunto y brindar un uso sustentable de la laguna. Fundamentalmente garantizar que las condiciones actuales, que se transformaron en una fuente de trabajo muy importante para la zona, perduren en el tiempo", dijo el asesor ministerial.
Estudios biológicos
El funcionario anticipó que se desarrollarán estudios biológicos en la laguna que hace mucho tiempo que no se realizan. "Estos estudios son claves para saber qué hay en el ecosistema y determinar qué presión de pesca se puede aplicar sobre el espejo de agua. Estos trabajos son fundamentales pero la clave es la gestión que se haga de todo el sistema. El estudio biológico aporta una foto en un momento determinado y, si bien es importante tenerlos para tomar información con base científica, el sistema es variable como todo recurso natural. El aspecto clave es tener una gestión de la cuenca que permita que el recurso oscile naturalmente pero que se mantenga en el tiempo.
Optimismo
"Somos optimistas porque detectamos el interés y la necesidad común de regular este verdadero recurso que está generando un impacto positivo en toda la zona y que todos los actores que intervienen saben que si se actúa de forma individual y descoordinada esto no perdurará en el tiempo", concluyó el funcionario.
