El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó este martes -en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer- una ley que endurece las penas de cárcel por aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual. La aprobación ocurrió en la víspera de que el presidente, Alejandro Giammattei, declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida. La izquierda guatemalteca expresó duras críticas contra la norma por "criminalizar" a las mujeres y quitarles derechos a los homosexuales.
Mientras los países avanzan en el reconocimiento de derechos a las disidencias sexuales y se aprueban cada vez más normas que habilitan la interrupción del embarazo como en Argentina (Nº 27.610 del 30 de diciembre de 2020), países como Guatemala atrasan. La norma que criminaliza al aborto fue aprobada por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo 8 legisladores de 160 votaron en contra.
La "Ley para la Protección de la Vida y la Familia" sanciona con hasta diez años de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause". En la ley actual la pena máxima es de tres años.
El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de esta, delito considerado como un "aborto calificado".
"Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca", dijo el diputado Armando Castillo del partido VIVA (derecha), una voz masculina impulsora de la norma.
La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala.
Igualmente "prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer".
Críticas
"Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso", advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.
"Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio", añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
Hernández añadió que la ley provocará el "estigma" y la "intolerancia" hacia las personas diversas y que "a todas luces es inconstitucional".
"No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios", afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
