Por Marcelo Alvarez
El mundo está embarcado en una indispensable transición energética hacia la descarbonización. La necesidad de catalizar este proceso dió origen a las políticas de las 5D = Descarbonización + Diversificación + Descentralización + Digitalización + Democratización.
Este proceso no solo es indispensable para mitigar los efectos del cambio climático, lo que debería resultar causa suficiente, sino que es una oportunidad por aprovechar para aumentar la competitividad de nuestra economía. La huella de carbono y la intensidad energética se constituirán en barreras paraarancelarias para nuestras exportaciones, más temprano que tarde, y si bien en términos absolutos, las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina representan menos del 0,7 de las globales, en términos relativos estamos alrededor de un 60% por arriba de la media per cápita de la región. Cuanto más tempranamente (o mejor dicho, menos tardíamente) demos los pasos necesarios para bajar estos indicadores, más barata resultará la transición. Si no resultara suficiente la responsabilidad global y transgeneracional, al menos hagámoslo porque es económicamente conveniente en el sentido clásico…
Construir un documento que presente la demanda del sector privado y sea la base de un proyecto de ley de transición energética al nuevo gobierno (poder ejecutivo y poder legislativo) es un iniciativa que impulsada por la Cámara Argentina de Energía Renovable (CADER), está involucrando a todas las instituciones destacadas del sector con el objetivo de presentar un documento que proponga una política sectorial para los próximos 20 años, con fuerte foco en el primer periodo, de tal manera que constituya el borrador de una nueva y necesaria ley de transición energética. ¿Por qué necesaria? Porque el marco regulatorio actual es contradictorio, insuficiente y sin objetivos mensurables cuantificados de corto, mediano y largo plazo. De tener el consenso para impulsar una ley así, tendríamos un instrumento necesario (pero no suficiente) para poder acceder al financiamiento de la transformación necesaria
Asociada a esta nueva ley de transición es muy importante generar, por consenso mayoritario del sector y la sociedad civil, una hoja de ruta que establezca senderos y metas cuantitativas y verificables anualmente que den certidumbre a todos los interesados, inversores, empresas locales e internacionales, autoridades nacionales, provinciales y municipales, el sector de C&T, a la sociedad civil. Por supuesto que, como pasa en varios países que tienen un instrumento similar, el mismo es revisable a la luz de las curvas de aprendizaje de cada una de las tecnologías de generación eléctrica, de manera tal, de no convertirse en un corsé, que tenga el resultado opuesto al buscado, debe constituirse en la referencia para las inversiones y la dirección para la formación de los recursos humanos locales requeridos para el proceso.
Un debate por saldar es el rol del gas en la transición. No cabe duda sobre que tiene y tendrá un rol en la misma. El debate es cuál es ese rol, la duda es, el gas debe cubrir todo el mercado que pueda por el tiempo que pueda o debe ser el complemento de la expansión de fuentes renovables cubriendo solo lo que estás no puedan cubrir en tiempo y forma.
Es útil para encarar esta discusión el caso de estudio de Argentina que desarrolló el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) en su documento: “Is Natural Gas a Good Investment for Latin America and the Caribbean? From Economic to Employment and Climate Impacts of the Power Sector” en este estudio se concluye que el escenario Tendencial (BAU por su acrónimo en Inglés: Business as Usual) tendría un costo de usd 263.000 con un aumento de emisiones de más del doble respecto de 2019.
El escenario del gas natural supondría una reducción del 6% respecto del escenario BAU a 2050, con una reducción de costos de usd 14.000 con una creación de empleo de 13.000 puestos a 2030 y ausencia de creación adicional a 2050.
Mientras tanto, para el escenario intensivo en renovables, se reducirían las emisiones en un 59% (comparado con el BAU) ahorraría usd 31.000 y crearía usd 133.000 empleos que aumentarían a 149.000 si parte de la cadena de valor se hace localmente
Destacado: En síntesis: el escenario intensivo en renovables es más barato, genera más empleo y obviamente baja más las emisiones. “Solo” hay que desarrollar una estrategia para poder financiarlo
A partir de estas conclusiones, es necesario concentrarnos en la demanda de capital de forma intensiva por estas fuentes, que está por sobre las posibilidades de producción de divisas de nuestra economía. Entonces, el camino más inteligente es buscar financiamiento internacional climático mediante un marco regulatorio sólido y una hoja de ruta creíble.
Dos tecnologías tendrán un peso relativo creciente: una, en el muy corto plazo, el almacenamiento de energía clave para poder regular la oferta de fuentes variables como lo son eólica y solar; y otra más en el mediano plazo, como el Hidrógeno, que le permitirá a la Argentina (de sentar las bases de forma eficiente y hacerlo desde ahora) ser exportadora neta energía y mejorar su balance comercial de divisas en el futuro.
En esta nueva administración del país, se ha anunciado una política de mercado que arbitre la competencia de las distintas fuentes, renovables y no renovables, por precio de mercado. Aunque no parece adecuado en el marco de la transición, que este sea el único criterio o el excluyente, para varias de las tecnologías renovables, encabezadas por eólica y solar, es una buena noticia siempre y cuando las cuentas se hagan explicitando subsidios y costos hundidos de las fuentes fósiles. Está claro que para que estas tecnologías sean más competitivas es función directa del costo del financiamiento y este depende de la macroeconomía argentina. Como el riesgo país, de mejorar, lo hará probablemente lentamente, la oportunidad para argentina es el financiamiento climático. Para poder incrementar los fondos multilaterales a tasa y periodo de repago adecuados para el sector, nuestro país debería contar con la ley de transición y la mencionada hoja de ruta asociada, que muestre que el compromiso con la estrategia de mitigación no es ocasional, sino que es una política de estado sostenida en el tiempo.
La última semana tuvo lugar en Dubái (EAU) la Conferencia de las Partes en Cambio Climático (COP UNFCCC). Allí se discutió cómo adoptar una agenda universal de lucha contra el cambio climático mediante la mitigación y adaptación. Las responsabilidades son compartidas pero diferenciadas. Argentina tiene allí la oportunidad de acceder a financiamiento más adecuado tanto en tasa de interés como en periodo de repago, para ello debe presentar el año próximo su nuevo NDC (compromiso nacional determinado, por sus iniciales en inglés) y adoptar la ya mencionada hoja de ruta nacional (si es en el marco jurídico de una ley de transición, tanto mejor para su credibilidad)
En esta ocasión se ha firmado un acuerdo que establece una nueva meta para 2030 a escala global con responsabilidad nacional individual que fija como objetivo triplicar la participación de la energía renovable y duplicar la eficiencia energética. Este objetivo aunque todavía insuficiente para cumplir con los objetivos del acuerdo de París y mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 C.
Nuestro país fue uno de los 118 países signatarios del acuerdo, lo que es una buena noticia (aunque el saliente Presidente Fernández no estaba seguro de firmarlo, la Secretaria Nicolini impulsó la firma). Este compromiso sólo será uno más de los incumplidos por Argentina de no mediar una política activa que posibilite la construcción de la infraestructura de transporte eléctrica necesaria para poder triplicar la capacidad instalada actual en el país.
Un tema por resolver a escala global, que por supuesto incluye a nuestro mercado, es el diseño de un nuevo esquema de administración y remuneración de la energía eléctrica. El modelo marginalista fue desarrollado para fuentes del siglo XX. La guerra de Ucrania puso de manifiesto su vulnerabilidad, fuera del equilibrio y que no es igual de eficiente para optimizar fuentes variables como solar o eólica. Un modelo que incluya el almacenamiento y la gestión justa de las inversiones es necesario para evitar la sobre inversión en materia de potencia de respaldo de continuar usando el viejo modelo.
Argentina tiene la oportunidad de encarar la recuperación económica, dando impulso a la generación de energía renovable (en todas sus formas, tanto parques como distribuida) mediante fuentes de energía limpia, promoviendo con ello, la creación de empleo pyme local y catalizando la activación de las economías regionales. Para aprovechar esta oportunidad es esencial el trabajo mancomunado del estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) y el sector privado
El marco regulatorio actual, aunque mejorable mediante el mencionado proyecto de transición energética, es lo suficientemente claro y potente para impulsar el sector en el corto plazo. Es deseable aprender de la experiencia de tanto nuestros vecinos regionales (Brasil, Uruguay, Chile), como de los países industrializados. Solo por citar algunos números de referencia, nuestro socio y vecino Brasil, hablando exclusivamente de energía solar fotovoltaica, ha invertido, en el último lustro, más de 170 billones de reales, instalando más de 35.000 MWp y creando más de 1.000.000 nuevos empleos.
La generación distribuida no solo reduce pérdidas en el transporte y distribución, sino que transforma el rol ciudadano de mero consumidor a generador/consumidor o “prosumidor” que no solo resulta virtuoso desde el lado de la oferta de energía, sino que tiene impacto positivo en la racionalización de la demanda. En los países que llevan más a años con estos marcos regulatorios, se ha verificado que el usuario residencial mejora su eficiencia en virtud de “acomodar” su demanda horaria en función de la optimización del balance económico entre la energía que autoconsume y la energía excedente que inyecta en la red de la distribuidora.
La eliminación de los subsidios a la oferta de electricidad (debería ser combinada con un subsidio a la demanda del sector más vulnerable para evitar empujarlo a la pobreza energética) va a sincerar el precio de la energía residencial y será impulsor del autoconsumo renovable por motivos económicos, ya no solo ambientales. Un caso para tener en cuenta es el de la provincia de Córdoba, que concentra casi el 50% de toda la generación distribuida a nivel nacional (en el marco de Ley Nacional 27.424) principalmente por tres motivos: tarifas que representan mejor los costos reales de la energía, financiamiento en pesos de Bancor y el modelo de generación comunitaria que permite la asociatividad entre usuarios de la misma distribuidora en el autoconsumo y venta de eventuales excedentes. Como resultado de estas razones, la recuperación de la inversión en Córdoba es tres veces más rápida que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por todo lo expuesto creo que tenemos una gran oportunidad de catalizar el proceso de transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible, y a la vez más barata y generadora de empleo local que las alternativas basadas en fósiles. Para ello es importante poner este debate en el centro de la escena, involucrando a todos los interesados, y abordarlo mirando todas las dimensiones del problema (creación de empleo, cadena de valor local, impacto en las economías regionales, diversificación, descentralización, seguridad energética, inclusión, transición justa) evitando reduccionismos que solo vean el precio de mercado presente. El estado debe “marcar la cancha” consistentemente con sus compromisos internacionales, para que los privados compitan y con una agenda local propia (si no es propia, lo es de alguien más) impulsar una transformación impostergable, que de retrasarse, solo se hará más cara y recortará competitividad a nuestra ya castigada economía.
Por Marcelo Alvarez, Director en Coral Energía (Grupo Iraola), Secretario del Global Solar Council y Ex Presidente CADER
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