Mientras Perú continuaba sacudido por masivas y violentas protestas de los seguidores del ex presidente Pedro Castillo, el Congreso debatía la aprobación del adelanto de las elecciones generales para 2024 que pidió la presidenta interina, Dina Boluarte. Antes de que se iniciara el debate parlamentario, la mandataria comentó: "De aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo". Se esperaba a la vez el fallo de un juez sobre la condición de Castillo, quien está detenido desde el miércoles 7 de diciembre, cuando intentó disolver el Congreso que se aprestaba a destituirlo. Su maniobra falló y resultó detenido bajo cargos de "rebelión". Las bases de Castillo en el interior andino reaccionaron con una ola masiva de protestas, y este jueves decretaron "huelga general". El movimiento es masivo en las zonas que responden al ex mandatario, pero no en la región de Lima, donde nunca fue popular.
“Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo”, dijo la presidenta interina Dina Boluarte. Boluarte asumió luego de la destitución de Castillo por el Congreso. Hasta ese momento era su vicepresidenta.
La mandataria indicó, además, que "ni la violencia ni el radicalismo" acabarán con su gobierno en referencia a las protestas que se realizan en regiones del interior del país. “Ni la violencia ni el radicalismo acabará con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo; sino para la valentía, unidad y esperanza de un país que merece más de sus políticos. Por eso, atendiendo el reclamo de los ciudadanos, quiero ratificar la propuesta de mi gobierno en adelantar las elecciones” a 2024 en lugar de 2026, apuntó la presidenta. La mandataria asumió en principio para completar el mandato de Castillo, de 5 años e iniciado en 2021.
¿2024 o 2023?
A inicios de mes, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen para el adelanto de las elecciones al 2023, mientras que el gobierno presentó el lunes un proyecto, pero mirando al 2024. Sin embargo, la presidenta Boluarte señaló este miércoles que el proceso electoral podría adelantarse para diciembre de 2023. "Los tiempos calzarían para abril de 2024; sin embargo, haciendo reajustes, se podría adelantar a diciembre de 2023, antes de esta fecha, legalmente, no calzaría. Tenemos que caminar dentro del marco legal", comentó la presidenta interina.
Mientras la mandataria brindaba este jueves su discurso, el pleno del Congreso iniciaba el debate de proyectos de adelanto de elecciones que promueven diversos congresistas. Durante la sesión plenaria de este jueves se convocó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, con el objetivo de que brinde su opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones que formuló el Ejecutivo, así como el dictamen que se aprobó en la Comisión de Constitución.
El miércoles, Boluarte declaró el estado de "emergencia nacional", ante el incremento de protestas violentas y bloqueos de rutas. Quedaron suspendidos por 30 días los derechos fundamentales y se movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones. Una semana de protestas sumaba este jueves ocho muertos y cientos de heridos. Cinco de los fallecidos son de la ciudad andina de Andahuaylas. Esa población amaneció este jueves con policías armados de fusiles resguardando la sede policial.
Pese al estado de emergencia, no se observaba presencia de soldados del Ejército en las calles, pero la víspera patrullaron camionetas blancas con soldados armados por algunas calles de Andahuaylas. Los caminos de salida de la ciudad están bloqueados y el terminal terrestre de buses y taxis, vacío por temor a las protestas. Algunos comerciantes limpiaban las calles llenas de piedras y de cenizas de neumáticos quemados, pero tenían previsto cerrar sus tiendas temprano por la mañana ante las fuertes protestas impulsadas por campesinos de las aldeas rurales cercanas.
El caso judicial
En audiencia, convocada para el miércoles y aplazada al jueves, la Fiscalía y la defensa de Castillo expusieron sus argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley sobre si hay motivos para que el mandatario se mantenga en prisión preventiva.
Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita ante el juez fue asumida por un abogado de oficio. El abogado acreditado del exgobernante, Ronald Atencio, explicó a The Associated Press que no participa en la audiencia porque considera que "no existen mínimas garantías'' y que el procedimiento contra Castillo se sigue tras una destitución que incumple las leyes.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo. El miércoles pasado, Castillo fue detenido cuando al parecer planeaba dirigirse a la embajada mexicana. Agregó que entre los daños al Estado deben contemplarse los efectos del mensaje del exmandatario, "las preocupantes consecuencias del intento de golpe'', dijo, así como las protestas violentas sobrevenidas tras su destitución. El abogado de oficio que asumió la defensa de Castillo, Ítalo Díaz, adujo que no hubo rebelión porque Castillo no se alzó en armas y que tampoco hay peligro de que el procesado obstaculice la investigación de Fiscalía porque ya no es presidente. Sobre el asilo, matizó que la mención del canciller de México no implica que Castillo lo haya pedido.
El juez Checkley replicó que “se debe tomar en cuenta las nuevas formas que se ejercen por fuerzas totalitarias” para cometer el delito de rebelión, al tratarse de un jefe de Estado. Respondió así a la defensa de Pedro Castillo. La audiencia continuaba y no se veían visos de una resolución inmediata.
Tensión internacional
La Cancillería de Perú llamó este jueves a consulta a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, luego de la postura que asumieron esos países tras la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia.
“En la fecha, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en reacción a la intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las autoridades de los aludidos países”, anunció la canciller Ana Cecilia Gervasi.
El miércoles de la semana pasada, horas después de que el Congreso decidiera la salida de Castillo del Palacio de Pizarro y tomara juramento a Dina Boluarte en su lugar, Colombia, Argentina, Bolivia y México se pronunciaron a favor del “respeto a la voluntad popular”. También exhortaron a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Una fuente de la Cancillería argentina dijo a Télam que la Argentina “fue uno de los primeros países en expresar su preocupación por la profunda crisis política ocurrida en Perú la semana pasada. Desde el comienzo de la crisis, la República Argentina reclama el respeto del orden constitucional y las instituciones democráticas, con base en la observancia de las normas y procedimientos previstos para estos casos en la propia Constitución peruana, en un contexto que tiene que ser conducido por los propios peruanos”, añadió.
En un acto en Palacio Torre Tagle, sede de relaciones Exteriores de Perú, Gervasi lamentó que el comunicado de los cuatro países haya cuestionado una sucesión presidencial “realizada en estricto apego a la Constitución del Perú”.
Dijo, además, que la queja “no se condice con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países”. La diplomática adelantó, igualmente, que Perú seguirá “dando muestras de su amplia voluntad para profundizar el diálogo, siempre en el marco del respeto mutuo y de la plena vigencia del derecho internacional”, reseñaron el sitio del diario El Comercio y la emisora RPP.
La canciller de Chile, Antonia Urrejola, anunció el apoyo del gobierno de Gabriel Boric a l gobierno de Boluarte, en una reunión con su homóloga de Perú, Ana Cecilia Gervasi. “Agradezco el apoyo del gobierno de Chile a la asunción de mando constitucional de la presidenta Boluarte expresado por la canciller Antonia Urrejola, quien me manifestó su posición crítica a la ruptura del orden democrático ocurrida el 7 de diciembre”, manifestó Gervasi, de acuerdo a una publicación del diario El Peruano. Pero no hubo confirmación del lado chileno de esta presunta adhesión, aunque sí existió la reunión, de por sí un tácito reconocimiento. Chile no firmó el documento enarbolado por México, Colombia, Argentina y Bolivia.
Los representantes en Lima de Uruguay, Francisco Bustillo; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; y Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, también manifestaron su apoyo a la transición. Gervasi también señaló que, en reunión con el embajador de Canadá, Louis Marcotte, le reiteró el agradecimiento por el "compromiso de su país para trabajar con la presidenta Dina Boluarte" en el “fortalecimiento de la democracia y la paz social en pleno respeto de DDHH y el Estado de derecho”. Finalmente, la canciller peruana se reunió con Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos, y le agradeció su apoyo a Boluarte en un diálogo desarrollado en el Palacio de Torre Tagle, en Lima.
