El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori respondieron ayer a preguntas de la fiscalía por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, ojo de un escándalo de corrupción que ha remecido a la región. Las declaraciones se realizaron poco antes de una protesta en rechazo al indulto del ex presidente Alberto Fujimori, padre de Keiko y sentenciado a 25 años de prisión por asesinato, cuya reciente excarcelación es percibida como un "canje político" para evitar la destitución de Kuczynski.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro abandonó la casa presidencial tras interrogar por cuatro horas a Kuczynski por el pago de más de 782.000 dólares que Odebrecht realizó a su consultora financiera Westfield Capital mientras el mandatario era primer ministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Según la ley, Kuczynski no puede ser acusado hasta que concluya su mandato en 2021 pero sí puede ser convocado como testigo para que aclare los vínculos de su empresa con la gigante brasileña de la construcción, que admitió haber sobornado a funcionarios peruanos para obtener jugosos contratos.
Kuczynski negó ilegalidades en las asesorías de sus empresas a Odebrecht y pidió levantar su secreto bancario. Es la segunda vez que el presidente declara ante la fiscalía por el mismo caso. El 31 de marzo, el fiscal Castro lo interrogó durante tres horas. La investigación, que se inició en diciembre de 2016, tomó nuevos bríos el 13 de diciembre cuando Odebrecht reveló que había pagado 782.207 dólares a una empresa de Kuczynski por asesorías mientras era ministro del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). También pagó más de cuatro millones de dólares a una firma del socio del mandatario.
El interrogatorio se iba a realizar hace una semana pero fue suspendido por la sesión en el Parlamento en la que el partido Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori buscó destituir a Kuczynski por los vínculos de la empresa del mandatario y Odebrecht. Al final el presidente se salvó gracias a que una facción minoritaria del partido fujimorista se abstuvo de votar por su destitución. Tres días después Kuczynski indultó a Fujimori (1990-2000). El legislador Kenji Fujimori, el hijo menor y quien dirige el ala minoritaria de Fuerza Popular, había anunciado que su mayor objetivo político era lograr la excarcelación de su padre, condenado por el asesinato de 25 peruanos durante sus dos mandatos.
En tanto, Keiko Fujimori respondió por más de cinco horas ante el fiscal Domingo Pérez por supuesto lavado de activos luego de que investigadores brasileños hallaran una anotación en el celular de Marcelo Odebrecht con la frase "aumentar Keiko para 500" escrita antes de los comicios presidenciales de 2011 en los que Fujimori fue derrotada por Ollanta Humala. Marcelo Odebrecht dijo a la fiscalía peruana que su compañía habría dado dinero a Fujimori, sin ofrecer más detalles. Rodeada por agentes de seguridad que la protegían y simpatizantes que la alentaban, la líder de Fuerza Popular (FP) abandonó la fiscalía y no hizo declaraciones. Fujimori negó que ella o su partido recibieran dinero de Odebrecht. La hija del indultado ex presidente perdió las presidenciales de 2016 ante Kuczynski pero logró acrecentar el poder de su partido tras ganar 71 de las 130 sillas del Parlamento unicameral.
Como en otros países de la región el caso Odebrecht provocó una profunda crisis en Perú que salpicó a todos los presidentes y líderes políticos importantes desde el 2000. Sobre Toledo pesa una orden de captura internacional, Alan García (2006-2011) está bajo investigación por soborno y Humala (2011-2016) está en prisión provisional por 18 meses.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisará en febrero el estado en que se halla el proceso sobre las dos masacres cuya autoría mediata se atribuye al ex presidente Fujimori, informaron ayer los abogados de las familias de las 25 víctimas. El penalista Carlos Rivera mostró documentos que confirman que la Corte IDH citó a las partes para el 2 de febrero para revisar el caso dentro de las audiencias anuales del tribunal, que se celebrarán en San José de Costa Rica.
Según los juristas peruanos, el estudio de los casos podría llevar a que la Corte IDH, cuyos fallos son vinculantes para el Perú, decida revertir el indulto que le concedió el domingo el presidente. "Lo que vamos a hacer es exponerle a la Corte cómo esta medida de libertad de una persona bajo un canje político mella totalmente el derecho a las víctimas da tener verdad y justicia", dijo otra de las abogadas de los deudos, Gloria Cano.
Los familiares recurrieron a la Corte IDH porque el Perú es signatario de acuerdos interamericanos que limitan el derecho de indulto para personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.
