Manifestantes protestan contra el presidente español Pedro Sánchez y su ley de amnistía frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió un duro revés en el Congreso con el rechazo del proyecto de ley de amnistía para los independentistas catalanes, un golpe que evidenció la fragilidad de sus apoyos apenas dos meses después de haber sido reelegido y que lo pone en situación de debilidad cuando quedan por delante temas que hacen a la gobernabilidad.
Hasta la semana pasada se preveía que la votación sería un plácido trámite que una vez aprobado concluiría con el retiro de los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
El radical cambio en el panorama parlamentario sobrevino luego de las dos nuevas denuncias que refuerzan el cerco sobre el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo y por atentar contra intereses vitales de España, dos delitos que están ahora fuera de la amnistía.
Paradójicamente, la derrota del oficialismo se debió al voto en contra del partido Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya) de Puigdemont, que consideró que la medida no blindaba lo suficiente a los separatistas ante todos los nuevos delitos que se les puede imputar.
"La humillación es constante. Cada votación es un calvario" para Sánchez", comentó el líder opositor del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien fue el más votado en las elecciones, pero no obtuvo los apoyos necesarios en el Parlamento para lograr la investidura, lo que permitió a Sánchez su reelección.
Para ser investido, el mandatario del Partido Socialista Español (PSOE) forjó un laborioso acuerdo con grupos regionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco. El más trascendental fue el que logró con los catalanes de Esquerra Republicana (ERC) y, sobre todo, con Junts, para el que el PSOE tuvo que negociar abiertamente con el expresidente catalán Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar un intento fallido de secesión de Cataluña en 2017.
Puigdemont aceptó, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez, y a cambio obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados, que debería permitirle regresar a España. El tratamiento en el parlamento de dicha norma clave llegó hoy, pero no hubo conformidad entre todos los aliados del oficialismo para su aprobación.
En principio, el proyecto de ley del oficialismo beneficiaba a Puigdemont, que era presidente regional catalán en el momento del levantamiento independentista de 2017. La idea era que la iniciativa le permitiera volver a España, luego de más de seis años de instalarse en Bélgica, eludiendo a la justicia española.
Sin embargo, Junts mostró dudas después de que dos jueces de Madrid y Barcelona pidieran ayer prolongar la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña.
Los supuestos contactos con Moscú podrían costarle a Puigdemont una imputación por "traición", un cargo que no quedaría cubierto por la amnistía.
Por eso, Junts exigía a los socialistas que votaran a favor de unas enmiendas destinadas a contrarrestar las decisiones de los dos jueces conocidas ayer.
Antes de la votación, Junts afirmó a través de un comunicado que no apoyarían el dictamen de la ley si los socialistas no se pliegan a sus exigencias de blindarla ante presumibles intentos de "boicot" por parte de los "estamentos judiciales".
Finalmente, y ante la negativa de los socialistas, los siete diputados de Junts votaron en contra del proyecto de ley, que recibió 171 votos a favor y 179 votos en contra. La ley tiene que garantizar que sea una "amnistía integral" que "no deje a nadie atrás", advirtió antes de la votación desde la tribuna Míriam Nogueras, diputada de Junts.
Pero es "incomprensible que Junts haya votado en contra", al igual que la derecha y la extrema derecha, quienes "quieren encarcelarlos e ilegalizarlos", dijo de su lado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien pidió al partido independentista "que reconsidere su posición".
El segundo frente judicial que amenaza a Puigdemont es el de la misteriosa organización Tsunami Democrático, que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas, y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona. En este caso, el juez Manuel García Castellón estima que Puigdemont es sospechoso de haber cometido delitos de terrorismo al dirigir esta organización en las sombras.
En respuesta, los socialistas ya se vieron obligados la semana pasada a ponerse de acuerdo con los independentistas en la redacción de una enmienda para que la ley de amnistía proteja a los separatistas acusados de terrorismo, a condición de que no cometieran "violaciones graves de derechos humanos".
De todas maneras, no es el fin de la polémica en torno al proyecto de ley, que volverá a una comisión parlamentaria donde puede ser modificada para un posterior nuevo voto. Aunque la ley de amnistía fuera aprobada por el Congreso en una fecha futura, será apenas el primer obstáculo superado. El PP prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto de ley por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta.
Para ello, ya modificó el reglamento de la cámara alta y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará a Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva. El gobierno "ha cambiado impunidad por poder", y representa "la peor versión de la política", lanzó Núñez Feijóo en una manifestación en el centro de Madrid contra esta amnistía, a la que acudieron 45.000 personas.
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Por Nicolás Maggi
