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La Fiscalía General pidió al Supremo que investigue a Bolsonaro por el delito de prevaricación.
La Fiscalía General de la República de Brasil le pidió al Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema), la máxima corte de justicia, abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro por el escándalo de la sobrefacturación en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud. Bolsonaro sufre una fuerte caída de su popularidad por su mala gestión de la pandemia y el medio millón de fallecidos que registra Brasil por el Covid-19.
El pedido apunta a determinar si Bolsonaro cometió el delito de prevaricato, es decir, si no ordenó investigar corrupción luego de haber sido informado del asunto por el diputado Luiz Miranda, uno de sus aliados, el 20 de marzo pasado.
La solicitud fue hecha por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.
El diputado Luis Miranda, del oficialista partido Demócratas, y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron a Bolsonaro de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.
El pedido busca establecer si el mandatario, sabiendo del delito, no informó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de lobby el líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.
El gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces titular de la cartera sanitaria, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia, tras ser desplazado del cargo el 23 de marzo, o sea, al día siguiente de la supuesta comunicación de Bolsonaro sobre la irregularidad denunciada por los hermanos Miranda.
El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la Casa de Gobierno.
El diario O Globo apuntó a que existe temor en el Palacio del Planalto de que el diputado Miranda tenga la grabación del encuentro que tuvo con el mandatario.
El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.
La jueza suprema Rosa Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un “mero espectador” de posibles delitos siendo cometidos.
El escándalo Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.
El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de fármacos durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de las vacunas CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.
Pero esta vez, parte del Supremo Tribunal Federal ha coincidido en la necesidad de investigar al Poder Ejecutivo a la luz de las revelaciones de la comisión parlamentaria del Senado.
Según el portal G1, en la solicitud enviada al STF, Medeiros dice que es necesario aclarar las circunstancias de cualquier advertencia que se habría dado al presidente para determinar si de hecho se configuraría el delito de prevaricación. Otra cuestión que se plantea es si hay indicios de que el delito se habría cometido para satisfacer un interés personal.
"A pesar de la duda sobre la titularidad del deber descripto por el tipo penal del delito de prevaricación ... debe aclararse qué se hizo después de la reunión en cuanto a la adopción de medidas", escribió el segundo de la PGR.
Medeiros quiere las declaraciones de los implicados, incluidos el presidente y los hermanos Miranda. El Supremo aún discute si el presidente puede declarar por escrito o debe hacerlo en persona.
La apertura de la investigación pedida por la Fiscalía General se suma al “superpedido” de impeachment por supuestas violaciones a la Constitución que presentaron 11 partidos de la oposición ante el Congreso.
El encargado de autorizar el juicio político es el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), quien dijo que no existe “materialidad” de Bolsonaro en los presuntos delitos presentados.
Mañana habrá manifestaciones para presionar a Lira sobre el pedido de impeachment. Será la cuarta manifestación nacional en 60 días, pidiendo la renuncia de Bolsonaro.
Por otro lado, Bolsonaro hizo declaraciones y un "vivo" en Facebook para acusar a tres jueces de la corte que se reunieron oficialmente con presidentes de partidos políticos -incluidos los que apoyan a Bolsonaro en el Congreso- para ratificar la transparencia del sistema de urna electrónica que Brasil usa desde 1996.
“Si me ganan con fraude el año que viene, no entregaré la banda presidencial a otro”, amenazó el jefe de Estado.
Bolsonaro dijo que su contrincante, Lula da Silva, está negociando apoyos con partidos políticos, prometiendo ministerios a cambio de que no apoyen el reclamo oficialista de cambiar el sistema electoral bajo denuncias de fraudes pasados de los que hasta ahora no presentó pruebas.
El rodado era parte de la investigación judicial. Fiscalía ordenó su devolución, pero ya se había convertido en chatarra
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