El Ministerio de Justicia de Brasil ordenó a Google que deje de realizar lo que llamó una "campaña de propaganda contra la legislación brasileña" destinada a frenar la desinformación, o enfrentará multas de alrededor de 200.000 dólares por hora.
El motor de búsqueda, presionado por el gobierno brasileño por sus críticas a la futura ley sobre contenidos.
El Ministerio de Justicia de Brasil ordenó a Google que deje de realizar lo que llamó una "campaña de propaganda contra la legislación brasileña" destinada a frenar la desinformación, o enfrentará multas de alrededor de 200.000 dólares por hora.
La compañía eliminó un artículo que el ministerio había etiquetado como "propaganda". La legislación, que está a debate en el Congreso, fuertemente impugnada por las grandes empresas tecnológicas, incluida Google, establece multas y plazos para eliminar la "información errónea" y el "discurso de odio" de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, y exige que las empresas tecnológicas presenten informes sobre transparencia.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dice que es esencial regular el discurso online, luego de una reciente serie de ataques fatales en escuelas que, según los funcionarios, fueron motivados por el discurso de odio y los foros de las redes sociales. El proyecto de ley fue enviado a la Cámara baja el viernes y puede ser votado esta semana.
El domingo, Google publicó un mensaje en su página de inicio argumentando que el proyecto de ley “podría aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil” y debe mejorarse. El mensaje redirigió a un artículo escrito por el departamento de políticas públicas del motor de búsqueda que enumera los argumentos en contra del proyecto de ley.
El Ministerio de Justicia de Brasil acusó a Google de promover una posición editorial encubierta y ordenó a la empresa que promoviera contenido que vaya en contra de su posición. También determinó que Google debe indicar claramente que su posición es propagandística y debe ser transparente sobre cualquier interferencia en su motor de búsqueda a los enlaces relacionados con el proyecto de ley.
El ministerio dijo que la empresa sería multada con 1 millón de reales, aproximadamente 200.000 dólares por hora si no cumplía la orden. El mensaje de Google en su página de inicio y el artículo fueron eliminados. Queda flotando la duda de si se trató de un acto de censura de parte del gobierno.
El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, también ordenó a los jefes de Google, Meta, Spotify y Brasil Paralelo, una plataforma de noticias y entretenimiento de derecha, que rindieran declaración ante la policía sobre por qué autorizaron lo que podría equivaler a difundir información errónea sobre el proyecto de ley y "abuso del poder económico".
De Moraes citó un estudio del Laboratorio de Estudios de Internet y Medios Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), que dice que estas empresas publicitaron y publicaron anuncios en contra del proyecto de ley “de manera opaca y pasando por alto sus propios términos de uso”. El juez De Moraes es considerado afín al presidente Lula da Silva.
Google dijo en un comunicado que estaba comprometido en comunicar sus preocupaciones sobre el proyecto de ley "de manera pública y transparente" y negó haber alterado manualmente los resultados de búsqueda para favorecer su posición.
Los legisladores brasileños aprobaron la semana pasada una solicitud para acelerar el proceso de aprobación del proyecto de ley en la Cámara. Los analistas y las grandes empresas tecnológicas criticaron la medida y argumentaron que era necesario seguir discutiendo el texto.
El proyecto de ley se remonta a 2020, cuando fue aprobado por el Senado bajo el predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, pero desde entonces ha sufrido modificaciones sustanciales y se ha vuelto mucho más amplio. Si es aprobado por la Cámara, el proyecto de ley volverá al Senado para una votación final.
La semana pasada, un juez suspendió temporalmente a Telegram después de que la aplicación de mensajería se negara a enviar información sobre perfiles que difundían el discurso nazi. Unos días después, otra decisión anuló la suspensión, aunque se mantuvo la multa diaria de un millón de reales por incumplimiento. El fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, dijo en un comunicado que la empresa apelará y que el cumplimiento es "tecnológicamente imposible".
Por Gonzalo Santamaría
Por Mila Kobryn