Ya nadie pone en discusión que la formación docente es el eje vertebral del sistema educativo. Precisamente por ello, es el subsistema objeto de permanentes modificaciones que no le permiten consolidarse. En general, cuando se lo evalúa, se pone escasamente el foco en las políticas que intentan modificarlo, muchas veces sin fundamentos ni estudios serios. Y en esos proyectos políticos hay diferencias abismales en relación a qué sociedad queremos que la educación ayude a construir, al servicio de quién o de qué intereses.
Si tuviese que resumir la historia de la formación docente en nuestro país a través de hitos, no dudaría en señalar como momentos fundacionales, de democratización y construcción de ciudadanía a la creación de las escuelas normales, las experiencias rupturistas —en relación a los proyectos de la dictadura— que se realizaron con la apertura democrática de 1983 y la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) en 2006. Se trataron de claros momentos en que se tomó la formación docente como política de Estado.
Tampoco dudo en elegir los hitos que implicaron e implican el retroceso, la fragmentación y la mercantilización del subsistema formador: las dictaduras militares, las políticas de los 90 y la creación de la UniCaba (Universidad de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Es nefasta para esta formación la creación de la UniCaba y sus singulares similitudes con Documento A 14 que pautó, durante la década de los 90, los lineamientos para la evaluación de las instituciones de formación docente y supuso el achicamiento drástico del subsistema, con graves consecuencias educativas y sociales. En las provincias en donde se instrumentó sin piedad quedaron muchas aulas en manos de docentes no titulados porque el sistema formador no alcanza a cubrir las demandas. Y con total descaro, tanto ayer como hoy, se habla en nombre de la calidad educativa.
Haciendo un breve análisis de la ley que crea la UniCaba, destaco en primer lugar que nada bueno puede aportar una ley que es aprobada a contrapelo de lo que proponen los actores involucrados —docentes, estudiantes, graduados, autoridades y especialistas— y detrás de un vallado policial. En segundo término, resulta un tanto disparatado que algunos capítulos pretendan normar el sistema de formación docente actual y otros dispongan la creación de una institución nueva, la que sin dudas y sin fundamentos serios, se crea para competir con lo existente en desigualdad de condiciones.
Tanto los fundamentos como el articulado permiten encontrar graves similitudes con las fatales reformas de los 90, y el reflejo del viejo paradigma de la "educación al servicio del mercado" y de la "cultura de la evaluación". A poco de andar aparece con claridad la verdadera función que viene a cumplir la UniCaba: la distribución de la oferta educativa y de la matrícula acorde a la disponibilidad edilicia (¡La calidad se mejora cerrando matrícula porque no hay edificios, en lugar de crear edificios acordes a las necesidades!); ordenamiento y/o reconversión de la actual oferta académica y su distribución; mejora de los indicadores de asistencia docente y los niveles de ingreso, egreso y asistencia de alumnos, cantidades mínimas y máximas de alumnos para poder dictar determinadas carreras, entre otras. ¡Adiós al ingreso irrestricto como conquista estudiantil! Ya no será función del Estado garantizar el derecho de jóvenes a continuar estudios superiores, sino el encargado de seleccionar para atenerse al espacio disponible. Quienes padecimos como autoridades o docentes las políticas de los 90 sabemos muy bien que muchas de esas expresiones y medidas son calcadas de aquellas políticas de achicamiento y fragmentación.
La ley establece que el Ministerio de Educación tiene, entre sus importantes funciones, "contribuir a la autoevaluación de la calidad de los Institutos de Formación Docente". Otra vez el Estado evaluador y prescindente en todas sus obligaciones. El discurso de la "cultura de la evaluación" siempre persigue justificar el achicamiento. Es increíble la insistencia en desconocer que el sistema educativo es el más evaluado de todas las instituciones sociales. No hay otra institución por la cual todos sus miembros tengan que pasar permanentemente por escalafones y concursos, presentar informes periódicamente, entre muchas otras evaluaciones.
Aspectos "novedosos"
En los aspectos "novedosos" que la ley dice venir a aportar no hay nada nuevo. En los problemas que dice venir a superar, no sólo no se prevé cómo se hará, sino que claramente se vislumbra que se agudizarán. Se propone como "novedoso" un sistema de acreditación de los institutos, cuando ese proceso se viene haciendo desde los 90 y fue ampliamente mejorado con las Resoluciones del Infod. Se dice que la ley viene a modernizar el sistema a través de un sistema digital, cuando eso ya funciona en los institutos y además se cerró el programa Conectar Igualdad que tanto había hecho por la informatización de la formación docente. Se dice que la ley viene a superar la fragmentación y, por otra parte, se le otorga al Ministerio de Educación de la Caba atribuciones que le permiten desconocer totalmente las resoluciones que, como la Nº 24 del Infod contribuyó a la superación de la fragmentación. Tampoco se dice que se respetarán los acuerdos universitarios para la formación docente.
Nada se dice acerca del sistema de gestión. Quedará también librado a lo que disponga la comisión que designará el Ministerio. A cien años de la Reforma Universitaria, con esta ley retrocedemos respecto a las conquistas del ingreso irrestricto, de cogobierno, de participación. Se dice que la UniCaba viene a subsanar el sistema endogámico y secundarizado de los institutos, pero en su lugar propone una universidad que sólo tiene el título de tal, porque de los principios que rigen la universidad estatal en nuestro país nada está garantizado.
"¿Cómo justificar la creación de la UniCaba por parte de un gobierno que impunemente declaró que los pobres no llegan a la universidad?"
Resulta increíble que la ley diga que con esta creación viene a subsanar el problema de desarticulación entre institutos y universidad. ¿Para subsanar esa supuesta desarticulación se tiene que recurrir al disparate de crear otra universidad? Ese argumento desconoce todo lo que se ha avanzado en los últimos años en relación a la articulación; y esta ley impuesta con prepotencia se dicta cuando los institutos están siendo reconocidos por la comunidad académica universitaria, por todo lo que han avanzado en la formación pedagógica y en las prácticas. Por otra parte: ¿Cómo justificar esta creación de parte de un gobierno que impunemente declaró que en el Conurbano bonaerense sobraban universidades porque los pobres no van a ellas? ¿Para qué entonces crear una cuando hay tantos institutos, excelentes y con destacada historia que se vienen ocupando muy bien de la misma función?
Dice la ley que la UniCaba ofrecerá ciclos de complementación curricular para que los egresados de los Institutos de Formación Docente puedan alcanzar el grado universitario. Ello marca un total desconocimiento de la cantidad de graduados de institutos que ya están cursando o han cursado especializaciones, maestrías o doctorados en las universidades, además de la derogación del artículo Nº 39 de la Ley de Educación Superior. Artículo que impedía realizar posgrados universitarios a los graduados de institutos y que fue derogado en la gestión de la doctora Edith Litwin cuando ocupó el cargo de Directora Nacional de Educación Superior (2000-2001), quien también dejó sin efecto el Documento A 14.
Mucho más se podría decir. Entre otras cuestiones, acerca de la sospecha que mucho de lo digitalizado, semipresencial y a distancia que se propone en la ley debe tener ya empresas tercerizadas que harán su negocio.
Personalmente puedo dar fe que la decisión de evaluar para achicar el sistema de formación docente estaba tomada desde el inicio del gobierno nacional, pues en enero de 2016 fui entrevistada por internet por la dirección del Infod, quien puso énfasis en el cierre de los institutos pequeños en lugares alejados. Por supuesto que opiné en contrario, pues es pública mi postura acerca de que los institutos no sólo cumplen una función académica importante sino que llegan a lugares donde la universidad, en general, no llega.
Quiero detenerme brevemente en los desafíos urgentes para quienes consideramos que en la formación docente se cifra el futuro del sistema educativo y, por ende, el modelo de país que queremos construir. Avanzar en la estabilidad docente y en modelos de gestión participativos, a través del cogobierno, de autoridades electas y renovables, son dos cuestiones cruciales. Los sistemas participativos fortalecen las instituciones. Hacer redes interinstitucionales a través de modelos colaborativos, no competitivos, es otro imperativo. Avanzar en las articulaciones logradas con la universidad es otro camino importante. Sería muy saludable que las universidades públicas también se expidan en relación a la UniCaba. Pero por sobre todas las cosas, es nuestra responsabilidad que las políticas, los políticos y los funcionarios que consideran a la educación en general y a la formación docente en particular como un negocio, tengan cada vez menos espacio en nuestra provincia, en nuestros país. Políticas, políticos y funcionarios que desconocen que por más intentos que se hagan para enterrar la docencia, no es posible porque la docencia es fundamentalmente semilla.
