La familia de uno de los 33 atrapados presentó ayer una acción legal contra los dueños del yacimiento y contra el organismo público que fiscaliza la seguridad minera.
La familia de uno de los 33 atrapados presentó ayer una acción legal contra los dueños del yacimiento y contra el organismo público que fiscaliza la seguridad minera.
La acción judicial fue presentada contra las autoridades del estatal Servicio Nacional de Geología y Minas y contra los dueños de la mina, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn.
La querella "es por el delito de prevaricación, buscando la sanción penal por haber obtenido irregularmente la autorización para el ejercicio de las faenas y así dejar atrapados a los 33 mineros", dijo Remberto Valdés, abogado de la familia del minero Raúl Bustos.
Tras el accidente en la mina, el gobierno ha detectado una serie de irregularidades que permitieron su reapertura en 2008.
En la pequeña localidad minera de Taltal, al norte de Copiapó, nueve pequeñas faenas mineras fueron clausuradas por la falta de vías de escape, tal como sucedió con el yacimiento San José, cuya chimenea de ventilación y de escape no pudo ser usada por los mineros por estar en malas condiciones y carecer de escaleras.
Mientras tanto, la empresa propietaria buscaría eludir responsabilidades económicas declarándose en quiebra.
Una jueza de Copiapó busca embargarla preventivamente el equivalente a 1,8 millón de dólares.
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