Vivir y morir en la villa

El relevamiento sobre los asentamientos irregulares en Rosario que hace unos días presentó una ONG llamada Techo confirmó un dato impactante: 35 mil familias viven en condiciones precarias y mayormente sin servicios básicos. Si se aplica el coeficiente de 4.8, que se utiliza habitualmente como promedio para medir el número de integrantes por familia, la cantidad de personas que habitan en las villas llega a 168 mil, alrededor de un 15 por ciento de la población de la ciudad.

Techo es un grupo internacional de voluntarios, creado en Chile en 1997, cuyo objetivo es luchar contra la pobreza en Latinoamérica. Actúa en varios países de la región y comenzó su trabajo en Rosario hace un año y medio. En ese período la ONG construyó 124 viviendas temporales en tres barrios de Rosario donde detectó necesidades de extrema urgencia. Los refugios de emergencia que levantaron están asentados sobre pilotes de 30 centímetros, tienen 18 metros cuadrados, tres ventanas, puerta y pisos de madera y techo de chapa. Su costo es de 11 mil pesos por unidad y cada beneficiario se compromete a pagar al menos 820 pesos. Algunos lo hacen de a 20 o 30 pesos por día y otros en cuotas mensuales más abultadas. Y la mayoría paga puntualmente. Quienes reciben la vivienda se comprometen a participar de reuniones sociales, proyectos comunitarios y cursos para aprender algún oficio.

A este simbólico esfuerzo de Techo se suman los planes de la Municipalidad, la provincia y la Nación para erradicar o transformar las villas y desarrollar áreas con viviendas sociales con servicios. En la última década se han levantado en Rosario unas 5 mil viviendas y se han transformado algunas villas, como La Lata, donde mejoró la calidad de vida de la gente y de zonas vecinas. La Municipalidad emplea ese modelo, el de la transformación a través de la apertura de calles y la instalación de servicios, en lugar de trasladar a toda la villa a otra parte.

Pero cuando se necesita erradicar un barrio precario por una obra pública, como el que se distingue desde la autopista a Buenos Aires, al salir de la ciudad, el costo de cada unidad de un dormitorio más los servicios llega a los 245 mil pesos. En ese lugar viven doscientas familias, ya censadas, que el año próximo accederán a una vivienda digna en bulevar Seguí al 5000, con un costo para el presupuesto municipal de casi 50 millones de pesos.

Cuando, en cambio, se trata de ayudar al habitante de la villa a mejorar su vivienda en el marco de la transformación del propio asentamiento, el municipio le asigna una partida de "canasta de materiales" por 15 mil pesos. La gente devuelve, en ambos casos y en cuotas, hasta un 30 por ciento del valor de la vivienda o de los materiales, según el nivel de ingreso familiar. La tasa de recupero es aceptable y puede llegar en ocasiones al 70 por ciento.

Para todo el año 2014, el área municipal encargada de ejecutar estas acciones sociales en las villas contará con sólo 300 millones de pesos, cifra que se integra con el aporte municipal, provincial y nacional, tres niveles de gobierno que han venido trabajado integradamente en los últimos años.

Sin embargo, el monto resulta insignificante para asistir a las 35 mil familias que viven en condiciones degradantes.

Otra experiencia. En otros países, como Chile, también se han hecho esfuerzos durante los últimos años para erradicar lo que allí se llaman "campamentos". Las condiciones de Santiago y su área metropolitana, de casi siete millones de habitantes, parten de una situación mejor que Rosario. Se han relevado 117 "campamentos" donde viven 4.645 familias, unas 22.296 personas, que significa solamente cerca del 0,4 por ciento de la población.

Michelle Bachelet, casi con seguridad la próxima presidenta del país trasandino, prometió en su campaña electoral llegar con asistencia a esos sectores marginales de la población. No es que Chile sea un modelo de justicia social y redistribución de la riqueza, pero a partir de la reinstauración de la democracia tras la noche sangrienta de la dictadura pinochetista, se abordó con interés esa problemática social, aunque todavía no muchas otras que afectan a los más pobres de ese país, como la imposibilidad de acceder a estudios universitarios por los altos costos de la educación privada.

Trama compleja. Volviendo a Rosario y a sus villas, el presupuesto total de gastos de la ciudad para 2014 es de 4.913 millones de pesos y el de la provincia de 53.892 millones. Parecen ser suficientes como para poder encarar un proyecto a largo plazo que tienda a rescatar a esa franja de la población del oprobio de la marginalidad. Nadie duda de que es una tarea complicada donde confluyen un sinnúmero de factores extraeconómicos, como lo educativo, social y cultural.

Familias que por décadas han vivido en esas condiciones seguramente no imaginan poder cambiar su vida basada en la informalidad del trabajo, la escasa instrucción escolar y la asistencia del Estado.

Sin embargo, la ONG Techo sostiene, en base a su trabajo con los referentes de las villas, que más de la mitad de los consultados quieren organizarse para tener mejores condiciones de vida con acceso a los servicios, "rompiendo en parte el imaginario colectivo que presupone que prefieren permanecer en la informalidad y gratis".

Sin duda que cuando desde el gobierno municipal se encaran programas educativos y laborales en las villas existe una competencia desleal: el negocio del narcotráfico, que permite a quienes se suman a la distribución minorista obtener una retribución económica imposible de alcanzar con un trabajo normal. ¿Cómo hacerle entender a un adolescente que es mejor aprender un oficio, estudiar y trabajar, cuando distribuyendo o vendiendo droga cuadruplica sus ingresos? Lo mismo ocurre con el delito común, que no está sólo circunscripto a los habitantes de la villas.

El desprecio de buena parte de la sociedad hacia los habitantes de las villas se funda en premisas estereotipadas, no sólo en Rosario, que conectan al villero con conductas delictivas, apego a la vagancia y a subsistir con dádivas oficiales. Es otro estigma social que no responde totalmente a esa descripción y que tal vez recorte sólo una parte de la realidad, la misma que puede hallarse en otras zonas de la ciudad que no son villas.

Si Domingo Faustino Sarmiento viviera, tal vez le hubiese agregado a su "Facundo" un capítulo extra. En la descripción peyorativa del gaucho argentino que hace en ese libro vería con seguridad el origen del villero moderno de las ciudades. Según Sarmiento, el gaucho "sin ninguna instrucción, sin necesitarla tampoco, sin medios de subsistencia, como sin necesidades, es feliz en medio de la pobreza y de sus privaciones, que no son tales para el que nunca conoció mayores goces, ni extendió más altos sus deseos". Muchos todavía hoy piensan así.

¿Hay solución? El abordaje desde la asistencia social como único factor que contribuya a erradicar las villas se ha mostrado insuficiente, más aún en el marco de políticas económicas nacionales de desigual distribución de la riqueza en la década del 90 que han incrementado el número de asentamientos ilegales. Si Rosario, por ejemplo, pudiera ir creando barrios sociales en tierras públicas para desalojar de a poco las villas, ese espacio físico sería inmediatamente utilizado por nuevos ocupantes de la ciudad o de otras provincias. Y volvería todo a cero. ¿Entonces, la única salida es seguir el camino de ciudades de la India, por ejemplo, donde miles de personas viven en la calle, admitir los contrastes entre ricos y pobres y resignarse a mayor violencia producto de la desigualdad?

Aunque el Producto Bruto Interno nacional crezca a tasa chinas durante los próximos veinte años, el fenómeno de las villas miseria como resultante de una compleja problemática económica, cultural y educativa no tendrá solución si no se lo aborda como política de Estado y a nivel nacional.

Además, es necesario establecer con precisión las causas de este fenómeno creciente y redistribuir el ingreso en base a reformas impositivas que carguen el esfuerzo en los sectores de mayores ingresos. En los puertos de la región se ubica el polo industrial de aceite de soja más importante del mundo, que genera rentas millonarias. Pero a minutos de allí miles de personas se hacinan en casillas indignas en condiciones sanitarias paupérrimas. Cuadros similares ocurren en todas las grandes ciudades del país. ¿La responsabilidad es solamente de los habitantes de las villas que no pueden o no quieren salir de allí? ¿Cuánto tienen que ver la sociedad y sus dirigentes en el desarrollo de los asentamientos precarios y su expansión a partir de la década del 70?

La Argentina de siglo XXI no puede permitirse que parte de su población nazca, viva y muera en una villa.