Suspenden y juzgan a un fiscal por presunto acoso laboral a sus empleadas

El fiscal de instrucción en lo criminal porteño Claudio Soca fue suspendido y será sometido a un juicio de remoción por supuesto maltrato y acoso laboral a sus colaboradoras, confirmaron ayer fuentes tribunalicias.

Las medidas fueron requeridas por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ante la denuncia presentada por algunas colaboradoras del fiscal y un delegado del gremio que agrupa a los trabajadores judiciales.

Soca habría incurrido en "maltrato psíquico reiterado, dirigido de manera sistemática a desacreditar e infundir inseguridad" a sus empleadas.

Los hechos, denunciados como "acoso laboral" por parte del representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, comenzaron en 2005 y se habrían prolongado al menos un par de años.

Entre otras causas, Soca fue quien pidió la indagatoria a Luis D’Elía por incidentes con empresarios ruralistas en la plaza de Mayo y requirió medidas contra manifestantes en la causa por destrozos en la legislatura porteña en noviembre de 2006, cuando se debatía sobre el Código Contravencional.

En un dictamen de medio centenar de páginas Righi describió una serie de irregularidades por la que se expidió a favor del enjuiciamiento de Soca.

Otras irregularidades. El fiscal habría intentado ascender a una auxiliar a una categoría postergando a otras empleadas con mayor antigüedad, títulos profesionales y mayor jerarquía. Soca también fue denunciado por haber pedido a un sanatorio la historia clínica de una empleada embarazada, con lo que "habría violentado gravemente los derechos constitucionales a la intimidad y la privacidad", y prohibido a sus trabajadores que "dirigieran la palabra o se acercaran" a otra colaboradora que se iba a casar. Según constancias del trámite interno, el fiscal habría realizado propuestas de índole sexual a otra empleada.

"Estos excesos —agregó el dictamen— constituyen un notorio menoscabo a la investidura de un magistrado del Ministerio Público y, por sí solos, ameritan analizar su expulsión". El Tribunal de Enjuiciamiento tiene 180 días para dictar sentencia, ya que si no lo hace dentro de ese lapso el fiscal deberá ser restituido en su cargo. l (Télam)