El trágico desenlace que tuvo la salidera bancaria ocurrida la semana pasada en
La Plata, cuando una mujer embarazada fue atacada a balazos tras retirar dinero de una entidad
financiera y como consecuencia de ello su bebé falleció ocho días después de nacer por una cesárea
de urgencia, ha despertado una serie de manifestaciones que tuvieron su rápido correlato en el
ámbito político (ver página 34). Así, mientras en Buenos Aires y la Capital Federal los distintos
estamentos de gobierno proponen medidas de seguridad dentro y fuera de los bancos, en Rosario el
Concejo Municipal se hizo caja de resonancia y desde los distintos bloques se sugieren soluciones
para paliar las consecuencias de este tipo de delito. Además, desde el Ministerio de Seguridad de
la provincia se aseguró que "se viene trabajando desde el año pasado con reuniones periódicas en
las cuales se monitorea esta modalidad delictiva e implementan mecanismos de control", según dijo
el titular de la cartera, Horacio Ghirardi.
"Las salideras bancarias son de muy difícil prevención y resolución si no se
articulan medidas entre todos los involucrados, es decir el gobierno, la policía, los bancos y los
clientes", aseguró Ghirardi en diálogo con La Capital . El ministro sostuvo que, en ese orden, "se
ha establecido un protocolo de actuación tendiente a disminuir este tipo de hechos que, en Rosario,
no ha tenido los niveles de violencia registrados en otros lados".
Respecto al protocolo de actuación en el que trabajan el Ministerio de
Seguridad, la Secretaría de Seguridad Comunitaria, la policía rosarina, agencias de vigilancia
privada y representantes de los bancos y la Justicia, en el mismo se indica que son las entidades
financieras las que "deben tener un efectivo control de los salones de atención al público a fin de
prevenir la presencia de personas que, simulando ser clientes, puedan estar observando los
movimientos con la finalidad de marcar a las posibles víctimas". En este sentido, se sugiere
"destinar recursos humanos y tecnológicos posibles y adecuados a las superficies y cajas de cada
banco" para cumplir tal función.
Asimismo, se recomienda en ese protocolo que el personal dispuesto al control de
los salones, ya sea de seguridad pública o privada, "preste especial atención a las personas que no
puedan justificar su presencia en el salón o que transcurrieran en el mismo durante un tiempo mayor
al necesario para la realización de un trámite". Y que, en caso de detectar algún tipo de
sospechas, "se deberá dar parte inmediata a la comisaría del barrio o al 911 para montar un rápido
operativo en los alrededores de la sucursal".
Pocos y rápidos. Sobre la caracterización del delito, el Ministerio de Seguridad
sostiene que así como las salideras se han trasladado desde el microcentro a los barrios, "donde
actualmente se hacen patrullajes de saturación en los horarios bancarios", los grupos que cometen
este tipo de hechos "no están integrados por más de cuatro o cinco personas con roles diferentes
(marcador, seguidor, arrebatador) que actúan muy rápidamente y que no sólo perpetran el atraco en
las inmediaciones de los bancos sino que poseen vehículos y sistemas de comunicaciones que les
permiten seguir a sus víctimas hasta sus domicilios o lugares de trabajo". Y, en este orden, las
autoridades no dejan de reconocer que "esos grupos cuentan con información precisa otorgada por
cómplices ocasionales o personal de los mismos bancos".
"Más allá de estos protocolos también hay que recomendarle a la gente que sea
más cauta a la hora de hacer operaciones bancarias en las que se mueve mucho dinero", dijo
Ghirardi. "Hay que evitar mover físicamente grandes sumas y hacerlo mediante medios electrónicos,
hay que ser reservado en la información cuando se realizan ese tipo de operaciones y recurrir a los
responsables de los bancos cuando, en caso de tener que manejar efectivo, no se haga en el
mostrador a la vista de todo el público sino en lugares reservados".
Celulares no. Al menos tres concejales de la ciudad presentaron en estos días
distintos proyectos de ordenanzas para prevenir delitos en los locales bancarios y en las zonas
cercanas a los mismos.
En este sentido, el edil socialista Edgardo Falcón elevó una propuesta tendiente
a imposibilitar la marcación de las posibles víctimas dentro de la entidad "inhibiendo las señales
de los teléfonos celulares dentro de los locales bancarios". Además, sugiere la "construcción de
boxes espejados con video de vigilancia individual para control de cliente y cajero con un sistema
integrado de registro de ingreso y egreso fehaciente de personas".
Para ello, Falcón sostiene que es necesario "que las cajas sean
multifuncionales, de manera de no generar segmentación de las transacciones", y también sugiere la
"prohibición de movimientos de caudales fuera de la entidad". Aunque de no ser posible eso por
razones de infraestructura, el edil pide que "esas operaciones se realicen en contra de horario de
atención al público o en forma nocturna".
Motos no. Por su parte, el concejal radical Jorge Boasso volvió sobre su
proyecto de evitar o controlar la circulación de motos de alta cilindrada con dos personas a bordo
en los sectores bancarios de la ciudad. "Sabemos que pagarán justos por pecadores pero si no es la
restricción hay que ejercer un férreo control en dichas áreas", argumentó.
Igual que Flacón, Boasso también propuso la inhibición de los celulares dentro
de los locales bancarios y la exigencia de que se hagan las reformas arquitectónicas necesarias a
fin de que las operaciones comerciales que realizan los clientes no puedan ser visualizadas por los
demás presentes en los salones de atención. Finalmente, sostiene que la custodia policial o de
seguridad debe extenderse al perímetro exterior del banco.
Cámara sí. Finalmente, el justicialista Diego Giuliano insistió con su proyecto
de instalación de cámaras de video para seguridad y vigilancia en los espacios públicos,
especialmente en las zonas bancarias, que transmitirán información a un centro de monitoreo durante
las 24 horas.
Para el edil, de acuerdo a un mapa delictivo de la ciudad, se pueden establecer
las distintas zonas "según su grado de vulnerabilidad o índice de criminalidad" y así determinar
dónde y cuántas cámaras instalar. "Eso actuará como un método disuasorio" de delitos como las
salideras bancarias, dijo el concejal.
