Padres del Latinoamericano reclaman por el alto valor de las cuotas

Padres del Centro Educativo Latinoamericano Nº 1006 protestaron por el incremento en las cuotas de sus hijos que cursan en diferentes niveles en la institución de Pellegrini 1352, una de las más caras de Rosario, y se preguntaron si esos valores se enmarcan dentro del encuadre legal que corresponde. Las familias consideran que los aranceles sufrieron “aumentos desmedidos e injustificados”, que llegan a 133,5% en lo que va del año, y solicitaron la intervención del Ministerio de Educación.

La disposición 18, de 2003, es la que fija los topes de las cuotas que pueden cobrar los colegios privados de acuerdo a los porcentajes de subsidio estatal que recibe cada institución. El Centro Educativo Latinoamericano se ubica en el grupo de 40% de subvención estatal a los salarios de la planta docente, cuyo arancel tope es de 72.420 pesos. En nivel primario cobra 126.800 pesos la jornada simple y 152.700 el doble turno, lo que le valió el quinto puesto en el ranking de las más costosas de la ciudad.

Es cierto que en las declaraciones juradas (DDJJ) que las escuelas presentan ante Educación figura sólo la tarifa base y no se tienen en cuenta otros ítems como servicios extraeducativos o de otra índole que sí abonan los padres en la factura, como el uso de la cantina escolar, clases particulares de inglés, arte, fútbol u horas extras. Pero La Capital accedió a esos comprobantes, y en ellos la cuota es un solo valor, sin discriminación de extras.

Primero las familias intentaron contactar directamente a las autoridades. Al no obtener respuesta, el 20 de octubre los papás y mamás ingresaron ante el Ministerio una nota solicitando la intervención “para que el colegio aclare los motivos de los porcentajes de aumentos que han realizado durante el año 2023”.

Allí, detallaron que el valor de la cuota para el doble turno (que engloba a más del 90% de los alumnos), había comenzado el año en febrero en 65.400 pesos, y llegó en noviembre a 152.700. El total de suba en ese período fue de 133,5%, mientras la inflación oficial en el período enero-septiembre fue de 103,2% y se estima que octubre la elevará un 10% más, llegando a 113%.

La intención del pedido era que se pudiera aclarar el porcentaje de subsidio que recibe el colegio, el monto máximo que rige el Ministerio para que la escuela pueda cobrar, y bajo qué índice se rige la institución para realizar esos aumentos. “Como la sociedad entera, nos vemos afectados por los aumentos que no se ven reflejados en los sueldos y que además percibimos falta de comprensión y empatía por parte de las autoridades de la escuela”, cerraba esa misiva.

Como muestra de la actitud del colegio de "cobrar todo", los padres contaron con cierta indignación una situación particular: el Latinoamericano tiene un menú para los niños que almuerzan en el comedor, y cuesta 1800 pesos por día. En su defecto, si el alumno lleva una vianda, cobra 650 pesos el “servicio” de guardar el tupper en la heladera y calentarlo en microondas.

La carta   

Pararelamente, volvieron a consultar a la administración del colegio un detalle de los rubros y porcentajes que al comunicar un nuevo incremento en noviembre, genéricamente describieron como “paritarias y aumentos”. También solicitaron que en la factura se discriminen los importes referentes a la enseñanza programática, extra programática y otros conceptos, de acuerdo a la normativa aplicable.

“Se consigna un importe que a nuestro modo de ver resulta arbitrario, injustificado, inespecífico, y llamativamente elevado, no pudiendo efectuar desde nuestra parte un debido control de lo que se nos pretende cobrar”, dispararon los padres en la nota formal, en la que le hicieron saber a la escuela que habían cursado un reclamo al Ministerio de Educación.

La respuesta de la junta directiva de la Asociación Centro Educativo Latinoamericano llegó el último 8 de noviembre. Allí, los administradores se escudaron argumentando que la disposición 18/03 “establece límites para ciertas condiciones que deben cumplirse para instituciones educativas públicas de gestión privada, donde todos los cargos docentes y no docentes se encuentran cubiertos con un porcentaje de subvención estatal, situación que no es la que el Centro Educativo Latinoamericano tiene”.

En la contestación, reconocen que el colegio recibe un 40% de subvención por cargos docentes. “Sin embargo, el número de agentes subsidiados equivale al 12% de la planta que forma parte de la prestación del servicio educativo, es decir que el 88% de la misma no está alcanzada por ningún tipo de contribución estatal. El CEL cubre por igual la masa salarial tanto de la diferencia del 60% sobre los cargos incorporados, como el 100% de los cargos no incorporados”, informaron.

Esta es una vieja discusión entre el ámbito de la educación pública de gestión privada y el Ministerio: el Estado subvenciona salarios docentes, pero cada vez que un colegio quiere ampliar otro curso para expandir su matrícula, pasa por un proceso de revisión y autorización de la incorporación de ese puesto de trabajo. Mientras tanto, la escuela lo paga de su bolsillo. Muchas veces Educación no considera que sea necesaria la incorporación, y es la institución quien define conservarla bajo su responsabilidad.

Esto, según fuentes del sector consultadas, de ninguna manera habilita al CEL a desobedecer el tope impuesto por la provincia. Para evitar esta situación, el artículo 18º de la Ley de Educación Privada de la provincia (Nº 6427) establece que los colegios privados que cobren cuota, tienen que destinar al pago de salarios “no menos del 50% de sus ingresos arancelarios”. Esto aplica incluso a las que tienen el 100% de subvención, por que la norma prevé que las instituciones contraten personal por su cuenta.