Desde el momento mismo en que el ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe, el comisario Hugo Tognoli, renunció a su cargo y tras dos días de permanecer prófugo se presentó ante la Justicia Federal, se abrió en los ámbitos políticos, mediáticos y en la sociedad toda, un debate tan necesario como pendiente: las causas y las consecuencias del narcotráfico y el consumo de estupefacientes en el territorio santafesino.
Sin posibilidad de dejar de lado la operación de prensa que terminó instalando el tema en la agenda nacional -presumiblemente motorizada por alguna oficina del gobierno de la Nación-, el penoso exabrupto de un diputado nacional kirchnerista o la desafortunada declaración del presidente un partido de oposición en Santa Fe, por un lado. La increíble negación del problema en un primer momento por parte del gobierno santafesino y el posterior reconocimiento de que –si bien por otras causas– los principales jefes policiales de la provincia están siendo investigados y el operativo de prensa para quedar como víctimas que montó el socialismo, por el otro. La conclusión primaria evidencia que: ni la Nación, ni la provincia han dado la talla hasta el día de hoy para enfrentar como corresponde los principales flagelos que soporta actualmente Santa Fe: la multiplicación de delitos, la proliferación del narcotráfico, la disputa por territorios sobre todo en las ciudades de Rosario y Santa Fe, los crímenes por encargo, los kioscos de venta de droga que la gente asegura tener identificados y las autoridades del Ministerio de Seguridad y la policía parece que no, entre tantas otras expresiones delictivas que padecemos a raíz del sostenido crecimiento de la inseguridad.
En este marco, todo lo que se hace parece tardío o por lo menos lento: ante el triple crimen de Villa Moreno a comienzos de este año, la respuesta de la Nación fue retirar los puestos de Gendarmería Nacional para trasladarlos a otras jurisdicciones; la ministra de Seguridad y la Intendenta de Rosario se reunieron para “coordinar acciones” recién en el mes de septiembre –como si nada antes hubiese sucedido– haciendo declaraciones acerca de la “sobredimensión” del fenómeno de la inseguridad o la “estigmatización” de los medios de comunicación acerca del problema del narcotráfico.
Como si el drama fuese un botín de guerra, kirchneristas y socialistas convirtieron lo que debería haber sido un mesa de consenso y acuerdo para combatir a los narcos en una batalla mediática, ante la atónita mirada de todos los ciudadanos santafesinos.
Mientras tanto, desde nuestro lugar político y legislativo, hemos ofrecido lo que tenemos a mano para colaborar en la emergencia: Miguel del Sel, presidente del PRO Santa Fe, puso a disposición del gobierno de Santa Fe nuestros equipos técnicos en seguridad y la exitosa experiencia de la Policía Metropolitana como fuerza de seguridad jerarquizada y profesional; fue nuestro interbloque el que motorizó el tratamiento de la emergencia en seguridad pública en la Legislatura, así como obtuvieron media sanción las iniciativas de la diputada Alejandra Vucasovich de ley marco contra la trata de personas y botón antipánico contra violencia de género, y el proyecto presentado por el Diputado Raúl Fernández para la creación de Fiscalías por violencia de género. En mi caso, se han investigado y presentado pedidos de informes por temas sensibles como la deuda de la Municipalidad de Rosario a la policía por servicios adicionales o la falta de publicación de los índices de criminalidad que elabora el IPEC.
En este contexto, debemos recurrir a otros modelos posibles, analizar aquellas acciones que han resultado exitosas en otros países tanto de nuestro continente como de Europa; por ejemplo, destinar un porcentaje entre el 10% y 15% del presupuesto que se gasta en policía, cárceles y sistema de justicia, a la prevención del delito. Según algunos expertos, este tipo de medidas permitiría reducir en hasta un 50% el número de hechos delictivos.
Parafraseando al ex primer ministro Tony Blair: “Se trata de ser duros con el delito, pero eficaces con sus causas: la desigualdad, la falta de inclusión, la inserción de la droga entre los que menos tienen, para mencionar algunos factores que será necesario superar.”
Y en este punto, es necesario que el socialismo pueda ver el tema de la seguridad como una cuestión de política de Estado, dejando de lado las apreciaciones ideológicas al momento de llevar a cabo acciones contra el delito. No hay que temerle a la palabra seguridad.
Nos enfrentamos a una oportunidad histórica para combatir el flagelo de la droga, de manera seria, responsable y activamente, con la participación de todos los actores sociales y políticos que tenemos que ver con la cuestión. Pero debemos estar atentos, puede ser la última chance: no podemos permitir que la pelea política eche por la borda esta enorme posibilidad. La sociedad santafesina está mirando hacia su clase dirigente y exige respuestas. Es hora de estar a la altura de las circunstancias.
