Hace cuatro meses unas sesión de escuchas telefónicas ordenadas por un juez desnudaron una maniobra urdida por policías de la sección Seguridad Personal de la Jefatura de Unidad Regional II. Se trataba de la extorsión a un recluso con salidas laborales. Consistía en forzar al preso a entregar a los policías 50 mil pesos para no dejar constancia de que lo habían encontrado fuera del ámbito permitido judicialmente, llevando droga y un arma en su auto. Esa situación implicaría una nueva causa penal y el fin de su egreso de prisión. Para ello llevaron al preso, Carlos Damián Escobar, apodado "Toro", a la Jefatura, junto a un amigo de apellido Corrale, al que llaman "Coco".
Investigando el asesinato de Juan Pablo Colasso, el juez de Instrucción Alejandro Negroni pidió escuchas sobre varios imputados, entre ellos Luis "Pollo" Bassi, "Macaco" Muñoz y Milton Damario. Siguiendo celulares de este último y sus contactos brotó por accidente la maniobra extorsiva de los policías contra Toro y Coco. También una maquinaria de encubrimiento para que nada del escándalo desemboque en sanciones.
La fiscal Nora Marull ahora pidió la indagatoria de dos policías, Víctor A., y Néstor O., quienes ya fueron llamados a declaración informativa y no hablaron. Los presume autores de los delitos de extorsión o, como mínimo, de incumplimiento de deberes y falsedad, porque no documentaron apropiadamente la detención de Coco y Toro.
Todos menos una. Que pasó algo por completo anormal parece probado en que a pocos días de difundido este hecho fueron removidos de la sección Seguridad Personal 22 empleados. Solo quedó en pie allí su jefa, Mariel Arévalo, que al brindar declaración abusó del uso del condicional para indicar lo que podría o no podría haber pasado, sostuvo no haber estado en el momento que la irregularidad denunciada ocurrió y haberse enterado del asunto por relatos periodísticos. El jefe de Unidad Regional II, Luis Bruschi, prometió que este caso se resolvería.
La fiscal Marull está convencida de dos cosas: de que existió el apriete extorsivo al Toro Escobar y de que los policías que no consignaron que Toro Escobar fue detenido e ingresado a Jefatura. La fiscal cree que eso no se asentó para garantizar toda la secuencia: retener a Coco hasta el momento en que Toro pagara el dinero exigido para no arruinarlo con una causa penal. Si Toro pagaba, como descuenta que pasó, no habría causa contra él.
Pero nadie contaba con que las escuchas ordenadas por un juez delatarían la maniobra.
El celular de Milton. El arresto ilegal del Toro Escobar se detectó en escuchas al celular de Milton Damario, un sicario que está preso bajo diferentes cargos, entre ellos el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero.
Al momento de la escucha, el 24 de julio, Damario estaba prófugo. En el diálogo interceptado se descubre que dos hombres fueron ingresados a la Jefatura y que uno de ellos llamó al celular de Damario para pedirle el dinero que necesitaba para salir del problema.
Escobar primero contó con lujo de detalles que llamó a Damario, que le dijo que estaba retenido en Jefatura y que le exigían esa suma para soltarlo. De las escuchas surge que Damario envió 20 mil pesos y que el pago se hizo en una estación YPF cercana a Coronda. Así, no sólo reveló la extorsión policial sino que sostuvo que Damario acribilló a tiros su casa después y que le sacó su VW Bora.
Sin embargo, Escobar intentó luego despegarse de su denuncia que hundía a los policías y al propio Damario. "Nunca fui robado, extorsionado o detenido ilegalmente por la policía. Y yo nunca denuncié a Damario", sostuvo el Toro.
Algo cae de maduro: Escobar se desdijo producto del aprieto en el que quedó al denunciar a policías que, como parece ahora, tienen allanado el camino de la impunidad. Tampoco lo alentaría a decir la verdad el hecho de que en ese momento Damario aún se encontraba prófugo, es decir, en la calle.
La visita al Heca. La hipótesis acusatoria sostiene que el día que fueron detenidos Toro y Coco habían ido a visitar al Heca a Jonathan Barrios, algo que ellos dijeron, y que asoma como verosímil. Barrios es un hombre que en esa fecha estaba internado con veinte balazos en ese hospital por un hecho que investiga el juzgado de Instrucción Nº 1. Actualmente está cuadripléjico y con una traqueotomía (ver aparte). También procura la fiscalía demostrar que la extorsión, más allá del perseverante esfuerzo encubridor policial, existió.
"Piden 50 mil". Tal cosa queda razonablemente acreditada en copiosas escuchas: no sólo Damario habla de la extorsión sino también su esposa, Joana Contreras, y su cuñada, Melisa Contreras. La detención de Toro fue el 24 de julio a las 13.30. En una conversación captada ese mismo día a las 15.32, apenas dos horas después, dialogan Joana y Melisa:
Joana: "El Coco y el Toro están presos"/ Melisa: "¿Qué? ¿Desde cuándo?"/ Joana: "Desde hoy encima piden 50 mil pero los pone aquel"/ Melisa: "Uh Dios ¿pero por qué cayeron?"/ Joana: "Judiciales los agarró pero no sé si tenían algo". Luego Joana agrega: "Haceme el favor, decime si Coco sigue preso porque Milton ya mandó la plata y no sabe más nada".
Conclusión: la mujer de Milton Damario refiere que Toro y Coco fueron detenidos dos horas después de ese hecho que consta en un acta, que su marido facilita el pago del rescate y que el dinero facilitado son 50 mil pesos. Todo lo que había dicho el Toro Escobar en su primera denuncia recibida por la fiscal Cristina Herrera. En esa presentación Toro afirmó que quienes lo detuvieron no fueron de la División Judiciales sino de Seguridad Personal.
Balazos contra la casa. Marull también citará a declarar a Jesica Victoria López, mujer del Toro Escobar, quien en escuchas telefónicas interceptadas refiere: "Nos cagaron a tiros". Se infiere que alude al frente acribillado a balazos de su casa, atentado ocurrido después de que Damario le intimara a Toro devolver el dinero que le prestara para que éste pudiera afrontar el pago requerido por su detención. Algo que, una vez más, Escobar contó en su primera denuncia.
En las dos causas abiertas que lo conciernen el Toro se desdijo. Una es la de la extorsión y la otra la del tiroteo de su casa. En ambas las fiscales pidieron se le impute falso testimonio.
Historia común. Toro trabajó para Milton Damario durante los meses en que éste se mantuvo prófugo. Contaba con salidas laborales diarias de 8 a 20 de la Alcaidía de Jefatura que le permitían estar a su perfecta disposición. Las mismas escuchas que posibilitaron detener a Damario son las que revelan la extorsión montada en Jefatura. ¿Su utilidad se limita sólo a lo primero?
Los policías Víctor O. y Néstor A. ejercieron el derecho de abstenerse de declarar. No dieron, por tanto, versión alguna de los hechos. La Unidad Regional II le contestó a la fiscal Marull que no labró ningún sumario por el hecho. El efecto de ambas cosas es que no hay versión oficial de lo que las escuchas revelan como un secuestro concretado en la Jefatura. ¿Hay voluntad de aclarar este bochorno? La fiscal tira del carro sin compañía. Y del otro lado no hay argumentos; sólo silencio o balbuceos inconsistentes.
No es que haya un complot contra Seguridad Personal. La propia policía escuchó toda esta secuencia por orden judicial. Si de verdad el gobierno desea que su explícita voluntad de reformar la policía obtenga crédito en la comunidad haría bien en ocuparse de que hechos turbios como este se aclaren.
