"El poder económico no sólo fue cómplice de la dictadura sino que durante las dos primeras décadas de la democracia obligó al poder político a pagar su supervivencia haciendo viable las políticas de ajuste que le exigió. Ese contexto limitó la posibilidad de perseguir su responsabilidad durante el Proceso". La frase de Horacio Verbitsky se ajusta a la idea de "Cuentas pendientes", el libro que presentó recientemente en Rosario en compañía de dos de sus coautores: Victorio Paulón, el histórico dirigente sindical de la UOM de Villa Constitución, y Eduardo Basualdo, investigador de Flacso y uno de los más importantes teóricos de historia económica argentina.
El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) es, junto al experto en deuda soberana de las Naciones Unidas Juan Pablo Bohoslavsky, autor y compilador de esta obra sobre "los cómplices económicos de la dictadura", que va más allá de la denuncia y la exposición de casos. Muestra y propone un programa interdisciplinario de investigación y elaboración teórica que contribuya a "poner en el radar" de la Justicia a los instigadores, sostenedores y beneficiarios de la dictadura.
—¿Por qué se trabó la persecusión judicial a los responsables económicos de la dictadura?
—Uno de los capítulos del libro toca este punto. La explicación es que en 1984 la democracia era muy débil, y prevalecía, no sólo en el país, el paradigma neoliberal. Avanzar sobre el poder económico hubiera puesto en peligro la estabilidad democrática. Hay que recordar la despedida de Alfonsín, cuando dice que hubo cosas que "no supimos, no quisimos y no pudimos hacer". Las que no supieron son porque no supieron, pero las que no quisieron o no pudieron fue por no irritar al poder económico. Y si no se lo podía irritar en temas de política económica, menos se lo podía irritar pidiéndole cuentas por su participación en la dictadura. Durante dos décadas el poder político pagó su supervivencia haciendo viables dentro del sistema democrático las políticas de ajuste pedidas por el poder económico.
—Hay hechos muy simbólicos de esa dependencia.
—En 1985, el mismo día en que empieza el juicio a los ex comandantes de la junta militar, Alfonsín se reúne en Olivos con el grupo de empresarios que se llamaba por entonces capitanes de la industria. Hay todo un clima de golpismo, de desestabilización y de crisis económica. El ex presidente había intentado revertir las políticas de desindustrialización, endeudamiento y valorización financiera de la dictadura. Y le hacen entender rápidamente que no. En esa noche de crisis, Alfonsín realizó una convocatoria para movilizarse contra el golpe y termina anunciando medidas contra el salario. Y ahí empieza la segunda etapa de su gobierno.
—Con rasgos económicos que se profundizan con el menemismo.
—Que como dice Basualdo es la etapa superior de la tarea económica que se planteó la dictadura en 1976. Las políticas de exclusión existieron desde siempre. El golpe del 55 se hizo para cortar la participación de la clase obrera, los sectores medios y la burguesía nacional, que habían avanzado durante el peronismo. Y un ministro de la dictadura del 55, Alberto Berrier, ya dijo en ese momento que la Argentina era un país con todas las posibilidades pero que sobraban 5 millones de habitantes. Cuando había 20 millones de habitantes. Ahora sobrarían 10 millones. Este proyecto de la oligarquía diversificada no empieza en el 76, sino que lucha por imponerse durante 20 años luego del golpe del 55. Por eso son años de buena situación económica pero también de una crisis política permanente. Esta pugna entre dos coaliciones es quebrada en forma brutal por el golpe de 1976, que lleva a cabo todo lo que no habían podido hacer antes.
—¿Por qué ahora aparecen condiciones para avanzar en la investigación de estas complicidades?
—La política basada en la valorización financiera, la exclusión social y la subordinación del poder político al poder económico llevó a la democracia a un callejón sin salida. Y explotó a fin del siglo pasado. Por eso, a partir de 2003 es posible pensar en estas cosas. No porque no existieran investigaciones antes. En el juicio del 85, Videla fue condenado, entre otras cosas, por los casos de los empresarios que fueron secuestrados, torturados y despojados de sus empresas en Campo de Mayo, con asistencia de los funcionarios de la CNV que iban a interrogarlos. El único condenado fue Videla. El ex presidente de la CNV fue detenido recién este año, por los mismos hechos que la Justicia ya conocía en 85.
—¿Qué cambió?
— En primer lugar, ya no hay discusión sobre los juicios a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad. Los tres poderes del Estado se pronunciaron al respecto. Son parte de una política de Estado, a partir de la cual es posible empezar a pensar en una visión más adecuada a cómo fueron los hechos. A lo largo del libro se van desarrollando algunas líneas centrales. Primero, es posible hacer juicios penales también por complicidad económica. Segundo, es posible hacer juicios civiles de reparación con personas jurídicas. Tercero, es posible reclamar medidas de reparación no económicas. Es posible plantear reformas constitucionales para prevenirse de cosas semejantes el futuro. Hay una propuesta final que es la creación de una comisión investigadora por ley del Congreso que sistematice toda la información dispersa que hay sobre el tema, que es mucha.
—De hecho hubo investigaciones sobre aspectos económicos de la dictadura, como el endeudamiento externo.
—Hay mucha información para sistematizar. Una es la investigación por la deuda externa que hizo el juez Ballesteros a partir de la denuncia de Alejandro Olmos. El juez consideró que estaba prescripto, con lo cual no avanzó en responsabilidades penales pero sí en la exposición de los mecanismos. Esa información hay que retomarla. También está la investigación del Congreso sobre la estatización a precio de oro de la compañía Italo de electricidad. Hoy hay recursos y voluntad política para hacerlo. Y si se puede demostrar que fueron delitos económicos cometidos en el marco de crímenes de lesa humanidad corresponde la misma imprescriptibilidad.
—Las formas de participación que asume el poder económico en la dictadura son diversas. ¿De ahí el abordaje interdisciplinario?
—Son facetas distintas del mismo problema. En el libro hay artículos hechos por juristas que analizan en qué medida es posible avanzar jurídicamente contra los responsables del poder económico. Hay artículos que analizan los cambios en la macroeconomía del país. Otros analizan la desindustrialización. Hay artículos históricos sobre la complicidad de la cúpula sindical. Encuadres jurídicos internacionales. Artículos sectoriales sobre el papel de las cámaras patronales agropecuarias. Capítulos sobre el papel de las grandes empresas, como Acindar y Techint. El caso de Ledesma, donde se da claramente la superposición entre lo público y lo privado, donde la empresa asume el rol represivo del Estado. Están los casos de Ford y Mercedes, que mandaron a secuestrar a sus comisiones internas. •
