La educación bien entendida empieza por casa. Pero tal como reveló este diario con decenas de construcciones privadas, las obras públicas que se realizan en la ciudad tampoco tienen los carteles con las especificaciones técnicas que establece el decreto 1.732 para regular el contenido y la forma de los letreros.
El lunes pasado LaCapital dio cuenta de un informe de la ONG Manos a la Obra, donde se constató que sólo una de 30 construcciones privadas exhibía el cartel con los requisitos formales establecidos por ley. Y a esto se sumó un segundo relevamiento, realizado por el concejal justicialista Osvaldo Miatello, que arrojó un resultado similar: de 277 obras ubicadas entre Pellegrini, Ovidio Lagos y el río, el 70 por ciento incumplía la normativa.
Ese mismo día, el director provincial de Inspección de Trabajo, Fernando Muruaga, anunció la puesta en marcha de un "rastrillaje a pleno" en las obras en construcción. Según indicó el funcionario, a partir de hoy 20 inspectores de la cartera laboral provincial recorrerán las edificaciones de los seis distritos para constatar, entre otras cosas, que se cumpla con el decreto aprobado en julio pasado.
En la calle. No les faltará trabajo. Como pudo comprobar este diario en una recorrida por obras públicas emblemáticas, sus letreros exhiben las mismas falencias que los emprendimientos privados.
Y resulta indistinto si las iniciativas son financiadas con recursos de la Nación, provincia o municipio, o si se trata de concesiones a privados. En todos los casos se hace caso
omiso a las exigencias de la normativa vigente (ver aparte) y los datos exhibidos son escasos e incompletos.
El gran cartel. A pesar de que las marquesinas tienen dimensiones dignas de campañas publicitarias a gran escala, la información que contienen es casi insignificante para el objetivo que se persigue con la normativa: poner en evidencia a todos los responsables de la cadena laboral para que, en caso de siniestros o incumplimiento de las normas, se halle rápidamente a los responsables.
Uno de los ejemplos se ve en la reconstrucción de los muelles del parque España. Enclavado en un sector donde es imposible para automovilistas y caminantes evitar mirarlo (por Belgrano a la altura de San Martín), existe un cartelón celeste y blanco con el logo del gobierno nacional al pie, encabezado por la leyenda que destaca ese postergado trabajo.
La señal consigna el nombre del contratista (una unión transitoria de empresas), monto, plazo, inicio, representante técnico y, como director de obra, a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Sin embargo, no están los nombres, direcciones ni matrículas de los profesionales intervinientes. Como tampoco los datos del encargado de higiene y seguridad, ni mucho menos el teléfono de Trabajo de la provincia donde pueden realizarse los reclamos. Toda esta información aparece exigida por la ley.
Paradójico. Lo más contradictorio se da en la mismísima sede de gobierno local, en Santa Fe 1950.
Por Dorrego luce un importante cartel que, en letras grandes, anuncia la refacción de los techos del robusto edificio. No obstante, la información es escasa. Apenas se lee el monto del contrato y el plazo de ejecución (4 meses), y está en blanco hasta la fecha de inicio de la obra. Como responsable aparece la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. No mucho más.
Casi calcado es el panorama de las obras de remodelación de la Casa del Tango (España y Wheelwright), la edificación del Centro Municipal Distrito Sudoeste y la refacción de la avenida de La Travesía, entre Sorrento y Avellaneda, donde se reitera el esmero por ubicar estratégicamente los letreros, pero no para dotarlos de la información técnica adecuada.
El primer caso pertenece a una concesión pública de la Municipalidad para la remodelación de los antiguos galpones ferroviarios. Hay dos carteles en ambos sentidos de Wheelwright a la altura de España. Figuran el presupuesto, plazo de ejecución, responsable técnico del concesionario y los arquitectos a cargo.
La misma información que se exhibe en el obrador de Mosconi y avenida Francia, donde se levantan las oficinas del último de los centros de distrito municipales, el Sudoeste.
Y tampoco las obras del complejo que alojará al casino, el hotel cinco estrellas y el centro de convenciones en Oroño y Circunvalación cumplen con la normativa.
No es muy diferente la postal del obrador de avenida de la Travesía. En su intersección con 8 de Noviembre el imponente cartel del gobierno de Santa Fe anuncia la remodelación de la arteria. Figuran el monto del contrato, el plazo de ejecución y la empresa contratista (Riva SA).
Pero son muchos más los datos exigibles, y en ninguno de los casos se exhibe el nombre del coordinador de higiene y seguridad, o de de los subcontratistas.
¿Qué pasaría si un obrero sufriera un accidente en estos espacios? Cabe aclarar que, aunque en todos se erige como garante el Estado en sus distintas instancias, eso no avala obviar el cumplimiento de las normas. De ocurrir un accidente, la configuración de un delito sólo es imputable a una persona. De allí la importancia de que se conozca a los responsables de las áreas que intervienen en una obra.
Por Florencia O’Keeffe