Desde hace unos años cada vez más locales tienen sistemas de vigilancia mediante filmación. Esta
es una forma no solo de disuadir a ladrones sino también de tomar imágenes de los ilícitos y poder
dar un material a los investigadores para identificar a los autores.
La pregunta que cabe hacernos es: ¿Ese sistema será útil para fundar una
sentencia condenatoria? Existen estudios, como en el derecho penal español, en donde no cabe duda
que podrán utilizarse las imágenes para la destrucción del estado de inocencia, cuando las mismas
sean analizadas por las partes en un juicio oral. Y esto es lo importante, un análisis conjunto en
el cual será de importancia la calidad de la grabación, ya que así el fiscal y el defensor podrán
determinar si la persona acusada es la misma cuya imagen reproduce el filme.
Pero ¿qué ocurre cuando los sistemas son de baja calidad y reproducen
imágenes poco claras? Existe jurisprudencia local que correctamente ha interpretado que en
principio no será útil probatoriamente cuando sea de mala calidad fílmica, ya que la indicación de
autoría quedaría atada al subjetivismo del observador.
Recordamos la resolución de la Sala II de la Cámara Penal de Rosario por
el robo al Banco Macro del 6 de febrero de 2008, como también lo ha hecho la Sala IV del mismo
tribunal, en donde hace una acertada queja a los sistemas de filmación que existen en materia de
seguridad, ya que a la mala calidad de los mismos se suma el subjetivismo del investigador y
provoca el peligro de que cualquier persona inocente puede terminar tras la rejas.
De estas resoluciones locales se desprenden dos directivas, una es que
se deben mejorar los sistemas fílmicos para usar las imágenes como prueba en juicio, y otra es que
ante una filmación deficiente, si bien podrá indicar un camino a los investigadores, no bastará al
momento dictar condena la individualización policial del autor en esas imágenes ya que, aunque
actúen de buena fe, proyectar en sólo ésto una sentencia de culpabilidad provocaría la violación de
las garantías propias de un Estado de Derecho.
