El gobierno apelará hoy el fallo del juez federal de Nueva York Thomas Griesa que obliga al país a pagar unos 1.330 millones de dólares a los denominados fondos buitre, en una decisión inédita sobre una deuda reestructurada.
El gobierno apelará hoy el fallo del juez federal de Nueva York Thomas Griesa que obliga al país a pagar unos 1.330 millones de dólares a los denominados fondos buitre, en una decisión inédita sobre una deuda reestructurada.
La estrategia oficial consistirá en alertarle al juez y al mundo financiero sobre la peligrosidad del fallo para los procesos de reestructuración de pasivos que lanzan los países en momentos muy críticos de su economía y con un elevado nivel de endeudamiento sobre su PBI.
El escrito que presentarán los abogados patrocinantes de la Casa Rosada asegura que la implementación de la sentencia pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana a nivel global y puede tener severas consecuencias sobre el funcionamiento de la plaza financiera de Nueva York.
Lo que ocurre, según el equipo de trabajo del ministro de Economía Hernán Lorenzino, es que si el fallo prospera ya ningún país en el mundo entero podrá realizar un canje exitoso como el argentino porque no habrá tenedores de bonos que acepten una quita cuando podría esperar un fallo que lo habilite a cobrar el 100 por ciento del capital y los intereses.
El juez federal de Nueva York sorprendió el jueves a la Argentina al dar a conocer un fallo a favor de los fondos buitres que obligó al país a pagarles unos 1.330 millones de dólares antes del 15 de diciembre.
Griesa rechazó una petición de la Argentina de mantener su orden previa que detenía el pago de bonos soberanos impagos a inversores hasta que se resuelvan interrogantes pendientes en un proceso de apelación ante un tribunal superior.
Esa sentencia puso en apuros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque a priori le abrió las puertas al fantasma de un eventual "default técnico" después de haber tenido el país el mayor pasivo en cesación de pagos de la historia, tras el anuncio de suspensión en 2001.
Lorenzino espera ahora llegar a buen puerto en la Cámara de Apelaciones neoyorquina confiado en las posturas precedentes de instituciones claves para el sistema financiero estadounidense y global, como la Reserva Federal.
Defendiendo sus propios intereses, respaldan la decisión argentina el Banco de Nueva York -que es el agente de pago de la deuda-, la Reserva Federal las casas de clearing y fondos de inversión que participaron los canjes de 2005 y 2010.
"No compartimos que la visión de Griesa sea justa; creemos en el compromiso que tenemos con los que entraron al canje de deuda y las normas que lo habilitaron, como la ley cerrojo, hacen que la Argentina siga defendiendo su posición en cualquier instancia", afirmó el jueves pasado el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, horas después de que se diera a conocer la sentencia.
El funcionario dijo que "si es necesario", el gobierno recurrirá "a cada una de las instancias judiciales, incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos", para revertir el dictamen.
Lorenzino explicó que Griesa "no tiene en esta instancia potestad para decidir sobre esta cuestión" y que "no es cierto que ordenó pagar, sino que elevó a la Cámara la propuesta, y será la Cámara la que defina la acción". Además, ratificó el pago del bono Global 2017, previsto para el 2 de diciembre.
Por Carina Bazzoni
Por Nicolás Maggi
Por Luis Castro