El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer investigar también a los ex funcionarios del gobierno kirchnerista Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Julio De Vido y Angelina Abbona en la causa donde el fiscal Alberto Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la Amia.
Pollicita incluyó así en su pedido a ex funcionarios que el propio Nisman había dejado afuera de su acusación, que tenía previsto ampliar en el Congreso pero no pudo hacerlo porque murió antes en confusas circunstancias aún no esclarecidas.
"Conforme surge de las constancias arrimadas al expediente, corresponderá investigar el rol que pudieron haber cumplido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional", explicó el fiscal en un dictamen donde propuso una treintena de medidas de prueba.
El dictamen no especifica por qué pide investigar a De Vido, Parrilli, Zannini y Abonna, pero requiere informes a todas las compañías telefónicas y organismos públicos para saber desde qué líneas hablaban y con quiénes.
La lista de nuevos investigados podría, se desprende del dictamen, no estar completa: es que deja abierta la posibilidad de que "el avance de la pesquisa permita individualizar otros funcionarios y/o terceras personas que pudieran haber tomado participación en los hechos denunciados" por Nisman.
Desde que la Cámara Federal de Casación Penal resolvió la reapertura de la denuncia de Nisman no se había producido prueba nueva, por lo cual sobre la base de los mismos elementos que había evaluado el fallecido titular de la UFI-Amia, su colega Pollicita halló ahora elementos para avanzar sobre personas que no habían sido contempladas en la presentación original.
Pollicita le pidió al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, "detalle de las líneas telefónicas instaladas en todas las sedes del organismo que estuvieran asignadas a los despachos que ocupara oportunamente Parrilli, entre los meses de agosto y diciembre de 2015, en la sede de la ex Secretaría de Inteligencia".
El acuerdo con Irán se firmó a principios de 2013, dos años antes de que Parrilli desembarcara en la AFI.
Pollicita también reclamó "los registros taquigráficos y fílmicos que obren en el Congreso de la Nación en torno al debate parlamentario brindado en las respectivas comisiones como también en ambas Cámaras, con miras a la ratificación del Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán".
El dictamen resalta la averiguación de "la tramitación de las notificaciones rojas de Interpol" contra los imputados por el atentado, "debiendo comunicarse si en alguna ocasión las mismas fueron dadas de baja por el organismo (Interpol) sin mediar previamente la orden del juez a cargo de la causa".
En ese contexto, pidió a la UFI-Amia copias certificadas "de la totalidad de las actuaciones vinculadas con la tramitación de las notificaciones rojas emitidas en el marco de la causa" y que "se informe si las mismas fueron dadas de baja, reactivadas o renovadas en alguna oportunidad; o bien si en alguna ocasión Interpol dispuso su baja sin mediar previa orden del juez a cargo de la causa".
El fiscal Pollicita reclamó además "los cables diplomáticos —tanto públicos como secretos— y toda otra información que hubiesen enviado, por cualquier vía y desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, el personal de las representaciones Argentinas en los países" que intervinieron en la firma del acuerdo.
La causa pasó de analizar un disparo accidental en un forcejeo a investigar un presunto crimen planificado por el hijo de 15 años de la víctima
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