Dilma Rousseff está más cerca del final anticipado de su segundo mandato

El fin del segundo gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff parece acercarse cada vez más a un final precipitado y traumático, según admiten políticos del propio gobernante Partido de los Trabajadores (PT). En su columna en el diario Folha de Sao Paulo, la analista Mónica Bergamo cita a ministros y legisladores oficialistas que, “apesadumbrados”, ya ven “no sólo posible, sino probable”, el fin anticipado del gobierno de Rousseff, “incluso este mismo año”.

   Los analistas apuntan entre las causas del deterioro a la nociva combinación de crisis política y económica que crecen y se retroalimentan. La pérdida del grado de inversión, después de que la agencia de calificación Standard & Poor’s rebajara la nota de Brasil a grado especulativo, fue el corolario de una sucesión de señales contradictorias que viene dando Brasilia, y reavivó el creciente movimiento que aboga por la destitución de la mandataria del PT.

   Al día de hoy, el Movimiento Parlamentario Pro Impeachment recolectó en menos de 24 horas más de 350.000 firmas a través de un sitio en internet creado para tal fin. Paralelamente, el movimiento ya contabiliza 280 firmas de diputados que estarían dispuestos a votar a favor del inicio de un juicio político a Rousseff. El apoyo popular al movimiento no sorprende, si se recuerda que el 66% de la población apoya la caída de la presidenta, a quien respalda solo el 8% de los brasileños, según sondeos divulgados en agosto.

Indignación popular. La recolección electrónica de firmas puede sufrir fraudes y por tanto carecer de peso legal, pero su vertiginoso aumento podría servir para azuzar la indignación popular, por la que apuestan los legisladores pro-destitución. El grupo pretende someter el inicio del juicio político contra Rousseff al plenario de la Cámara baja con votación abierta. “En ese clima de presión máxima (...) hasta parlamentarios opositores que son contrarios a la salida de la presidenta se verían forzados a votar a favor”, constata Bergamo.

   Al progresivo derrumbe del apoyo popular, columna vertebral de cualquier gobierno, se suma el agravamiento de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, que boicoteó el ajuste destinado a revertir el deterioro fiscal, suavizando o rechazando algunos de sus puntos. En un intento de acercar posturas, Rousseff pidió en abril a su vicepresidente, Michel Temer, que asumiera el rol de interlocutor entre ambas partes. Temer, quien asumiría la presidencia en caso de que Rousseff sea destituida, cumplió con éxito su misión, tras lo cual abandonó esa función. De esta manera, una Rousseff rechazada por cerca del 70% de la población parece haber perdido también el pilar político de su gobierno.

   El otro estribo, el económico, está encarnado en el cada vez más aislado ministro de Hacienda, Joaquim Levy, un economista conservador de la escuela de Chicago, apodado “manos de tijera”, cuyo plan para resucitar la economía —austeridad, corte de gastos y aumento de impuestos— carece del apoyo pleno incluso dentro de las filas del PT.

   Levy, un votante del principal opositor del gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue la cara visible del golpe más contundente sufrido hasta hoy por el gobierno: la pérdida del grado de inversión. El titular de Hacienda dio la cara el jueves último en dos entrevistas en las que se aferró a su receta —menos gastos y más impuestos—, lo que despertó la ira de uno de los pocos sectores que todavía apoyaban al gobierno: el empresariado.

   Poco después que Levy se manifestara seguro de que los brasileños están dispuestos a pagar “un poquito más de impuestos” para que Brasil “sea reconocido como un país fuerte”, las dos mayores y más poderosas asociaciones de empresarios del país, las federaciones de industrias de San Pablo (Fiesp) y de Río de Janeiro (Firja), emitieron un duro comunicado en el que rechazan un aumento de tributos.

   Las entidades se mostraron “perplejas” ante la incapacidad del gobierno frente a la crisis económica, fruto, afirman, “de una serie de vacilaciones, equívocos e incapacidad”. Y alertaron: “El país repudia con énfasis nuevos aumentos de impuestos”. Bajo sospecha de que su campaña electoral de 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal Petrobras, lo que puede anular su reelección, y de haber cometido ilegalidades contables para maquillar las finanzas en 2014, lo que puede dar lugar a su salida por violar la Constitución, la situación de Rousseff ya pasó de fase crítica a estar en “unidad de terapia intensiva”, según definió el analista de UOL, Josias de Souza.

Lula, en la mira. Por si le faltaba alguna contrariedad a Rousseff, la Policía Federal de Brasil solicitó autorización a la Corte Suprema para interrogar al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (el mentor político de la presidenta) por sospechar que se benefició con fondos desviados de Petrobras, según surge de un documento que divulgó el viernes la revista semanal Epoca. “Atenta al aspecto político de los acontecimientos, la presente investigación no puede evitar sacar a la luz de la averiguación de los hechos a la persona del entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva”, indica el documento enviado al Supremo Tribunal Federal por el comisario de la Policía Federal Josélio Souza. Si la corte permite que la policía interrogue a Lula, eso elevaría marcadamente la prominencia de una pesquisa que ya ha llevado a la encarcelación de altos ejecutivos de Petrobras y de importantes firmas de construcción e ingeniería.