Deuda y desmanejo: cómo hizo la dictadura para hundir a YPF

La ley 26.741 dictada por la presidenta Cristina Férnandez y aprobada por el poder Legislativo el pasado 3 de mayo, catapultó el debate sobre la política energética, la soberanía sobre los recursos naturales y los modelos de gestión. Una discusión que fogonean desde hace 30 años organizaciones sociales, políticas y sindicales vinculadas a lo popular.

   En este camino de reivindicación histórica de la propiedad estatal de YPF al servicio de los intereses de las mayorías, hubo gente que tuvo la tenacidad y la perseverancia de estudiar cómo se llegó a su desguace. Documentos necesarios en estos momentos, en los que inexorablemente deben discutirse los modos de gestión y a qué sectores servirá la actividad de la histórica empresa.

   En 1982, justo dos días después del desembarco en Malvinas, Alejandro Olmos presentó una denuncia que tenía como principal acusado nada más ni nada menos que a José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar. El motivo de la misma era demostrar el carácter fraudulento de la deuda externa argentina, que se había incrementado exponencialmente durante los años de plomo gracias a la complicidad del gobierno militar, las multinacionales petroleras y el capital financiero transnacional.

   La sentencia dictada el 13 de julio de 2000 por el juez Federal Jorge Ballestero es una recorrida por ese camino de corrupción y entrega del patrimonio nacional. Lamentablemente, Olmos murió tres meses antes y no llegó a ver el fruto de décadas de trabajo. El juez consideró necesario el tratamiento del tema por el Congreso nacional, argumentando que las acciones políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de facto “tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados —nacionales y extranjeros— en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.

EL ENDEUDAMIENTO. El caso de YPF es el más ejemplificador en torno al modelo económico político de la dictadura, dado que fue la empresa estatal que más deuda tomó. Del informe pericial se desprende que en el período 1976/81, mientras el promedio entre las otras empresas estatales analizadas daba un incremento neto de deuda externa de 984,6 millones de dólares, sólo YPF en ese período vio crecer su endeudamiento externo en 7.763 millones de dólares. La friolera de u$s 4.250.000 por día.

   Esto no sólo le hizo tomar una deuda impagable en plazos irrisorios, sino que las divisas no se utilizaron para atender necesidades financieras en moneda extranjera, sino que “fueron volcadas al mercado de cambio para favorecer la política de apertura de la economía”. Este desvío influyó en la situación que llevó a YPF al aumento de su necesidad de financiamiento, la fijación oficial de precios de los productos que comercializa “sin ajustarse a los niveles que hubiera correspondido”, afirman los estudios.

   La actividad petrolera requiere de aplicación intensiva de capitales, y el autofinanciamiento de las inversiones es un principio fundamental. Según indica el testimonio de Alberto Caamaño, ex funcionario de YPF SE, la firma logró este objetivo durante la década de 1960. Pero, hacia 1973, sus precios no se adecuaban a los manejados internacionalmente, lo que comenzó a tener consecuencias insoslayables en su patrimonio, a reducir su competitividad y la llevó a asumir deudas para cubrir costos. La caída fue abrupta. En 1978 los valores de inversión con fondos propios era muy baja, para decididamente pasar a rojo en 1981.

   Pero los dólares pedidos al extranjero no llegaban a la petrolera estatal pues el Banco Central le giraba los préstamos externos en moneda nacional, luego de que en ciertas ocasiones ese dinero permaneciera depositado en la misma plaza que efectuaba el préstamo y hasta se desconociera su destino final.

   “Las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por la empresas del Estado. Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento. A ellos deben agregarse los préstamos tomados a través del resto de las empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen del seguro de cambio”, afirma el juez federal en su conclusión.

TARIFA REGRESIVA. A su vez, a YPF se le aplicó una política tarifaria regresiva que violaba la ley de hidrocarburos, lo que generaba la continuidad del espiral, obligando al endeudamiento que terminaba haciéndose en el exterior por los vínculos carnales que se tejían en aquel entonces con el mercado financiero y especulativo internacional.

   Los precios no cubrían costos. En un momento alcanzarían sólo al 50% de los mismos. Toda esta gran maniobra de endeudamiento no podía llevarse adelante sin la participación del Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central.

   Para hacer de YPF una empresa deficitaria “a partir de 1976, diversos funcionarios del área económica, incluso miembros del Directorio de YPF y del área de comercialización de la empresa, vinculados con compañías petroleras privadas, adoptaron una serie de medidas que afectaron gravemente la situación económica-financiera de la empresa estatal, atacando en dos frentes diferentes: con el objeto de restarle ingresos y con el objeto de crearle egresos injustificados o irracionales”. Esto se corrobora aun en la pericia de costos, en la que se pudo concluir que los valores de retención no permitieron a “YPF SE cubrir los costos incurridos y obtener una utilidad razonable, con lo que se ha generado un estado deficitario permanente”.

   Claramente, todo esto llevó a la declinación natural de los yacimientos y un aumento de costos de capitales y gastos corrientes.

   Entre 1976 y 1980, las explotaciones se fueron perdiendo, la iliquidez fue creciendo y la empresa quedaba a merced de una ilimitada refinanciación. Sin lugar a dudas, en esta materia YPF marcó un record. Entre febrero de 1979 y marzo de 1980, la empresa tomó 153 préstamos “en su mayoría con plazos menores a los seis meses, casi todos correlativos con la colocación de reservas internacionales en el exterior”.

   El endeudamiento externo por capital de YPF se multiplicó por doce entre diciembre de 1975 y marzo de 1981. “concentrando esta empresa al 31 de marzo de 1984 el 17,65% del total de la deuda externa registrada entonces para el sector público por capital únicamente, resultando ocioso indicar que el rubro petróleo en todo el mundo origina importantes beneficios, configurando además un elemento estratégico en la vida de las naciones del mundo actual y en la del futuro previsible”, detalla el fallo.

   A 12 años del cierre de la causa, la ley recientemente promulgada pone en cuestión la soberanía sobre los recursos naturales como bienes estratégicos. Aunque ahora el Estado nacional y las provincias petroleras tengan el 51% de las acciones que pertenecían a Repsol y se hagan del control de la sociedad anónima que administra YPF, es claramente necesario debatir acerca del modelo energético general, que abarca no sólo la recuperación de una parte de la firma que supo ser líder. Liderazgo que perdió por la desinversión tolerada durante años, hasta que puso en un rojo irreversible la balanza comercial.

   El espacio abierto debe interrogarse sobre el modelo extractivo en general, el hidrocarburífero en particular, la gestión responsable y las alternativas para que se trabajen los recursos naturales desde una fuerte convicción de preservación ambiental, que sin lugar a dudas significa un cambio al paradigma actual. La profundización del debate es necesaria, valiéndose de trabajos medulares como el de Alejandro Olmos, poniendo en tensión las medidas de prórroga de concesiones dadas en diversas provincias a multinacionales del rubro y observando con detenimiento qué intereses se priorizan a la hora en que los estados, por ejemplo, intervienen en los conflictos laborales del sector.