El líder del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, llamó ayer a "frenar esta avanzada contra la Justicia, en la calle y en las urnas", porque está en juego "la independencia de poderes que es el elemento fundamental para el funcionamiento de la República".
"Esta reforma, con el eufemismo de la «democratización de la Justicia», lo que pretende es violar la Constitución", afirmó Binner, quien le pidió a la ciudadanía que se movilice para "enfrentar esta trampa con fines espurios, que lo único que intentan es asegurarles la impunidad" a los gobernantes.
Binner se sumó así al áspero contrapunto entre oficialismo y oposición que generaron las iniciativas del gobierno para reformar el Poder Judicial y que ya se encuentran en comisión en ambas Cámaras.
La discusión también incluyó ayer a referentes K y sus representantes en el Consejo de la Magistratura, que cruzaron espadas con legisladores de la oposición y representantes de la Justicia, que tildaron de "inconstitucionales" los proyectos de la Casa Rosada.
El titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis Cabral, consideró que "los proyectos implican vaciar a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial y convertir ese poder en un sistema de burocracia dependiente del gobierno de turno".
Para Cabral, el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura "no se adecua a la Constitución", que se convertiría "en el anexo del partido triunfante, que se va a llevar 13 de los 19 miembros".
"No estoy de acuerdo con lo que dice Cabral", respondió la diputada oficialista y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti, quien le salió al cruce al magistrado: "La Corte es la que dirime en última instancia la constitucionalidad de leyes y el Consejo está por debajo de ella. Todo cuestionamiento por manejo arbitrario del Consejo puede terminar en la Corte".
Para Conti, la reforma no es inconstitucional. Explicó: "La Constitución dice en el artículo 113 que la Corte nombra a sus propios empleados y maneja su presupuesto, y en el artículo 114 dice que el presupuesto del resto de los tribunales lo maneja la Magistratura".
Por su parte, el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, respaldó que los miembros del organismo sean elegidos por el voto popular, porque —evaluó— actualmente "es un cuerpo muy corporativo".
"Para ser miembro del Consejo de la Magistratura se necesitan 300 votos. Es un cuerpo muy corporativo (el que realiza la elección de consejeros) donde ni siquiera votan los funcionarios", subrayó Ordiales.
El consejero sostuvo además que con el proyecto de reforma "se ha buscado una fórmula de equilibrio para que las representaciones dentro de cuerpo sean equilibradas". Además, señaló que "el Poder Judicial no tiene la legitimidad que tienen el Ejecutivo y Legislativo, y que da el voto popular".
Parte del "Vamos por todo". En las antípodas, Binner estimó que lo que busca el gobierno "es acotar las facultades de la Corte y de los jueces y no democratizar la Justicia ni acercarla a la gente". "Este es el capítulo judicial del «Vamos por todo» que la presidenta (Cristina Fernández) expresó en la celebración del bicentenario de la creación de la bandera en Rosario", el 27 de febrero del año pasado, añadió.
"Esto es muy grave para un país republicano, representativo y federal, por lo menos en su mención constitucional, pero que luego en la práctica carece de valores esenciales que hacen a la igualdad de oportunidades", argumentó Binner.
Luego explicó: "Hay dos poderes que son electos, el Ejecutivo y el Legislativo; el Judicial es diferente: es el contralor que tiene que llevar el equilibrio de la sociedad para impedir desmanejos y excesos que perjudiquen a los ciudadanos".
En la misma línea, el diputado peronista y presidente la comisión de Justicia, Jorge Yoma (se alejó meses atrás del bloque oficialista), consideró que la reforma del Consejo "busca eliminar a la Justicia" porque "baja de dos tercios a mayoría simple el número para eliminar a un juez, y con esto le quita la libertad de conciencia al magistrado". También cuestionó el proyecto para regular las medidas cautelares contra el Estado, al compararlo con "el decreto del (ex dictador Juan Carlos) Onganía, que limitó la acción de amparo".
Por su parte, el senador radical José Cano se manifestó "convencido de que el gobierno busca impunidad" a través de la reforma del Consejo de la Magistratura y cuestionó la regulación de las cautelares.
La lucha en torno a los proyectos enviados por el gobierno al Congreso llevaron a la oposición a activar una cruzada que tendrá uno de sus puntos más álgidos el 18 de abril (18A), con su participación en una marcha de repudio organizada por las redes sociales.
Además, los legisladores opositores iniciaron una colecta de firmas para repudiar la reforma del Poder Judicial a través de una recorrida por distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires.
A Zaffaroni le entusiasma el debate
"No sé si es bueno o malo, pero me entusiasma el debate. Hace tiempo que esperaba que los políticos empezaran a discutir el tema judicial", sostuvo el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, para quien lo "fundamental" de las reformas "es el acceso a la Justicia", porque "la gente de la clase carenciada no tienen acceso a la Justicia civil". Aunque no opinó sobre los cambios al Consejo de la Magistratura, afirmó: "Es un órgano de administración que maneja un presupuesto muy grande. No es un elemento que se pueda manejar tomando té dos veces por semana. Le critico que carece de espíritu de cuerpo".
Por Carlos Durhand